Botellas con gasolina a la venta en una calle de Caracas.LUIS BRAVO (AFP)
Para entender Venezuela hay que entender cómo un país petrolero cayó en una crisis humanitaria sin precedentes, quebró su economía en menos de una década y mutó de un sistema de controles a un capitalismo desenfrenado en medio de sanciones económicas. Parte de la respuesta está oculta en la ilegalidad, en las rentas subterráneas que enriquecen a una extensa y diversificada red de corrupción, cuyo valor, la organización Transparencia Venezuela ha calculado en un quinto del PIB del país, según revela un informe publicado recientemente.
En un año —de acuerdo a esta investigación— la red de corrupción es capaz de generar al menos 1.900 millones de dólares con actividades asociadas al contrabando de combustible y 1.800 por la venta ilegal del oro; 4.919 millones de dólares por el tráfico de drogas en el territorio nacional y alrededor de 825 millones de dólares por la extorsión en los puertos, revelan los cálculos hechos por la firma Ecoanalítica para este reporte de Transparencia. Solo los montos por estos cuatro ilícitos representan 21,7% del tamaño del PIB del país en 2021, calculado en 43.440 millones de dólares.
Esto queda fuera de lo se ha tragado la corrupción estatal en casos que han llegado a tribunales de más de 22 países donde se han abierto 116 causas vinculadas con la corrupción venezolana que involucran más de 64.000 millones de dólares, según las investigaciones de la organización. Desde 2012, Venezuela se ubica entre los primeros cinco lugares del Índice de Percepción de la Corrupción en el sector público de Transparencia Internacional. Este año fue el más corrupto de la región, seguido de Haití y Nicaragua, un expolio que acarrea graves violaciones a los derechos económicos de los venezolanos. Esto ha ocurrido mientras 90% de la población se mantiene por debajo de la línea de la pobreza.
“La red de corrupción en Venezuela crece y se profundiza. Hay denuncias de muchos países de confiscar bienes, oro, droga y combustible. Son delitos que están a la vista de todos”, comenta Mercedes De Freitas, directora de Transparencia. “Estas actividades tienen un peso increíble, y no hay ninguna economía que se acerque a esos montos”.
Aun cuando en plena pandemia el Gobierno venezolano decidió aumentar el precio gasolina congelado por años, el contrabando de gasolina es un negocio lucrativo que se vale de la porosidad de las fronteras y de la ausencia de control que han propiciado más de siete años de tensiones diplomáticas con Colombia. El cierre fronterizo que se ha prolongado por más tres años, pese al reciente restablecimiento de las relaciones entre Bogotá y Caracas, todavía ampara parte de esta economía en las sombras que va desde las garrafas de combustible que se venden al menudeo hasta redes más grandes, señala la investigadora.
Hasta 2018, cuando el diferencial del precio de la gasolina en Venezuela y sus vecinos de Colombia y Brasil era un abismo, el contrabando generaba rentas de entre 1.860 millones y 2.800 millones de dólares con la fuga era de 80.000 barriles diarios. “Esa red de contrabando aprende con una velocidad increíble, es resiliente y consigue generar nuevos procesos para seguir captando renta pública. Por ejemplo: cuando subió el precio de la gasolina, la red se adaptó y empezó a vender gasolina de Colombia en Venezuela”, denuncia.
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De Freitas y otra investigadora de su organización viajaron a las minas de El Callao para estudiar a fondo la voracidad minera en el sur del país, donde desde las ONG locales hasta las Naciones Unidas alertan sobre gran impacto social y medioambiental de la actividad. En 2016, Maduro decretó que 111.843 kilómetros cuadrados, 12% del territorio nacional, serían parte de Arco Minero del Orinoco, una franja de explotación de recursos, en particular oro, que según las leyes debe ser vendido de manera preferencial al Banco Central de Venezuela.
