Las leyes que quiere tumbar Vox | 1.177 mujeres de Castilla y León protegidas con la norma que repudia la ultraderecha

El expresidente Juan Vicente Herrera, del PP, firmó con mayoría absoluta la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia de Género en Castilla y León. Dicha norma busca “regular aquellas medidas tendentes a erradicar la violencia de género mediante la sensibilización, la prevención y la atención a sus víctimas para conseguir su recuperación”, incluyendo a las mujeres y a quienes dependan de ellas. La norma intenta combatir agresiones físicas, verbales, psicológicas y sexuales y pretende “garantizar el derecho a la atención integral” mediante una “red de atención”. La Ley ha ayudado a miles de mujeres de esta comunidad autónoma desde su aplicación.

El informe del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo general del poder judicial registró 5.170 denuncias en el territorio en 2021, que supusieron 1.177 medidas de protección. La cifra repuntó un 8,6% tras el confinamiento, que redujo en toda España estas denuncias. La Junta, mediante el departamento de Familia, cuenta también con el Consejo regional de la mujer, que impulsa la igualdad en los órganos públicos de la comunidad y destinó 122 millones en 257 intervenciones de las 10 consejerías. Las 45 acciones para la “prevención de la violencia y promoción de la convivencia en Igualdad” dispusieron de un fondo de 3,6 millones.

El último informe de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género sobre los recursos autonómicos, elaborado en 2018, plasma que esta comunidad cuenta con tres centros de emergencia y 14 casas de acogida que ofrecieron la ayuda de 79 especialistas para más de 500 personas, incluyendo a mujeres y los menores a su cargo.

El Gobierno autonómico apoya también económicamente a las víctimas que tienen “responsabilidades familiares” con una suma equivalente a “12 meses de subsidio por desempleo cuando tuviera a cargo un familiar o menor”, una cuantía que asciende a 18 meses si son varias las personas de las que se responsabiliza.

La partida también aumenta si ella o sus allegados tienen algún tipo de discapacidad. La última memoria del Consejo económico y social de Castilla y León señala que los centros al servicio de las perjudicadas por violencia machista atendieron en 2020 a 301 mujeres y 223 menores, se asistió psicológicamente a 795 mujeres y 185 menores y que en 2020 se notificaron 3.008 llamadas a emergencias por violencia de género o agresiones sexuales, por 3.399 en 2019 y 1.110 en 2015. Desde 2003 se han registrado en España 1.136 asesinatos de mujeres, 55 de ellos en Castilla y León.

Estos datos relacionados con la violencia de género y su ley de 2010, que Mañueco reitera que “no se va a tocar”, contrastan con los relativos a las agresiones intrafamiliares, contra las que la Junta elaboró un plan en 2019, con Herrera en el poder.

Normativa autonómica

El plan de prevención de la Violencia en el ámbito familiar, también a cargo de Familia, persigue “apoyar desde las Administraciones a las familias en cuyo seno se producen situaciones de violencia” y asume que “algunas manifestaciones” de estos sucesos “cuentan con un marco jurídico y red específica de actuación, como el maltrato infantil o la violencia de género” y cita la normativa autonómica de 2010.

Así, se centra en casos de “violencia filioparental, el maltrato a personas mayores y los malos tratos a las personas con discapacidad”, ejemplos que usa a menudo Juan García-Gallardo, vicepresidente y líder de Vox en el territorio, para reivindicar esta normativa, incidir en “tratar por igual todos los tipos de violencia, sin discriminación” y minusvalorar la repercusión de las agresiones machistas.

El Plan se redactó con 121 medidas y 135 millones de euros para actuaciones, con proyectos de “sensibilización, formación, detección y evaluación y atención”. Cuando se presentó, se afirmó que en la comunidad de Castilla y León hubo 85 sentencias a menores por violencia hacia sus progenitores en 2017, y citaron a “encuestas nacionales” para sostener que el 0,8% de los mayores sufría maltrato familiar, el doble en los casos con dependencia.