Nota a los lectores: EL PAÍS ofrece en abierto la sección Planeta Futuro por su aportación informativa diaria y global sobre la Agenda 2030. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.
Mustafa Murat Ayhan confesó a principios de agosto haber violado, matado y descuartizado a Azra Gülendam Haytaoglu, estudiante de Periodismo de 21 años. Unos días después, Ümitcan Uygun, principal sospechoso del asesinato de su anterior pareja en 2020, fue detenido por el cargo de homicidio deliberado de Esra Hankulu. Estos hombres han puesto de nuevo a Turquía frente al problema de la violencia contra las mujeres y la impunidad que la rodea. Y las mujeres turcas, una vez más, han exigido en las calles la reentrada del país en el Convenio de Estambul, que abandonó, oficialmente, el pasado 1 de julio. La salida fue la última de una larga lista de embestidas contra sus derechos que llevan años resistiendo.
Más información
“Era una red de seguridad para nosotras”, dicen sobre el convenio Elif Ege y Selime Büyükgöze, voluntarias de Mor Çatı, una organización creada en Estambul en 1990. Cuentan por correo electrónico que este tratado jurídicamente vinculante es un instrumento crucial cuando las medidas locales no son suficientes y el sistema bloquea el avance. “Llegados a este punto, creemos que la decisión de salir del convenio desalienta a las mujeres a recurrir a estos mecanismos y allana el camino a la violencia”.
En julio de 2020 el Gobierno ya había coqueteado con la idea de abandonarlo, pero tuvo que dar marcha atrás ante la presión de la opinión pública. Menos de un año después, el 20 marzo de 2021, a medianoche y sin hacer ruido, el presidente, Recep Tayyip Erdogan, firmó el decreto que anulaba su ratificación. Este movimiento se interpretó como un gesto hacia las corrientes más islamistas que veían en el convenio un ataque contra la familia tradicional y una promoción de la homosexualidad.
Más de 100 organizaciones, partidos políticos y ciudadanos presentaron demandas ante el Consejo de Estado contra la salida. “En nuestras peticiones resaltamos que esta decisión es manifiestamente inconstitucional. Y exigimos la suspensión inmediata de la ejecución porque de lo contrario causará daños irreparables en la vida de millones de mujeres”, relata en un correo electrónico Ezel Buse Sönmezocak, de la organización Mujeres por los Derechos Humanos de las Mujeres, en funcionamiento desde 1993.
Un día antes de que se materializase la salida, el organismo falló a favor de su ejecución, por tres a dos, respecto a una de las solicitudes. El resto de casos sigue pendiente. Si los movimientos feministas antes debían pelear para que se aplicase, ahora lo hacen para recuperarlo. “Nuestra lucha legal continúa en todos los campos. Al mismo tiempo, esto no es solo una cuestión legal, es una cuestión muy política”, afirma a través de una aplicación de mensajería Melek Önder, portavoz de la plataforma Pararemos los Feminicidios.
Erdogan presentó un plan propio que, afirmó, haría incluso más fuerte la lucha contra la violencia machista. “Alejarse de la norma y la ley universales significa privarnos del convenio más importante que actualmente nos protege de la violencia en el mundo. El Convenio de Estambul es el que mantendrá con vida a las mujeres. Por lo tanto, no se puede reemplazar”, añade Önder.
La organización Pararemos los Feminicidios han contabilizado alrededor de 2.000 ataques machistas en los últimos cinco años
Casi cuatro de cada 10 mujeres turcas que han tenido pareja han sufrido violencia física o sexual al menos una vez, de acuerdo con un estudio de 2015 que recoge ONU Mujeres. El Gobierno no publica estadísticas sobre asesinatos machistas, pero según los datos recabados por Pararemos los Feminicidios han sido alrededor de 2.000 en los últimos cinco años. En 2020, registraron 300 y 171 muertes sospechosas. La Fundación Umut, por su parte, contabilizó 527 ataques contra mujeres, de los que 373 fueron mortales.
El sistema falla a las mujeres antes y después. Ayse Tuba Arslan, por ejemplo, interpuso 23 denuncias por amenazas e insultos, que fueron remitidas a la oficina de conciliación, antes de ser asesinada por su exmarido en 2019. El agresor de H.K., relatan también Egen y Büyükgöze, fue arrestado únicamente cuando ella, agredida brutalmente, estuvo en situación crítica. El juez le rebajó la pena al alegar provocación injusta y por buen comportamiento durante el juicio. “El problema más grande en los casos criminales relacionados con violencia contra las mujeres en Turquía es la impunidad”, dicen. Sönmezocak, que hace referencia a las bajas tasas de condena, coincide.
