Francisco Barbosa, un abogado muy cercano al presidente Iván Duque, fue elegido este jueves por la Corte Suprema de Justicia de Colombia como el nuevo fiscal general de la nación. Su nombramiento recibió el respaldo unánime de los 16 magistrados presentes, en la quinta ronda de votaciones, con lo que se superó una prolongada parálisis en un alto tribunal para escoger a la cabeza del ente judicial encargado de investigar y acusar a los presuntos infractores de la ley penal.
El recién elegido fiscal, reconocido por su amistad de larga data con el mandatario, viene de desempeñarse como consejero presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales. En las rondas previas de votaciones, aunque no había alcanzado los apoyos necesarios –hay siete vacantes por llenar en la corte–, sí había emergido como amplio favorito de una terna de aspirantes que compartió con Camilo Gómez, excomisionado de paz del Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), y Clara María González, representante de los sectores afines al expresidente Álvaro Uribe a la que Duque nombró como secretaria jurídica al llegar a la Casa de Nariño.
Barbosa, de 45 años, estudió derecho en la Universidad Sergio Arboleda junto a Duque. Hasta que su excompañero alcanzó la presidencia había tenido una carrera principalmente académica con énfasis en derecho internacional humanitario y justicia transicional que incluye dos maestrías y un doctorado en la Universidad de Nantes, en Francia. “Es miembro de las academias colombianas de Historia, Jurisprudencia y Derecho Internacional”, recordó la sala plena del alto tribunal al anunciar su elección. No cuenta con demasiadas credenciales en derecho penal, una especialidad que muchos reclaman para el fiscal general pero no es un requisito.
Diversos columnistas y líderes de opinión han criticado al nuevo fiscal por su cambio de posturas frente al acuerdo de paz sellado en 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las FARC, hoy convertida en partido político. Barbosa respaldó las negociaciones y, en particular, defendió públicamente la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) creada por los acuerdos. Incluso se postuló sin éxito para ser magistrado de la justicia transicional, pero después pasó a ser un crítico del sistema, en sintonía con las posiciones de Duque, un férreo opositor de los diálogos. Más recientemente, ha sido cuestionado por su manejo impreciso de las cifras sobre asesinatos de líderes sociales, uno de los temas críticos que ha provocado oleadas de protestas contra el Ejecutivo.
Barbosa reemplazará al fiscal encargado, Fabio Espitia, pues el cargo en propiedad estaba vacante desde el pasado mayo, cuando renunció Néstor Humberto Martínez, quien a lo largo de su gestión estuvo frecuentemente asediado por presuntos conflictos de interés en el caso Odebrecht. Como cabeza del ente investigador, Martínez ventiló con frecuencia sus reparos al acuerdo de paz y dimitió después de que el sistema de justicia transicional –con el que mantuvo un enfrentamiento constante– negó la extradición del exlíder de las FARC Jesús Santrich y ordenó su liberación. Esa decisión provocó una crisis institucional que se saldó también con la renuncia de la ministra de Justicia, Gloria María Borrero. Santrich se convirtió en prófugo de la justicia y poco después anunció su rearme junto a otro grupo de excomandantes que se sumaron a las disidencias.
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