Más de una veintena de multinacionales españolas tienen intereses en Perú, donde el cambio de Gobierno, encabezado por el maestro izquierdista Pedro Castillo, ha levantado una ola de incertidumbre por el posible giro radical de la política económica del país hacia concepciones marxistas o en contra del libre mercado. En especial, cuatro grupos —ACS, FCC, Telefónica y Enagás— se juegan mucho porque tienen pendientes pleitos millonarios derivados de contratos suscritos con anteriores Administraciones.
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Estas cuatro grandes compañías confían en que los expedientes abiertos en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el organismo de arbitraje internacional del Banco Mundial, medie a su favor y evite un conflicto con el nuevo Ejecutivo de Castillo, que durante la campaña se mostró muy beligerante con los inversores extranjeros en el país andino.
El Estado peruano está ahora demandado en una veintena de procesos por vulnerar derechos de inversiones extranjeros, en los que se le reclaman 5.000 millones de dólares (4.250 millones de euros). Por el momento, ha recibido sentencias a su favor por cerca de 110 millones de dólares y ha sido en total condenado a pagar solo 43 millones, pero los analistas apuntan a que ese balance va a cambiar pronto por procesos en los que la Administración peruana cometió abusos que se deben dirimir en el Ciadi.
Metro de Lima
Es el caso de ACS y FCC que, junto con sus socios italianos Impregilo y Ansaldo y la peruana Cosapi, acaban de ganar la demanda que presentaron ante el Ciadi en 2017 por las obras de la línea 2 del Metro de Lima. El organismo consideró el pasado julio que, tal como defendían las empresas españolas, fue el Gobierno peruano el que incumplió sus obligaciones contractuales en relación con el proyecto de construcción. La conclusión fue que la entrega de los terrenos donde se tenía que desarrollar la infraestructura no presentaba las condiciones pactadas en el contrato, lo que ocasionó más de un año de retraso en las obras.
Tras esta resolución, el consorcio en el que están ACS y FCC presentó el pasado 20 de agosto otra demanda de arbitraje ante el Ciadi, según ha podido saber EL PAÍS. Aunque ambas constructoras no han respondido a los requerimientos de este diario, se estima que esta nueva demanda busca concretar las indemnizaciones que se solicitan al Gobierno peruano, que podrían rondar los 700 millones de dólares (unos 600 millones de euros). El contrato se firmó en 2014 para la construcción de una línea que atravesará 27 kilómetros de vía en un total de 27 estaciones, y se estima que estará completada en 2024.
Telefónica y Enagás
Telefónica también ha decidido acudir al arbitraje tras mantener un pleito fiscal interminable con la Administración peruana que dura ya más de dos décadas. En marzo pasado, se registró la demanda de la operadora de telecomunicaciones en el Ciadi alegando que la administración tributaria peruana —denominada Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, conocida como Sunat— y otros organismos estatales incumplen las obligaciones establecidas en el acuerdo de inversiones recíprocas entre España y Perú de 1994, “incluyendo actuaciones arbitrarias y discriminatorias”. La operadora reclama una indemnización millonaria, cuya cuantía no ha querido revelar, por todos los daños y perjuicios sufridos.
Mientras el Ciadi decide, la situación procesal para la empresa española se tuerce. Telefónica ha impugnado la decisión adoptada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por la cual se denegaba la renovación de las concesiones para la prestación de servicios de telefonía fija, válidas hasta el 2027, y está pendiente de la renovación de la banda de 1.900 MHz de telefonía móvil para todo Perú (excepto Lima y Callao), que expiró en 2018.
En el capítulo fiscal, tras una sentencia favorable en febrero pasado del Tribunal Constitucional sobre intereses de demora, el pasado 23 de junio recibió un fallo desfavorable del Tribunal Supremo en relación con el saldo a favor utilizable en la declaración del Impuesto sobre Sociedades del año 2000. De esta forma, ha tenido que elevar la provisión por las futuras pérdidas que le puedan ocasionar estos litigios fiscales hasta los 2.895 millones de soles peruanos, equivalente a 631 millones de euros, según datos facilitados por la compañía.
Por su parte, Enagás prevé abordar con el nuevo Gobierno peruano una negociación para buscar un acuerdo amistoso al conflicto abierto por Gasoducto Sur Peruano (GSP), el proyecto de gasoducto de más de 1.000 kilómetros que fue paralizado en 2017. Una negociación paralela al proceso arbitral que tiene abierto la compañía, participada mayoritariamente por el Estado español, en el Ciadi y por el que reclama casi 400 millones de euros como indemnización.
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