Los últimos 10 años, al menos 82 periodistas mexicanos han sido asesinados en México por motivos relacionados con su profesión. Esto ha convertido a México en uno de los países más peligrosos del mundo para ser periodista. Víctima de esta violencia fue Miroslava Breach, una periodista de investigación que denunciaba a grupos del crimen organizado que controlan la vida política para consolidar su control, la llamada “narcopolítica”. El 23 de marzo de 2017, Breach fue asesinada a sangre fría a la entrada de su casa y aunque existe una investigación judicial de su muerte ésta ha dejado cabos sueltos. El Colectivo 23 de marzo, un grupo de periodistas que trabaja en México, en colaboración con las organizaciones internacionales Forbidden Stories, Bellingcat y el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación (CLIP) se unieron para desvelar qué se ha investigado y qué no sobre este crimen, que no debe quedar impune.
El 23 de marzo 2017 a las siete de la mañana, en la ciudad de Chihuahua, la periodista mexicana Miroslava Breach subió a su camioneta para llevar a su hijo de 14 años al colegio. De pronto apareció un hombre desconocido, con la cara escondida bajo una gorra y abrió fuego. La periodista no sobrevivió al ataque.
Breach era una profesional respetada por su ejemplar trabajo de investigación, realizado en medio de una gran peligro. Trabajaba para los periódicos La Jornada y El Norte de Ciudad Juárez, escribiendo sobre el crimen organizado y la corrupción de las autoridades locales en su natal Chihuahua, que es considerado uno de los Estados más violentos del país. En los últimos meses de su vida, había centrado su trabajo en los narcopolíticos, miembros de grupos del narcotráfico que se infiltran en el ámbito político para consolidar su control. Se dedicó particularmente a investigar la expansión de Los Salazares, una organización criminal que opera en el pueblo serrano de Chínipas en alianza con el cartel de Sinaloa, codirigido por Joaquín El Chapo Guzmán hasta que fue detenido en 2016, y que ha crecido bajo el cobijo de las autoridades que les garantizan impunidad.
Dos años después del asesinato, las investigaciones de las autoridades locales y federales han dejado muchos cabos sueltos. Ninguna ha establecido un vínculo entre el asesinato y los grupos criminales o políticos, a pesar de las indagaciones de Miroslava sobre el tema y a pesar de las amenazas que recibía de parte de ellos. Solo un hombre, Juan Carlos Moreno Ochoa, apodado El Larry, fue detenido. Según las autoridades, sería el único instigador del asesinato de Miroslava, algo que deja fuera de sospecha precisamente a quienes ella había investigado: el crimen organizado y sus nexos con la política.
Sin embargo, la versión oficial de los hechos ha dejado fuera muchas piezas del rompecabezas.
Es por esto que el Colectivo 23 de Marzo, que agrupa a periodistas mexicanos, en alianza con las organizaciones periodísticas internacionales Forbidden Stories, Bellingcat y el Centro Latinoamericano de Investigaciones Periodísticas (CLIP), se unieron para llevar a cabo la investigación Proyecto Miroslava.
Piezas faltantes
25 de diciembre del 2017. Nueve meses han pasado desde el asesinato de Miroslava Breach. Se realizaron ocho disparos a través de las ventanas de su auto. Sus hijos, que estaban cerca, escucharon la ráfaga. Tras nueve meses de investigación (y de espera), Javier Corral, gobernador del Estado de Chihuahua, anunció frente a las cámaras de televisión la captura de Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry.
El hombre, detenido en el Estado vecino de Sonora, fue presentado como el autor intelectual de la muerte de Breach. También se reveló la identidad del sicario: Ramón Andrés Zabala, un pistolero de 25 años, que fue hallado muerto también en el Estado de Sonora. Tenían otro cómplice, Jaciel Vega Villa quien, según las autoridades, habría conducido al tirador al lugar de la escena del crimen antes de darse a la fuga. En tono muy solemne, el gobernador Corral enumeró los elementos considerados en el expediente policial: 200 horas de vídeo analizadas, escuchas telefónicas, más de 20 testigos interrogados y la movilización de expertos en la escena del crimen en una investigación que pretendía ser un “modelo nacional” de cómo investigar crímenes contra periodistas en México.
