Las Juntas de Tratamiento de las tres prisiones donde se encuentran los líderes del procés, condenados a penas de entre nueve y 13 años de cárcel tras la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017, han decidido de manera unánime elevar la petición de semilibertad a través del tercer grado penitenciario. El departamento de Justicia de la Generalitat ha comunicado este jueves la decisión de esos órganos y ahora tienen hasta dos meses para ratificar la propuesta de grado que se ha hecho. El grado ha sido revisado de manera automática, ya que la ley establece que se debe estudiar cada seis meses y el plazo vencía el próximo día 9.In English“Un paso más, pero seguimos siendo presos políticos”, ha afirmado el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que ha expresado en Twitter: “Queremos la libertad a través de la amnistía, porque somos inocentes”.“El tercer grado no exime de la pena, es una forma más de cumplir con la pena”, ha asegurado el secretario de medidas penales de la Generalitat, Amand Calderó. Las Juntas de Tratamiento, ha recordado, están compuestas por sicólogos, juristas, trabajadores sociales y se tienen en cuenta los informes elaborados por los equipos de los módulos de las prisiones. Su propuesta ahora será estudiada por el Servicio de Clasificación de la Generalitat, que decide si la confirma. El Tribunal Supremo será la última instancia, en el caso de que la resolución del tercer grado sea recurrida y tras ser estudiada por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.Los nueve presos ya gozan desde hace tres meses de un régimen flexible de cumplimiento de las penas en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, lo que les autoriza a salir de la cárcel para trabajar, hacer voluntariado o cuidar de personas dependientes. Con este régimen solo tienen que estar en la cárcel cuando no están haciendo estas labores y durante el fin de semana. Hace seis meses, las Juntas ya habían elevado la petición de segundo grado, que fue ratificada por la Generalitat y Calderó ha recordado que la nueva revisión se hace de oficio. “La ley establece que no se puede mantener en un grado inferior a alguien que puede estar en uno mayor”, ha recordado el secretario, que también dijo que de promedio los políticos presos han estado ya dos años y medio en prisión.La decisión afecta al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; a los exconsejeros Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa; a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadel, y a los líderes de las entidades inependentistas Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium). Si se ratifica el tercer grado, eso implica que podrían dejar la cárcel el viernes por la mañana y regresar el domingo por la noche. Incluso podrían dormir en otros equipamientos de la Generalitat. Calderó ha aclarado que se trata de posibilidades que se evaluarán de manera “independiente” para cada uno de los presos. El tercer grado implica, además, la posibilidad de disfrutar de un máximo de 48 días de permiso ordinario al año, distribuidos en dos semestres. Como máximo, siete días seguidos por permiso.Con todo, el secretario de medidas penales ha recordado que el margen de dos meses para el estudio del Servicio de Clasificación nunca se suele agotar, dejando la puerta abierta a que la decisión pueda llegar mucho antes. Calderó sí ha descartado que se otorgue el grado de manera inminente y ha defendido la labor de los trabajadores de Justicia ante presiones externas. “Son funcionarios, son independientes y no obedecen a ninguna causa política”, ha dicho el secretario que sin embargo sí ha aceptado que sus decisiones tienen “consecuencias políticas”. De hecho, todas las Juntas de Tratamiento se han reunido a la misma hora como una manera de evitar “interferencias”.Pero la Generalitat no tiene la decisión final sobre la semilibertad de los presos. La Fiscalía ha recurrido en todos los casos la aplicación del artículo 100.2 a los nueve condenados por considerarlo que era un tercer grado encubierto, pero, también en todos los casos, los juzgados de vigilancia penitenciaria han avalado la decisión de la Generalitat, que ha vuelto a ser impugnada ante las audiencias provinciales por el ministerio público. Ese recurso no tiene efectos suspensivos, por lo que los presos siguen disfrutando de la semilibertad. Calderó no se quiso pronunciar sobre la posibilidad de que la Fiscalía recurra. “Si dependiera de la Generalitat, nunca habrían entrado a la prisión”, ha defendido.
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Las prisiones catalanas acuerdan por unanimidad la semilibertad para todos los presos del ‘procés’
