Chile se prepara para el plebiscito constitucional del 25 de octubre, cuando determinará si reemplaza o no la Constitución vigente desde 1980, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Los más de 14 millones de ciudadanos habilitados para votar, además, decidirán quiénes la redactarán: si 155 personas especialmente elegidas o una convención mixta, compuesta también por parlamentarios. A menos de dos meses del referéndum, existe un asunto central que todavía no ha sido resuelto por el Parlamento chileno: si los pueblos indígenas, que representan el 13% de la población, tendrán o no escaños reservados en el órgano de decisión. Justamente cuando en la Araucanía se vive una nueva escalada de violencia –con camioneros protestando por seguridad, bloqueando rutas y poniendo en peligro el abastecimiento–, la representación de los mapuches en una posible asamblea es un aspecto de especial relevancia para quienes apuntan a desactivar el conflicto atacando una de sus causas remotas: la exclusión política.
Es lo que explica el abogado mapuche Salvador Millaleo (Talca, 1973), uno de los más reconocidos expertos en asuntos indígenas, integrante de diversos grupos que ya debaten sobre los contenidos de una eventual nueva Constitución. Militante socialista, académico de Derecho de la Universidad de Chile con doctorado en Sociología en Bielefeld, Alemania, indica que de los 155 convencionales de la eventual convención constitucional –la opción que ganaría, de acuerdo a las encuestas–, deben sumarse 23 representantes de los nueve pueblos originarios.
“Lo central es que se asegure la participación a través de un principio de justicia política. La de las mujeres fue asegurada por la paridad, porque representan la mitad de la sociedad. En el caso de los pueblos indígenas, por lo tanto, debe corresponder a su proporción demográfica, el 13%”, explica Millaleo, al teléfono desde su casa en el municipio de La Florida, en la zona sur de la capital, Santiago. “El problema es que en Chile nos han acostumbrado a pensar que los pueblos indígenas son el 2% o 3%, porque vivimos en una sociedad que quiere pensarse a sí misma como no indígena. Pero es un porcentaje muy relevante, parecido al de México, que está en algo más del 15%”, reflexiona.
Si no es así, el proceso constituyente quedaría “bastante cojo”, según Millaleo, que informa que del 13% de población indígena que tiene Chile, un 10% es mapuche (es decir, unos 1,7 millones de personas). “Uno de los motivos declarados del estallido social de octubre pasado en Chile fue la exclusión de los pueblos indígenas. En las calles, la bandera mapuche fue la más usada, el símbolo de todo el resto de las injusticias. Por lo tanto, sería poco explicable que en una nueva Constitución –un proceso que se abrió justamente a causa de este movimiento de protesta–, no hubiese una preocupación central por la representación de los pueblos originarios”. Para el abogado, que integra como consejero el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en octubre “se produjo una suerte de empatía” entre los chilenos y las etnias originarias: “Todo lo que denunciaban los mapuches –las agresiones por parte de carabineros, las violaciones de los DD.HH., la represión innecesaria– los manifestantes lo vivieron en carne propia en el estallido social”.
Ciudadanos de segunda categoría
El abogado hace historia y se remonta a la formación del Estado. Explica que se trata de “un problema político, de poder, entre la sociedad chilena y el pueblo mapuche y que, por lo tanto, debe resolverse como tal”. De acuerdo con Millaleo, lo que ha ocurrido hasta ahora es más bien una exclusión de los pueblos indígenas: “Nominalmente son ciudadanos, pero la forma en que se construyó el Estado determina que son de segunda categoría y que para ser plenamente chilenos, tienen que dejar de pertenecer a su pueblo”. Es un asunto que está en la raíz de todos los conflictos, según el académico: “Si bien hay pobreza y violencia étnica, ambas han sido más bien una consecuencia de la exclusión política. Por ello, la nueva Constitución chilena debe resolver la exclusión política del pueblo mapuche y de los otros pueblos originarios”.
Chile tuvo una historia común con otros Estados coloniales. Pero a diferencia de otros países como Estados Unidos y muchos latinoamericanos, “Chile no logró consolidar un momento para empezar a revertir esta historia”. Por el contrario, señala Millaleo: “Los países democráticos comenzaron a compensar a los pueblos indígenas, a restaurar sus instituciones, a respetar sus culturas y –si bien en todas partes hay desigualdad–, los Estados han generado políticas inclusivas”. Sucedió en Latinoamérica desde los años ochenta, cuando Nicaragua debutó con una Constitución avanzada respecto de sus etnias. En paralelo, sin embargo, en Chile hace cuarenta años nacía la Carta Fundamental vigente. “La Constitución de 1980 fue mucho más rígida que todas las otras constituciones y no ha permitido hasta hoy un reconocimiento institucional de los pueblos indígenas. Su modelo neoliberal ha profundizado la pérdida de tierras y el empobrecimiento”.
Millaleo se refiere al modelo económico extractivo que empujó la dictadura militar y a la instalación de las forestales, mineras, salmoneras, pesqueras que, desreguladas, generan desarrollo económico, pero muy desigual: “Perjudican a muchas comunidades y al entorno natural y profundiza un conflicto de raíces históricas profundas”, cuya expresión más visible en los últimos años es la lucha por las tierras, dice. El abogado reconoce que los gobiernos de la democracia realizaron avances desde 1990, pero que “la elite no ha tenido la decisión de terminar con la exclusión”. “Si se afirma querer erradicar la violencia, el sistema político chileno debe abrir un camino a una solución genuina, porque los que ha abierto hasta ahora, en lugar de resolver el conflicto, lo escala aún más”, indica.
Hacia un Estado plurinacional
En el camino constituyente que con probabilidad se abrirá en Chile se debatirá sobre el tipo de reconocimiento a los pueblos indígenas, su alcance y contenidos básicos. Algunos sectores y expertos, como el propio Millaleo, indican que Chile debería definirse como un Estado plurinacional, es decir, “un Estado donde conviven con igual tratamiento las distintas naciones”. “Pero no se trata de repetir la misma experiencia de Bolivia y Ecuador. Chile puede tener su propia ruta hacia la plurinacionalidad”, reflexiona. De triunfar esta posición, los pueblos indígenas serían reconocidos como sujetos colectivos distintos y el Estado debería generar condiciones para que formen parte del proceso político. Podrían establecerse derechos como la autodeterminación interna, que implicaría que puedan resolver sus propios asuntos y definir su estatus político dentro del Estado. Este derecho tiene distintas expresiones: representación especial en los centros de poder, regímenes autonómicos o derechos colectivos que tengan relación a la salud, educación o lengua.
“Pero no está en riesgo la integridad territorial ni la unidad del Estado chileno”, aclara el abogado mapuche en relación a uno de los principales temores de los detractores de esta iniciativa. “Significa reorganizar y redistribuir el poder con los pueblos indígenas, no que se puedan separar”, añade.
En Chile existen agrupaciones indígenas radicales que buscan un quiebre constitucional con el Estado, como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), que desde fines de los noventa protagoniza acciones violentas para alcanzar su proyecto político. “Pero son grupos minoritarios. La mayoría del pueblo mapuche cree en la necesidad de un cambio de estatus dentro del Estado de Chile”, señala Millaleo. El abogado dice que no tiene “ninguna duda” de que esta es la visión que predomina: “La mayor parte de las organizaciones indígenas está entrando al proceso constituyente y la mayor parte del pueblo mapuche, además, rechaza la violencia”.
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