A pesar de su apariencia ejemplar, la investigación oficial, iniciada por la Fiscalía del Estado de Chihuahua y continuada por la Procuraduría General de la República desde 2018, no logra ocultar sus carencias: hay indicios y pruebas que nunca fueron tenidos en cuenta durante la investigación, políticos que no fueron interrogados adecuadamente, personas que pudieron haber tenido algún grado de implicación en los hechos que, sin embargo, fueron considerados solamente como testigos y se les protegió la identidad, así como irregularidades en la escena del crimen y elementos de prueba contradictorios.
El Proyecto Miroslava identifica todas esas irregularidades que, unidas, apuntan a concluir que no se investigaron debidamente las pistas que llevaban directamente a los narcopolíticos que habrían podido estar detrás de este crimen.
Las pruebas ignoradas
El asesinato de la periodista Miroslava Breach ha gozado de una amplia cobertura mediática en México. No fue la primera ni la única en ser asesinada simplemente por haber realizado su labor, pero sus investigaciones implacables —que destaparon muchas veces los estrechos vínculos entre carteles y políticos— la convierten en icono de la libertad de prensa, constantemente ultrajada en este país latinoamericano.
Algunas horas después del homicidio, la policía anunció un primer hallazgo: una cartulina tirada a algunos metros de la camioneta que presuntamente revela la identidad del autor intelectual del crimen. La nota habría sido firmada por El 80, el apodo de un jefe regional del cartel de Juárez, enemigo del cartel de Sinaloa y de sus aliados Los Salazares. Pero con el paso de las horas, fue cambiando la naturaleza del mensaje. Decenas de periodistas observaron la evolución de las versiones oficiales: tres versiones en tan solo 48 horas.
El mensaje cambiaba y se alargaba a medida que avanzaba el reloj, despertando las sospechas de los reporteros que siguieron de cerca el caso. Adicionalmente, nuestro colectivo descubrió que la cadena de custodia de esta evidencia, a pesar de ser esencial, no había sido mantenida debidamente. Resulta imposible rastrear las manos por las que pasó, desde la escena del crimen hasta que se hizo público.
A partir de este primer indicio, las incongruencias se comienzan a acumular. Por ejemplo, la presencia del gobernador Corral tres días después del asesinato en el domicilio de uno de los cómplices, Jaciel Vega Villa, durante el registro de la policía. Algunos meses después, ante los micrófonos de un programa de radio, Corral casualmente reconoció haber estado presente en el lugar de la investigación.
Dentro de esta misma casa se descubrieron numerosas pruebas durante la investigación oficial. El carro que manejó el asesino de Miroslava fue encontrado allí. Este coche pertenece efectivamente a Jaciel Vega Villa, un estudiante universitario que presuntamente estuvo tras el timón en el momento del asesinato de Miroslava Breach. Tras realizar indagaciones, el Colectivo 23 de marzo descubrió un vínculo familiar significativo: Jaciel es ahijado de Alfredo Salazar Ramírez, líder de Los Salazares y cuya extradición ha sido solicitada por un tribunal de Estados Unidos.
Narcopolíticos
El registro de la casa de Jaciel Vega Villa permitió también a los investigadores encontrar una computadora personal, con dos grabaciones de audio. Ambas corresponden a conversaciones telefónicas durante las cuales un hombre interroga insistentemente a Miroslava Breach y otra colega que había publicado la misma denuncia. Su objetivo era obtener las identidades de las fuentes de la investigación de su historia sobre los candidatos “narcopolíticos” en las elecciones municipales, particularmente el candidato auspiciado por Los Salazares en el municipio de Chínipas. Durante esta llamada, Breach rehusó categóricamente entregar esta información, desafiando con ironía al hombre del otro lado del teléfono hablando de su par de “ovarios”. “El silencio es complicidad”, le espetó ella.
