A raíz de la invasión de Rusia a Ucrania en el mundo se ha hecho más visible y generalizada la práctica internacional de algunos países o grupos de utilizar la imposición de sanciones unilaterales como arma de retaliación o constreñimiento contra personas, Estados y países. Esta forma agresiva de responder a supuestas o reales amenazas internacionales puede adoptar distintas formas, como restricciones económicas al comercio y la inversión, sanciones a funcionarios públicos con la cancelación o suspensión de sus visados, decertificaciones (desaprobaciones) de gobiernos por políticas públicas “deficientes” en materias sensibles como los derechos humanos, la protección del medio ambiente, el combate al terrorismo o la lucha contra las drogas. Esta lista de retaliaciones arbitrarias también contempla la estigmatización temeraria de economías por parte de agencias calificadoras de riesgos de inversión.
Estas medidas y acciones violan principios internacionales como la no intervención en los asuntos internos de los Estados, la solución pacífica de controversias y el respeto al derecho. Su unilateralidad viola normativas a nivel mundial, como lo ha expresado en varias ocasiones la Asamblea General de las Naciones Unidas al señalar que atentan contra “la igualdad soberana de los Estados, la no intervención y no injerencia en asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales”, consagrados en instrumentos internacionales vigentes. También contradicen normas regionales como los artículos 19 y 20 de la Carta de la OEA.
La imposición de sanciones unilaterales afecta de manera grave y permanente a espacios de relación entre países al restringir sus derechos de movilidad de bienes, servicios, capitales y personas. Por cuenta de estas zancadillas punitivas a la libertad económica, como las impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, el mundo vive hoy un fenómeno de desglobalización que lo está devolviendo a épocas superadas de nacionalismos proteccionistas, como los que se vivieron en el caso reciente de las vacunas, medicamentos y procedimientos médicos para superar la pandemia de la covid-19.
En América Latina se ha sentido el doloroso impacto de este tipo de medidas coercitivas en Cuba y Venezuela. El bloqueo económico de más de medio siglo contra Cuba ha convertido la isla en el George Floyd del unilateralismo punitivo, asfixiando la posibilidad de supervivencia digna de sus ciudadanos. El bloqueo de más de medio siglo de la economía cubana se ha visto agravado con las recientes y arbitrarias disposiciones antiterroristas contra un país que ha sido, al contrario de los infundados señalamientos, socio de los procesos más importantes de paz y reconciliación en la región. El pueblo cubano está viviendo hoy una verdadera tragedia humana por el impacto de más de 270 órdenes ejecutivas expedidas por el presidente de Estados Unidos que limitan su acceso a alimentos, medicamentos y servicios públicos. Entre 2019 y 2020, antes y durante la dura pandemia ocasionada por la expansión de la covid-19, el Gobierno cubano calculó las pérdidas en el sector salud en más de 160.000 millones de dólares.
En uno de los momentos más críticos de esta coyuntura sanitaria el Departamento de Estado impidió que las empresas de aviación Skywar Entreprises e IBC operasen vuelos hacia Cuba llevando insumos médicos. Como consecuencia de ello, los proveedores norteamericanos no pudieron entregar a MEDICuba ventiladores pulmonares que ya habían sido contratados porque la empresa que los desarrollaba fue adquirida por otra compañía estadounidense.
El bloqueo también incidió negativamente en los esfuerzos cubanos por desarrollar vacunas. De acuerdo con un informe de la ONG Oxfam, la imposibilidad de importar suero de ternera o albúmina bovina (para la fabricación de vacunas con cultivos para crecimiento de microorganismos patógenos), que se podría adquirir a Boca Raton Biotech Company en Estados Unidos y cuyo envío solo requiere 17 horas, obligó a La Habana a importarlo desde Nueva Zelanda y Alemania, en trayectos que oscilan entre 18 y 24 días.
El Gobierno de Trump llegó a impedir el envío de remesas de cubanos a sus familiares en la isla e introdujo más límites para la compra de productos cubanos por turistas estadounidenses, lo cual ha tenido efectos en una drástica reducción de las divisas que son clave para la compra de alimentos o la producción de los mismos utilizando insumos importados.