El oro ha sido el salvavidas de Gobierno en los años de la brutal caída de la producción petrolera y las sanciones económicas de Washington. Esa explotación es una caja negra por descifrar. Según estimaciones de Transparencia, anualmente se exportan alrededor de 2.000 millones de dólares en oro, pero en promedio “solo poco más de 500 millones de dólares ingresan a las cuentas nacionales, es decir, que más de 75% es comercializado de manera ilegal, con la anuencia y participación de funcionarios del Estado y cuerpos de seguridad y defensa”. Grupos irregulares como las disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN son señalados en este informe y otros como parte de esas redes.
“Ese oro sale de muchas maneras de Guayana”, explica De Freitas. “Las grandes cantidades salen por vía aérea, van a Colombia donde se nacionalizan como oro colombiano lícito, y así se puede exportar lícitamente a cualquier país. Y esto llega hasta Turquía, Bélgica u Holanda”. En campo, Transparencia también encontró como se modificaron las dinámicas del crimen en las minas, antiguamente controladas por “sindicatos”, que hacían las veces de una banda delictiva. “Ahora no hay sindicatos del oro, sino que se llama el sistema. Todo lo que debería dar el Estado como seguridad, las reglas para dirimir controversias, el permiso para trabajar, lo da el sistema”, cuenta la investigadora. “Y esto no ha ocurrido a cuenta de que el Estado se haya retirado de ahí. Las instituciones siguen ahí, pero es muy complicado saber qué es legal y que no”.
El informe refiere que las economías ilícitas en el país están en una “fase simbiótica”, de estrecha interdependencia entre el crimen organizado y el sistema político y económico. Un escenario en el que las fronteras son tenues. “Esta es la fase de más alto riesgo para la democracia pues la organización se apropia de los símbolos de la democracia liberal en un contexto de legalidad electoral y legitimidad social, incluyendo la que pueden transferirle las élites económicas tradicionales y emergentes aliadas”, dice el estudio.
Contenedores y alcabalas
La multiplicación de bodegones y tiendas enormes de comida, muebles, electrodomésticos y todo tipo de artículos importados que se ve en las principales ciudades de Venezuela también se apuntala en las economías ilícitas que operan en los puertos. “Una gran parte (entre 20 y 30%) se trata de importaciones puerta a puerta y lo que se sabe es que por cada uno de esos contenedores de entre 20 y 40 pies, se pagan en promedio 10.000 dólares en los puertos para la entrada de la mercancía sin declarar el valor real ni pagar impuestos”.
Otro dato que revela el estudio es el de las alcabalas en las carreteras, que se convierten en peajes para la extorsión, afectan el transporte de mercancías y tienen un impacto directo en la inflación que vive el país sudamericano, la más alta del mundo. Es parte de la cotidianidad de cualquier trabajador de una empresa de carga o productor agropecuario tener que pagar o dejar parte de lo que lleva en alguno de los más de 300 puntos de control policial y militar que hay en vías troncales y regionales del país. A través de un sondeo hecho entre empresas dedicadas a esta actividad, el estudio de Transparencia concluye que existe una probabilidad del 25% de ser extorsionado por cuerpos de seguridad en alguno de estas alcabalas.
De Freitas señala que a estas economías ilícitas se suman otras modalidades legales, pero irregulares y opacas, que ha implementado el Gobierno de Maduro en los últimos tres años de apertura económica y de búsqueda de fuentes alternativas de ingresos, frente a la debacle de la industria petrolera y las dificultades para vender crudo luego de las sanciones. La exportación de chatarra y el traspaso de empresas y activos estatales son dos de ellas. “En el marco de la crisis del país el Gobierno ha sabido manejarse y burlar las sanciones, apoyándose en esos aliados que tienen manejos más opacos con gobiernos autoritarios y mecanismos para evadir sanciones”, señala la investigadora. “El país que tenemos hoy da muchas oportunidades a la red de corrupción y la impunidad les da garantías, pues no hay rendición de cuentas, ni información. Es el estado perfecto para hacer lo que les da la gana”.
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