El interlocutor de Breach fue finalmente identificado unos diez días después por la Fiscalía. Se trataba de Alfredo Piñera, portavoz estatal del Partido Acción Nacional (PAN), el partido del gobernador de Chihuahua y una de las formaciones políticas mexicanas más importante. El vocero reenvió esas grabaciones ilegales a otro político local, a quien Miroslava Breach posteriormente denunció por sus probables vínculos con el crimen organizado: el entonces alcalde de Chínipas, Hugo Amed Schultz. Ante la justicia, éste explicó que con la grabación buscaba demostrarle a Los Salazares que no era responsable de la fuga de información, y evitar así represalias. Sin embargo, al entregar esa grabación a la gente de El Larry, en la práctica condenó a muerte a la periodista.
Se podría asumir que la cantidad de información que la justicia posee contra una persona bastaría para preocuparla. Pero no sucedió así. Desde el inicio de la investigación del caso, Schultz recibió el estatus de testigo e incluso tiene un seudónimo, Boby, en las transcripciones judiciales para resguardar su identidad. El mismo trato recibió Piñera, cuyo nombre fue cambiado a Casio en la investigación judicial. Los dos hombres han logrado seguir sin problemas con sus carreras profesionales, a pesar de esas informaciones comprometedoras. Piñera fue contratado como asesor del coordinador del grupo del PAN en el Parlamento. Schultz, por su parte, llegó a trabajar en el Gobierno estatal y ha podido conservar su plaza de docente. Está considerando dirigir el comité nacional del PAN en Chínipas.
La lentitud de la justicia federal
A partir de abril del 2018, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Fiscalía General de la República, se encargó del caso, para disgusto de las autoridades del Estado de Chihuahua. La esperanza de que se hiciera justicia renació. Apenas abrió la investigación, la Fiscalía federal interrogó a dos nuevos testigos, miembros de la cúpula del PAN. Sin embargo, también solicitó –extrañamente— el interrogatorio de cinco periodistas cercanos a Miroslava Breach, como si fueran sospechosos.
Hasta ahora los resultados han demostrado ser decepcionantes. Este colectivo descubrió que no hubo una investigación real de otros casos que están ligados al asesinato de la periodista. Tampoco se investigaron las circunstancias en torno a la muerte del sicario Ramón Andrés Zabala.
Jaciel Vega Villa, el conductor del asesino, está prófugo. Un alto funcionario estatal confirmó versiones de prensa de que el joven fue interrogado por las autoridades algunos días después del asesinato, sin ser inculpado, justificándose en que la identidad del sospechoso no se conocía entonces. Sin embargo, el funcionario se corrigió posteriormente, aduciendo que se había equivocado, cuando el fiscal estatal rechazó tajantemente que hubieran tenido a Vega en custodia. Desde entonces, dos testigos confirmaron a este colectivo que en efecto Vega fue interrogado y otros señalan que está escondido en Chínipas. Sigue prófugo hasta hoy.
Otras decisiones cuestionables de las autoridades judiciales incluyen una policía estatal —y sobrina de El Larry— que hospedó a los asesinos y un hombre que los recogió de la escena del crimen. Ambos recibieron estatus de testigos, con identidades protegidas y nunca fueron considerados como posibles sospechosos. Los investigadores penales tampoco indagaron sobre una licencia de piloto encontrada en la casa de Vega, ni identificaron a los dueños de los números telefónicos con los que éste se comunicó justo después del crimen. Este colectivo tampoco encontró evidencia de que se hiciera investigación judicial alguna en Chínipas, a pesar de que tantas evidencias del asesinato de Miroslava conducen hacia este municipio en la sierra Tarahumara.
El proceso de El Larry continúa estancado, bloqueado por un testigo clave que se niega a hablar. El fiscal estatal de Chihuahua decidió no responder a una solicitud de entrevista del Colectivo 23 de marzo. Y aunque el responsable de la Fiscalía para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión nos habló, rehusó dar detalles que pudieran comprometer la investigación y expresó su respaldo al proceder de la Fiscalía estatal, a pesar de sus evidentes fallas.
Éste es el estado actual de la investigación que pretendía ser un “modelo nacional” para todos los futuros asesinatos de periodistas en México. Tanto el Estado de Chihahua como posteriormente las autoridades federales han ignorado pistas cruciales durante sus investigaciones. Las preguntas de este colectivo se toparon con su silencio. Un silencio que, como decía la misma Miroslava Breach, se convierte en cómplice.
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