Europa lo apoya. A Irán le conviene. Y Estados Unidos quiere revivirlo. Pero el futuro del conocido en su día como Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés), que obligaba a Teherán a recortar drásticamente su programa nuclear a cambio de incentivos económicos, se configura como incierto, al menos en el corto plazo. Suspicacias del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), discrepancias entre Washington y el régimen chií, presiones de Israel en contra y profundas divisiones en la política interna estadounidense en vísperas de unas ásperas elecciones de medio mandato amenazan con dejar en el limbo sine die un pacto cuyo devenir puede impactar sobre los precios de la energía en Occidente.
“No estamos tan cerca de un acuerdo como antes”, ha admitido el coordinador de Comunicaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en conversación con periodistas. “Seguimos en un toma y daca con Irán”.
En su informe trimestral más reciente sobre las actividades nucleares de Teherán, el OIEA —cuyo consejo de gobernadores se reunía este lunes en Viena— aseguraba la semana pasada no poder “certificar que el programa nuclear iraní solo tenga fines civiles”. El documento denuncia que el régimen islámico cuenta ya con uranio enriquecido hasta el 60%, un nivel muy superior al de 2015. Y si se enriqueciese aún más, la cantidad de que dispone con ese nivel de pureza, 55,6 kilos (12,5 más que en el trimestre anterior), podrían ser suficientes para la fabricación de una bomba nuclear.
El JCPOA limitaba el enriquecimiento del uranio iraní al 3,75%, muy por debajo del 20% que alcanzaba en 2015 y a enorme distancia del 90% necesario para la fabricación de armamento nuclear. Pero un año más tarde, en 2016, el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, retiró a su país del acuerdo y ordenó la reimposición de sanciones, alegando que Teherán no cumplía su parte del pacto y que este era, en cualquier caso, demasiado débil.
Su sucesor, el demócrata Joe Biden, ordenó la reapertura de negociaciones a su llegada a la Casa Blanca. Este agosto, los mediadores europeos, a través de los cuales Washington y Teherán han mantenido sus comunicaciones, presentaban una propuesta de acuerdo. Pero ambas partes han presentado respuestas. Entre las exigencias de Irán, dos son especialmente espinosas: de un lado, el Gobierno del presidente Ebrahim Raisi reclama a EE UU garantías de que no se volverán a imponer sanciones en caso de que una Administración futura abandone por segunda vez el pacto, que recortaría el volumen de uranio del que puede disponer Irán a los 202,8 kilos del pacto original.
Del otro lado, se encuentra el papel del OIEA. El organismo de la ONU para la energía nuclear reclama explicaciones sobre restos de uranio en tres aparentes antiguas instalaciones iraníes no declaradas, mientras que el Gobierno del presidente Ebrahim Raisi esquiva darlas y exige que el organismo de la ONU suspenda esa pesquisa. Washington y otros aliados occidentales insisten en que, como país firmante del Tratado de No Proliferación, Irán está obligado a responder a las preguntas del organismo internacional.
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El proceso “está bordeando lo absurdo”, declaraba este lunes Ali Vaez, del International Crisis Group, en la presentación virtual de un informe de esta ONG sobre las negociaciones. Ambas partes “malinterpretaron hasta qué punto el otro quería el acuerdo”.
Retomar el pacto parece ventajoso para todos. Estados Unidos cierra un posible frente de tensiones en Oriente Medio; para la UE se abre la posibilidad de interesantes contratos con una potencia petrolera de 86 millones de habitantes. A Teherán le permitiría abrir a su petróleo y gas las puertas de los pingües mercados energéticos occidentales, en momentos en los que Europa busca desesperadamente alternativas al suministro ruso que le permitan reducir ese 400% en que ha visto aumentar el coste del gas natural.
