Las primeras repatriaciones de menores marroquíes desde Ceuta a Marruecos llevadas a cabo el pasado viernes por parte de las autoridades españolas vinieron acompañadas de altercados en el centro de acogida en el que llevaban semanas albergados, el polideportivo de Santa Amelia. Después de casi tres meses en territorio español, a los adolescentes les pilló por sorpresa que los introdujeran en un vehículo y, con presencia de la Policía Local y Nacional, los trasladaran en un convoy hasta las instalaciones que dan paso al país magrebí. A la resistencia de los chavales se une la polémica que rodea a un acuerdo de 2007 entre los dos países, utilizado como base para llevar a cabo las repatriaciones sin escuchar formalmente la voluntad del menor y sin el informe con el visto bueno de la Fiscalía que exige la ley.
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La Fundación Samu, que gestiona los centros donde se encuentran en la ciudad autónoma más de 700 menores, dispone de unos listados en los que aparecen los nombres de los adolescentes. Esos listados, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, coinciden con los menores que han sido repatriados por la policía y la Delegación del Gobierno a Marruecos, según personas cercanas a dicho proceso. Con ese orden, que no coincide con el alfabético, se ha ido eligiendo cada día a la quincena que se mandaba al otro lado de la frontera, siendo la cifra acordada con el reino de la dinastía alauí.
Desconocimiento de los afectados
Durante el proceso, los afectados no saben con antelación que han sido elegidos para ser devueltos a su país, aseguran personas que conocen de cerca cómo se llevan a cabo las repatriaciones. Los responsables de esos albergues sí saben sin embargo, al menos desde la víspera, quiénes van a ser enviados a la frontera del Tarajal al día siguiente. Casi una semana después de las primeras repatriaciones y aunque haya una tregua de 72 horas desde el lunes, el miedo atenaza cada vez más a los menores, según confirman fuentes próximas a los educadores que lidian día a día con ellos. La incertidumbre va en aumento ante el proceso acordado entre las autoridades de Madrid y Rabat para ser devueltos a su país. Cualquier ruido o movimiento extraño en las puertas del centro los altera, añaden.
Fue el equipo de la vicepresidenta de la ciudad, Mabel Deu, el que pidió a la Fundación Samu el listado de todos los menores. Deu supervisó las repatriaciones, al menos, hasta que el presidente, Juan Vivas, regresó de sus vacaciones en la tarde del lunes. En el proceso de selección y devolución no participa directamente el área de Menores, según las fuentes consultadas próximas al dispositivo que se puso en marcha el viernes pasado.
El documento sobre el que se trabaja para devolver a los adolescentes consta de siete columnas que aparecen debajo del nombre del centro, en este caso Santa Amelia, desde donde han salido todos los menores enviados a su país hasta el momento. De izquierda a derecha en cada casilla aparece un número correlativo de menor a mayor, la nacionalidad, el apellido, el nombre, el NIE, la fecha de nacimiento y la edad. Escrita a mano aparece la fecha del día en el que se van a llevar a cabo las expulsiones y, también manuscrito, el número del 1 al 15. Se hacen también algunos subrayados con rotulador fluorescente.
La Fundación Samu sabe desde el día anterior qué menores son los que van a ser repatriados cuando por la mañana lleguen los agentes de policía al albergue. Los agentes cortan el acceso a las inmediaciones del centro de menores e impiden acercarse tanto a reporteros como a trabajadores de las organizaciones humanitarias. Una vez sacados al exterior, los chavales son subidos a una furgoneta blanca —cada día la misma— con un distintivo escolar en la parte trasera. Entre cinco y diez minutos dura el trayecto que recorre el minibús, escoltado por la policía, hasta llegar a la frontera del Tarajal, rodeando el hospital y la barriada del Príncipe.
Las organizaciones humanitarias, que insisten en que las devoluciones son ilegales y que mantienen su cruzada judicial para frenarlas, siguen sin saber qué criterios están siguiendo las autoridades para que los agentes de policía saquen a unos menores sí y a otros no cada día. Save The Children, la única ONG que desde fuera está autorizada a entrevistarlos y que ha mantenido ya encuentros con 350 de los chavales, confirma que no ha realizado ninguna entrevista con los internos en Santa Amelia, un pabellón deportivo habilitado como albergue provisional. Esas preguntas individualizadas que le hacen a cada uno en árabe marroquí son la base para un posterior informe que se manda al área de Infancia del ejecutivo local.
La necesidad legal de escuchar a cada menor
La necesidad de escuchar de forma individual a cada menor es uno de los pilares sobre los que se asienta la acusación de ilegalidad de las devoluciones a Marruecos llevadas a cabo en Ceuta. La ley señala que un menor no puede ser enviado de vuelta a su país sin ser escuchado y sin un informe individual de las circunstancias que lo rodean. Fuentes que conocen de cerca el perfil de los chavales explican que, además, en el polideportivo de Santa Amelia se encuentran albergados los que más se acercan a la mayoría de edad. Varias decenas se escaparon en las horas posteriores a las primeras repatriaciones. También se fugaron de otros centros como el campamento de Piniers.
La presión de las ONG o el Defensor del Pueblo, apoyados por el criterio de la Fiscalía, ha logrado que el lunes se frenara por vez primera la expulsión de un grupo de menores y que, seguidamente, el Gobierno ceutí anunciara, instado por la justicia, un periodo de tres días sin efectuar envíos a la frontera.
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