La detención reciente de Uygun ha vuelto a poner este tema sobre la mesa. Él fue también el principal investigado en el asesinato de su anterior pareja, Aleyna Çakir, en junio de 2020: existían imágenes de maltrato, fue la última persona con la que estuvo y ella tenía su ADN bajo las uñas. Pero cuando entró en la cárcel el pasado enero, donde estuvo seis meses, lo hizo por incitación al consumo de drogas.
Blanco sistemático
“En general, los derechos de las mujeres han sido un blanco sistemático del régimen del AKP [Partido de la Justicia y el Desarrollo] desde 2010”, apunta Sönmezocak. En 2011, el mismo año que el país firmó el Convenio de Estambul, Erdogan aseguró que la oposición exageraba la violencia machista y el Ministerio de la Mujer y Familia fue sustituido por el Ministerio de Familia y Políticas Sociales. “Omitir ‘mujer’ del nombre del ministerio no fue solo un gesto simbólico, sino una señal sólida de que el Gobierno daba prioridad a las políticas orientadas a la familia”, señalan en Mor Çatı. “Las políticas sociales referentes a las mujeres se redujeron a caridad, en vez de derechos”.
Un año más tarde, colocaron el aborto en el centro de la diana. El presidente lo calificó como asesinato y aseguró que nadie debería tener el derecho a permitirlo. “Diferentes miembros del AKP, como el ministro de Sanidad, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento y otros siguieron esa línea, afirmando que el aborto es asesinato y que la vida del feto es más importante que la de la mujer o sus elecciones”, recuerda Sönmezocak.
Los derechos de las mujeres han sido un blanco sistemático del régimen del AKP desde 2010
Ezel Buse Sönmezocak, portavoz de la organización ‘Mujeres por los Derechos Humanos de las Mujeres’
Hacer prevalecer los derechos de las mujeres no es la prioridad de un ejecutivo que rechaza abiertamente la paridad entre sexos. “No puedes poner a mujeres y hombres en posiciones iguales”, dijo Erdogan en 2014, “va en contra de la naturaleza”. En otra ocasión calificó de “deficientes” e “incompletas” a las que no tenían hijos. Los dichos y los hechos del mandatario llevan años intentando relegarlas al hogar y la maternidad.
“La versión más concreta de este enfoque fue el vivido en mayo de 2016, con el Informe de la Comisión de Divorcio, como es conocido”, cuentan Egen y Büyükgöze. “Incluía la conciliación en casos de divorcio, poniendo la ‘unidad de la familia’ por encima de la vida de las mujeres en casos de violencia, buscaba la incorporación del criterio de ‘consentimiento’ en actos sexuales con menores y la posibilidad de matrimonio entre la víctima y el perpetrador en caso de abusos”, añaden.
“Dado que la violencia contra las mujeres ocurre sobre todo en la familia, es verdad que el Gobierno tolera esta violencia para prevenir separaciones”, comenta Sönmezocak. “Por ejemplo, el Gobierno comenzó a dar asistencia psicológica (sic) a mujeres que buscan divorciarse. En esta asistencia les dicen que piensen dos veces el resultado”.
El problema más grande en los casos criminales relacionados con violencia contra las mujeres en Turquía es la impunidad
En los últimos años, grupos ultraconservadores han cuestionado y atacado otras herramientas como la ley 6284, que es la base, junto al Convenio de Estambul, de los mecanismos contra la violencia machista, y las organizaciones temen que la salida dé alas a decisiones similares. Sobre las consecuencias que se dejan notar, Sönmezocak señala que la ausencia de datos oficiales no permite conocer la situación exacta. Sin embargo, organizaciones y abogados independientes han observado, por ejemplo, problemas en las comisarías. “De hecho, ha sido confirmado por la propia ministra de Familia. Dijo que es verdad que había ‘confusión’ sobre la aplicación de la Ley 6284 sobre el terreno”, asegura.
El movimiento feminista turco, que ha plantado cara una y otra vez a los ataques, no se rinde. “No tenemos esperanzas de revocar la decisión, pero como organizaciones independientes de mujeres y feministas continuamos con nuestra lucha todos los días sobre el terreno”, dicen en Mor Çatı. “Las mujeres y las feministas en Turquía todavía están muy enfadadas y en cada contenido que creemos y en cada protesta que organicemos seguiremos diciendo que no nos rendiremos respecto al convenio”, afirma Sönmezocak.
Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.