Una situación similar se vive en Venezuela, donde el embargo de las ventas petroleras redujo al 1% los ingresos en divisas con las previsibles consecuencias en materia de deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos y su decisión de migrar masivamente hacia otros países. En marzo de 2015, el Gobierno de Barack Obama declaró a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos e impuso sanciones individuales y colectivas contra el país. Las más agresivas fueron adoptadas, sin pasar por el Congreso, a través de la orden ejecutiva 13808, de 2017, que impidió que PDVSA, la estatal petrolera, pudiese exportar petróleo y que el Estado venezolano emitiera bonos de deuda pública, cuya adquisición fue prohibida por el Gobierno de EE UU.
En 2019, las sanciones fueron reforzadas con la orden ejecutiva 13857 por medio de la cual buena parte de los activos del Estado venezolano fueron arbitrariamente adjudicados al denominado Gobierno interino de Juan Guaidó, quien, en una decisión sin precedentes en la historia diplomática del mundo, fue reconocido por EE UU y los países de la Unión Europea como “presidente legítimo” de Venezuela sin tener Gobierno al mando ni país sobre el cual ejercer.
Las últimas sanciones redujeron los ingresos públicos en un 99% en plena pandemia, poniendo a Venezuela en la más precaria y difícil situación de supervivencia de todos los países de la región. La crisis humana se convirtió, por cuenta de las sanciones, en una verdadera tragedia, por no decir en un genocidio. Las generadoras de electricidad estuvieron trabajando durante 2019 y 2021 a menos del 20% del total de su capacidad. La distribución de agua se vio interrumpida como resultado de las sanciones, que redujeron en un 30% el acceso a agentes químicos para potabilizarla. Se produjo también una escasez de vacunas contra la covid, el sarampión, la fiebre amarilla y la malaria, así como una reducción significativa de pruebas para VIH, lo cual derivó en un aumento de la tasa de mortalidad, especialmente la infantil.
La congelación de activos venezolanos de la CITGO y las sanciones sobre PDVSA impidieron que se realizarán trasplantes de hígado y médula ósea a niños venezolanos. El apoyo público a la educación escolar y universitaria disminuyó, incluyendo la disponibilidad de comidas diarias en las escuelas. Programas como Canaima, que consistía en la entrega de computadores portátiles gratuitos para niños de primaria y secundaria, fueron suspendidos.
Como resultado de las sanciones unilaterales, en 2018 se produjo una contracción brutal del PIB cercana al 16%. En 2019, justo antes de la pandemia, esta cifra llegó al 37,4%. Al mismo tiempo, se registró una caída de importaciones cercana al 40%, especialmente en productos básicos. Venezuela se enfrentó a la covid con una de las peores recesiones de su historia provocada por las sanciones. En marzo de 2019, el mes de mayor impacto de las sanciones, la producción de petróleo cayó a niveles históricos: 289.000 barriles al día.
No es de extrañar entonces que la relatora especial de Naciones Unidas, Alena Duhan, confirmara que las medidas unilaterales impuestas contra Venezuela habían “exacerbado las calamidades preexistentes” y alertara sobre su efecto en derechos como la vida, la salud, la alimentación y el desarrollo, conminando a Estados Unidos y la Unión Europea a su levantamiento inmediato.
El impacto humano de las sanciones ha creado en los países bloqueados unos verdaderos cercos medievales que buscan doblegar la voluntad de los gobiernos, afectando a la vida y la integridad física de sus ciudadanos, especialmente los más necesitados y vulnerables. Por eso, las sanciones unilaterales que juegan con la vida o las condiciones de desarrollo de millones de personas a cambio de unos dividendos políticos o económicos son inmorales: la vida de un ser humano no es negociable.
La coacción, la intimidación y el chantaje para conseguir cambios políticos en Cuba o en Venezuela mediante la utilización de castigos unilaterales que golpean a la población son contraproducentes y equívocas, porque endurecen la posición de los gobiernos y le restan legitimidad a las salidas dialogadas o inscritas en los mecanismos de participación democrática, en la medida en que condicionan o limitan el voto libre de los electores.
No habrá elecciones libres en los países afectados por medidas unilaterales internacionales mientras exista contra los electores la amenaza —como una pistola en la sien— de sanciones de las cuales dependen sus vidas, su salud y su trabajo.
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