Pero las conversaciones de 2022 se desarrollan en un tablero geopolítico muy distinto al de hace una década, cuando comenzó a negociarse el pacto original. El ala radical del régimen islámico se encuentra en ascenso. Teherán, que esperaba más flexibilidad de la Administración Biden y ha visto, en cambio, nuevas sanciones, quiere blindarse ante la posibilidad de un Donald Trump 2.0 en la Casa Blanca en un par de años. Y el conflicto en Ucrania, según Ellie Geranmayeh, del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (EFCR, por sus siglas en inglés), ha hecho que Irán se plantee otras opciones y promueva sus lazos con otros países euroasiáticos.
“Piensan, parece que no necesitamos a Occidente tanto como creíamos, y tenemos opciones, aunque eso signifique que no vayamos a alcanzar nuestro potencial de crecimiento económico”, explica la experta. Teherán se encuentra hoy mucho más cercano a Rusia —Washington le acusa de suministrarle drones de combate para su empleo en la guerra en Ucrania— y a China, con quien suscribió un acuerdo de cooperación estratégica en 2021.
La semana pasada, el Departamento de Estado de EE UU aludía a la respuesta iraní para considerar que el proceso “está yendo marcha atrás”. En Bruselas, el responsable de la política exterior europea, Josep Borrell, admitía su preocupación sobre las perspectivas del pacto, que declaraba “en peligro”. “La última respuesta que hemos recibido, si la idea es cerrar un acuerdo pronto, no va a ayudar”, ha agregado.
En Estados Unidos, la disposición a cerrar un acuerdo se encuentra enmarañada, a su vez, por sus propias disensiones internas, cada vez más agudas. Israel presiona, como hizo en 2015, para evitar un pacto que considera que fortalecería a un enemigo jurado. La oposición republicana, especialmente el ala ideológicamente próxima a Trump, también se resiste ferozmente a cualquier ramo de olivo a un régimen que continúa considerando parte de aquel “eje del mal” que hiciera famoso el presidente George W. Bush (2001-2009).
“Si el pacto nuclear iraní reviviese, nuestros adversarios Irán, la China comunista, Rusia y Corea del Norte quedarían fortalecidos”, ha tuiteado la senadora por Tennessee Masha Blackburn, acérrima partidaria del antiguo magnate inmobiliario. Think tanks como el conservador Hudson Institute denuncian, entre otros aspectos, que el JCPOA “ofrece a Irán acceso a cientos de miles de millones de dólares previamente sujetos a sanciones. Como resultado, el presupuesto militar iraní creció más de un 30% en los años inmediatamente después de que se cerrase el acuerdo”.
La propia Administración de Biden parece poco optimista sobre la posibilidad de rescatar el acuerdo antes de las elecciones del 8 de noviembre. Hay poco apetito para poner en la agenda legislativa un acuerdo que se presenta polémico, apenas unas semanas antes de una cita electoral en la que los republicanos aspiran a arrebatar la mayoría legislativa a los demócratas y en la que es posible que, como ocurrió en las presidenciales de hace dos años, cada voto cuente.
Denuncias como la del ciberataque perpetrado contra el gobierno de Albania, que ha llevado a Tirana a romper relaciones con Teherán la semana pasada, han agravado aún más las tensiones entre Estados Unidos e Irán. “La conducta iraní hace caso omiso de las normas de conducta en el ciberespacio de los Estados responsables en tiempos de paz”, ha declarado la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Adrienne Watson.
Kirby ha subrayado que la paciencia estadounidense “no es eterna”. Y que Biden quiere asegurarse de que Estados Unidos cuenta con “otras opciones disponibles” para garantizar que Irán no llega a alcanzar la capacidad de fabricar armas nucleares, en caso de fracaso de las negociaciones. “Aunque ha alentado y presionado en favor de la vía diplomática, (Biden) ha transmitido al resto de su Administración que quiere asegurarse de que contamos con otras opciones para alcanzar (…) el resultado de que Irán no tenga capacidad nuclear”.
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