La reforma en el Congreso de la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza, va más despacio de lo previsto por las discrepancias surgidas entre los socios de investidura para acordar el alcance de los cambios a introducir en su articulado. Ante la falta de acuerdo, los grupos parlamentarios han decidido posponer la próxima reunión de la ponencia encargada de la reforma, prevista para el 1 de marzo, a una fecha aún por concretar.
Hasta ahora, los socios de investidura han acordado la modificación de una treintena de artículos, pero se han atascado en algunos puntos polémicos. Las reticencias del PSOE a prohibir el uso de pelotas de goma por parte de las unidades antidisturbios es uno ellos, señalan fuentes parlamentarias. También hay diferencias en el artículo que recoge las sanciones por desobediencia (utilizado durante el estado de alarma decretado por la pandemia para los que incumplían las normas del confinamiento) y el que contempla multas por faltas de respeto a los policías. Los socialistas no quieren tocar ninguno, pero otros grupos aspiran a suavizarlos al considerar que se prestan a la arbitrariedad de los agentes.
El objetivo del aplazamiento de la ponencia busca facilitar encuentros preparatorios a varias bandas entre los grupos que promueven la reforma para limar diferencias y poder acudir a la próxima reunión de la ponencia con acuerdos ya cerrados que agilicen el trámite parlamentario. Pese a todo, fuentes de Unidas Podemos mostraron su confianza en que lograrán hacer avanzar las negociaciones y tener la reforma lista antes del verano con un acuerdo que puede ir más allá del llamado bloque de investidura, ya que esta vez Junts per Catalunya también ha mostrado interés en sumarse al posible acuerdo.
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