Tras la progresiva desaparición de las lagunas más valiosas de Doñana, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir espera cerrar los cinco bombeos que extraen agua a menos de un kilómetro para surtir a los 150.000 veraneantes de Matalascañas (núcleo urbano de Almonte desarrollado en los años noventa) y sustituirlos por otros más alejados de la reserva natural. Así lo asegura el presidente de este organismo, Joaquín Páez (Haro, La Rioja, 59 años), que explica que ya han empezado los trámites para clausurar los primeros dos de estos, que cada año sacan 2,5 hectómetros cúbicos de agua del subsuelo a escasa distancia de los humedales de Doñana, cuyo acuífero se declaró “sobreexplotado” hace un año. Muy cerca también de Matalascañas, el saqueo del agua por los agricultores freseros continúa para desesperación de los ecologistas. Páez defiende que sus guardas han cerrado en tres años 537 pozos ilegales cercanos al espacio protegido. Y advierte a los agricultores que deben asumir que los mercados europeos cerrarán sus puertas a los frutos rojos onubenses si no frenan a tiempo este expolio.
En paralelo, los embalses de la cuenca del Guadalquivir siguen en caída libre a pesar de estar en pleno otoño y este último mes sus reservas han bajado seis décimas, del 27% al 26,4% de su capacidad. Hace tres semanas el presidente de la confederación ―dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico― declaró la situación excepcional por sequía para 4,3 millones de personas en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, que afrontarán restricciones si la situación no da pronto un vuelco.
Pregunta. ¿Por qué el cierre masivo de pozos ilegales cercanos a Doñana no comenzó hasta 2019, décadas después de iniciarse el saqueo del agua?
Respuesta. No se lo he preguntado nunca a mi predecesor [Manuel Romero]. Los procedimientos administrativos son lentos y el cierre de un pozo puede tardar hasta siete años. La justicia es garantista y los agricultores tienen derecho a recurrir. Cuando me reúno con agricultores que sacan agua ilegal, les digo que no les voy a dar cuartel y que nosotros con ilegales no negociamos. Se lo he dicho a la cara.
P. ¿Y qué le responden en esas reuniones?
R. Algunos plantan cara, otros lo entienden. Hay un plan de la Junta andaluza para proteger el acuífero desde 2014, y lo importante es seguirlo escrupulosamente y no plantearse modificarlo.
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P. ¿Sirve para algo dicho plan?
R. Sirve para muchísimo. La gobernanza que hay ahora en la Rocina [una zona de Doñana cercana al Rocío] es muy diferente a la de antes de 2014, porque antes no había plan. La mayor parte de los agricultores hacen las cosas bien.
P. ¿Comprende la incredulidad de la ciudadanía ante esa aparente impunidad de los regantes de fresas que pinchan un pozo ilegal tras otro y la confederación es incapaz de frenarlos tras dos décadas?
R. La confederación ha cerrado 537 pozos desde que estamos aquí [2018].
P. Pero se cierra uno y se abre otro, porque las hectáreas ilegales no disminuyen.
R. No, no, no. Trabajar y conectar con los agricultores, regularizar y declarar el acuífero en riesgo hace que haya una interlocución directa entre confederación y los agricultores, y se pueden producir roces, pero también gobernanza. Saben que vamos en serio para garantizar los derechos de los legales y luchar contra los ilegales. Todo el mundo oye ahora el mensaje de la Administración en Doñana: cuando un belga dude sobre la fresa de Huelva y diga se acabó, como ALDI en el mar Menor, mataremos la gallina de los huevos de oro. Hay que ser conscientes de que las fresas son muy buenas, pero hay que regarlas con agua legal, regulada e inscrita en un libro, con la confederación detrás. Y eso es la garantía de que en Doñana pueda haber 80.000 personas viviendo de la agricultura.
P. Estamos ya a finales de noviembre y siguen sin calar las lluvias…
R. Los números al comienzo de este año hidrológico son muy malos. La primera gran medida que adaptaremos será el control para vigilar que nadie coja agua cuando no la puede coger. Iremos a los sitios donde esté en peligro el cumplimiento del régimen de caudales ecológicos y aumentaremos las sanciones. Intentaremos hacer un procedimiento administrativo rápido para actuar con celeridad ante captaciones ilegales en una situación extraordinaria, pero no es fácil.
P. ¿Cuál era el plazo habitual hasta ahora?
R. Podía llevar años porque se puede recurrir internamente y en los tribunales. Intentamos agilizar al máximo, pero claro, hay que hacerlo bien porque la gente tiene derechos. La medida busca que si nuestros 60 guardas se cercioran de una irregularidad, puedan precintarla.
P. 60 guardias para 57.679 kilómetros cuadrados que abarca la cuenca toca a casi 1.000 kilómetros por guarda…
R. Se está trabajando desde el Ministerio de Transición Ecológica, pero también desde el de Función Pública para incrementar los recursos, hemos crecido en siete u ocho [guardas], esperemos que haya un aumento mayor. Es una cuestión administrativa y de que haya dinero o no, porque crear una plaza cuesta mucho.
P. ¿Ha pesado la condena del Tribunal de Justicia de la UE a España por el saqueo del agua en Doñana para que le puedan dotar de más guardas?
