El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. El Senado deberá ahora darle el visto bueno y, si no incluye modificaciones, la ley quedará definitivamente aprobada previsiblemente en mayo. El objetivo de esta norma es ayudar a España a cumplir con sus compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático para alcanzar “antes de 2050″ la denominada “neutralidad climática” (que el país solo pueda emitir los gases de efecto invernadero que puedan ser absorbidos por los sumideros, por ejemplo, los bosques). Para ello, la norma establece una serie de metas intermedias y de medidas concretas.
En el preámbulo de la ley, que se presenta también como un instrumento para canalizar los fondos europeos de recuperación, se asegura que la transición energética promovida por esta norma “permite movilizar más de 200.000 millones de euros de inversión a lo largo de la década 2021-2030″. Además, se sostiene que “el empleo neto aumentará entre 250.000 y 350.000 personas al final del periodo” gracias a las medidas propuestas. Estos son los objetivos y las acciones más destacadas que incluye la primera ley climática de España.
Metas para 2030. La norma fija una serie de metas concretas para esta década y un sistema de revisión al alza de esos objetivos para cumplir con el Acuerdo de París. La primera de esas revisiones se deberá realizar en 2023. Estos son los principales objetivos fijados en la ley para 2030:
- Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en, al menos, un 23% respecto a las de 1990.
- Alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 42% (frente al cerca del 20% actual).
- Alcanzar un sistema eléctrico con, al menos, un 74% de generación a partir de energías de origen renovable (frente al 40% de este momento).
Movilidad. En 2019, el último año del que hay datos oficiales, casi el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero de España procedieron del sector del transporte —y en gran medida del transporte por carretera—. La ley aprobada este jueves intenta acompañar la tendencia de cambio en la movilidad que ya se está dando en la sociedad y el sector industrial hacia el vehículo eléctrico, fundamentalmente. Estas son algunas de las medidas más importantes sobre movilidad:
- El objetivo principal es lograr en 2050 “un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO₂“ (dióxido de carbono). Para ello, a más tardar en 2040 no se podrán vender turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, no destinados a usos comerciales, que emitan CO₂.
- Todos los municipios de más de 50.000 habitantes deberán adoptar planes de movilidad sostenible que, entre otros asuntos, incluyan zonas de bajas emisiones similares a las puestas en marcha en Madrid y Barcelona. Y solo se podrán revertir con un informe favorable del Gobierno autonómico. Además, los municipios de más de 20.000 habitantes también deberán aprobar zonas de bajas emisiones si su calidad del aire no es buena.
- La norma también establece obligaciones para que las gasolineras coloquen puntos de recarga de coches eléctricos y para facilitar que se instalen en los edificios y aparcamientos. A partir de 2023, todos los edificios que no estén destinados a uso residencial y con más de 20 plazas de aparcamiento deberán contar con infraestructuras de recarga. Además, el Ministerio para la Transición Ecológica elaborará un catálogo nacional de acceso público de puntos de recarga disponibles para los conductores. Y se canalizarán los fondos europeos de recuperación para incentivar la instalación de infraestructura de recarga.
- El Gobierno fijará también objetivos de integración de combustibles alternativos en el transporte, con “especial énfasis en los biocarburantes avanzados y otros combustibles renovables de origen no biológico”. Y se abre la puerta a limitar los biocombustibles de primera generación (aquellos elaborados a partir de cultivos alimentarios).
- El Gobierno elaborará una ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público, que también contemplará objetivos de penetración del ferrocarril en el transporte de mercancías en distancias superiores a los 300 kilómetros.
Sector eléctrico. El sector eléctrico representa en estos momentos algo menos del 14% de las emisiones de efecto invernadero del país. Gracias al cierre paulatino de las centrales de carbón y al aumento de la implantación de renovables, el sector cada vez emite menos de estos gases. Pero se necesita mucho más. La ley contempla duplicar en 2030 la cuota de renovables de la generación eléctrica en España hasta llegar a un 74%. Y fija como objetivo para 2050 que el 100% de la generación eléctrica sea renovable. Estas son algunas de las medidas más destacadas en este campo:
- El Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia deberán presentar en un plazo máximo de 12 meses tras la aprobación de la ley una propuesta de reforma del sector eléctrico.
- Se impulsarán las centrales hidroeléctricas reversibles (las que funcionan con un sistema de bombeo del agua que permite generar la electricidad en el momento que se necesita). Y también se impulsará la generación de electricidad a través de los sistemas de abastecimiento y saneamiento urbanos.
- Se reformará en el plazo de un año la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en las comunidades de propietarios.
- Además, la ley aboga por hacer que la implantación de las nuevas renovables sea “compatible con la conservación del patrimonio natural”. Para evitar los peores impactos de la instalación de grandes parque eólicos y solares, el Gobierno elaborará una zonificación de áreas sensibles en las que no se podrán llevar a cabo proyectos de este tipo.