R. La condena no tiene mucho que ver con tener un guarda o 100. Ahora no nos podrían condenar, porque en el Plan Hidrológico vigente no aparece explícitamente la agricultura irregular y ahora ya está en nuestro borrador de plan, en exposición pública. Estos tres años hemos cerrado pozos irregulares, seguimos cerrando y hablando con Ayuntamientos y Junta de Andalucía, diciéndoles que hay invernaderos que no tendrían que estar ahí porque no pertenecen a la superficie agrícola regable. Pero nosotros no podemos ir a destruir invernaderos, somos competentes en el uso del agua y nos cercioramos de que hay una captación irregular. Y también se nos condena porque Matalascañas pone en peligro o está afectando Doñana. Matalascañas tiene cinco sondeos subterráneos para abastecerse y una concesión legal de agua de 2,75 hectómetros cúbicos, pero consumen 2,5 hectómetros. Estamos ya en pleno proceso, con trámites administrativos, para clausurar dos de los cinco sondeos, los más cercanos a las lagunas para reubicarlos en otro lugar.
P. ¿Tiene fecha esa actuación?
R. Ya lo estamos haciendo, estamos ya trabajando con dinero y con reuniones con el Ayuntamiento de Almonte. No le puedo decir cuándo estarán terminados, pero en el plan también aparece presupuestado el trasvase de agua desde Moguer a Matalascañas, y esto haría que los cinco sondeos se clausurarán, porque desde entonces Matalascañas se surtiría con agua superficial. Esa condena de Europa no tendría lugar hoy, nos hemos adelantado en la vigilancia y en la lucha contra los sondeos ilegales desde que entré [hace tres años], lo hemos hecho en un tiempo récord. Las extracciones de Matalascañas no son determinantes para que estén secas las lagunas de Doñana. Están secas porque no llueve y la temperatura ha aumentado.
P. Eso no es lo que dicen los expertos científicos de la Estación Biológica de Doñana, del CSIC, entre otros.
R. Yo le digo lo que dice la Unesco, que estuvo analizando 376 publicaciones y meses hablando con técnicos, y su informe dice que no hay evidencia de que las extracciones tengan un papel significativo en la determinación de la hidrología de las lagunas.
P. Y si cree que no hay vínculo ¿por qué va a cancelar los cinco sondeos?
R. He dicho de manera determinante. Puede haber alguna conexión en las lagunas cercanas de Charco del Toro y Taraje con estos sondeos. Y como somos responsables, clausuramos los sondeos por si hay el más ligero pensamiento. El problema de las lagunas depende de tres factores: la escasez de precipitaciones –llevamos 10 años con años malos o muy malos en el entorno de Doñana–, el aumento de temperatura en el Palacio de Doñana supera en 1,5 grados el promedio de máximas de los últimos 10 años, y luego el enorme crecimiento de la masa forestal. No voy a ir contra el CSIC porque soy un hombre de ciencia, soy biólogo, solo leo lo que dice el informe de la Unesco.
P. Pero la serie histórica de precipitaciones no indica que en Doñana llueva mucho menos ahora, las mediciones permanecen en torno a los 500 litros por metro cuadrado.
R. Yo le digo que llevamos de 8 a 10 años con menos lluvia que la media.
P. La Aemet avanzó que el otoño sería cálido y poco lluvioso en Andalucía. ¿Qué cuerpo le ha dejado que haya acertado?
R. Uno muy preocupado. Aunque el abastecimiento esté garantizado por dos años, adoptaremos restricciones. Ya el año pasado se redujeron las dotaciones en cultivos con 6.000 metros cúbicos por hectárea, que pasaron a 3.000. Eso me preocupa porque yo quiero que haya una campaña de regadío normal, porque es un sector fundamental para la alimentación, crea mucho empleo y fija la población. Tenemos un doble objetivo siempre: cumplir con el medio ambiente y satisfacer las necesidades de los usuarios.
P. ¿Cuándo dejó confederación de ampliar el regadío?
R. Desde 2005 no hay ni una nueva hectárea de regadío que no hubiese sido planificada anteriormente, y solo aumentan si un agricultor cambia de mucho consumo de agua a poco consumo. Para el próximo plan, nos reservamos 20 hectómetros cúbicos de aguas regeneradas de depuración para nuevos regadíos en el desarrollo de pueblos.
P. Usted alega que la sequía se debe a años concatenados de caída de precipitaciones, pero el Observatorio de la Sequía de la Universidad Pablo de Olavide y los ecologistas argumentan que es una cuestión crónica y las reservas han sido mal gestionadas. ¿Qué responde?
R. Las reservas se gestionan estupendamente bien, sabemos mantener el equilibrio. Lo que pasa es que nosotros gestionamos la realidad, no lo que nos gustaría. ¿Y cuál es? Que tenemos 4,2 millones de personas que abastecer, 895.000 hectáreas de regadío y mucha gente viviendo de ese regadío. Hay poco en Andalucía de la España vaciada. ¿Por qué? Porque hay un sector primario potente con el 75% del regadío modernizado. Nuestro mantra es primero el objetivo medioambiental y luego las necesidades de los usuarios, otra cosa es que nos gustaría que hubiese menos agricultura.
P. El borrador de Plan Hidrológico plantea una reducción del 5% en los próximos seis años. ¿Puede aumentar ese porcentaje?
R. No, ese es el tope, que se hará no renovando concesiones.
P. ¿Qué recomienda a los Ayuntamientos para elaborar sus planes de emergencia de sequía?
R. Primero concienciación a la población, campañas de ahorro y ver las alternativas a su sistema de abastecimiento. Podrían existir debilidades en pueblos que se abastecen de aguas subterráneas o manantiales y los vecinos podrían sufrir.
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