Combustibles fósiles. La norma establece una serie de limitaciones para la explotación de nuevos yacimientos de combustibles fósiles en España, tanto en tierra como en explotaciones marinas. La quema de este tipo de combustibles para generar energía es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero. Estas son algunas de las medidas que se contemplan:
- A partir de la entrada en vigor de la norma, quedarán prohibidas las nuevas exploraciones y proyectos de extracción de hidrocarburos en España. Respecto a los permisos de investigación y las concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos que ya estén vigentes, “no podrán prorrogarse, en ningún caso, más allá del 31 de diciembre de 2042″.
- El texto prohíbe de forma expresa la técnica de la fractura hidráulica (fracking) y también veta la minería radiactiva, como la del uranio.
- Respecto a los nuevos beneficios fiscales, la ley establece que solo podrán acceder a ellos los “productos energéticos de origen fósil” si se justifica por “motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas”. Además, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la ley el Gobierno elaborará un estudio y una propuesta de calendario para que “la Administración General del Estado y los organismos y entidades que conforman el sector público estatal se desprendan de participaciones o instrumentos financieros de empresas o entidades cuya actividad mercantil incluya la extracción, refinado o procesado de productos energéticos de origen fósil”.
Eficiencia energética y rehabilitación de edificios. La ley pretende servir para canalizar los fondos europeos del plan de recuperación también en materia de edificación y eficiencia energética. Estás son algunas de las medidas contempladas:
- El Gobierno deberá poner en marcha en los seis primeros meses desde la entrada en vigor de la ley un plan de rehabilitación de viviendas y renovación urbana.
- Las Administraciones tendrán que aprobar incentivos para la “introducción de las energías renovables” para impulsar así el autoconsumo y la calefacción y refrigeración de cero emisiones. También se apuesta por el uso de materiales con la menor huella de carbono posible y por las mejoras en la accesibilidad.
Adaptación y biodiversidad. La ley incluye varios apartados referidos a la adaptación al cambio climático. Hay determinados impactos del calentamiento que ya no se podrán revertir, por lo que la norma establece medidas relacionadas con este asunto y con la protección de la biodiversidad:
- El Gobierno deberá aprobar cada cinco años un plan nacional de adaptación al cambio climático, que tendrá que incluir, por ejemplo, “la identificación y evaluación de impactos previsibles y riesgos” para “varios escenarios posibles”. También la evaluación de la “vulnerabilidad de los sistemas naturales, de los territorios, de las poblaciones y de los sectores socioeconómicos”. Además, cada cinco años se deberán aprobar “informes sobre riesgo climático”.
- La ley fija que la ordenación urbana y la planificación hidrológica deberán tener en cuenta el cambio climático. E incluye un artículo que supondrá limitar la duración de las prórrogas otorgadas a la concesiones para determinadas actividades en la zona de dominio público marítimo.
- Además, el Ejecutivo tendrá que presentar una “estrategia específica de conservación y restauración de ecosistemas y especies especialmente sensibles a los efectos del cambio climático”.
- Y, en un plazo de seis meses, el Gobierno se compromete a remitir a las Cortes el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados.
Riesgos financieros, empresas y comité de expertos. La ley incluye varios apartados que buscan ampliar el conocimiento sobre los riesgos a los que se expone la economía del país debido al cambio climático, además de un cierto control externo de las medidas contra el calentamiento.
- Las grandes empresas, las entidades financieras y las aseguradoras deberán elaborar anualmente informes sobre los riesgos para su actividad derivados “de la transición hacia una economía sostenible y las medidas que se adopten para hacer frente a dichos riesgos”.
- El Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones también tendrán que presentar cada dos años un informe conjunto sobre el grado de alineamiento del sector financiero con las metas del Acuerdo de París y de la UE, así como una evaluación del riesgo para el sistema. Algo similar tendrán que hacer los operadores estatales del sistema eléctrico y gasista, además de la Compañía Logística de Hidrocarburos.
- Además, las grandes empresas —el Gobierno deberá definir en un plazo de un año qué tipo de compañías en concreto— deberán realizar una cálculo de las emisiones que genera su actividad. Y tendrán que “elaborar y publicar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero” con objetivos para cada cinco años.
- La aprobación definitiva de la ley supondrá la creación de “un comité de expertos de cambio climático” que deberá evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas para la transición. Sus integrantes elaborarán anualmente un informe que será “remitido al Congreso de los Diputados y sometido a debate”. Además, el Gobierno creará una “asamblea ciudadana del cambio climático” en la que se buscará impulsar la participación de la sociedad en la lucha contra el calentamiento.
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