La verdad sobre el papel de los militares en el conflicto armado colombiano ha generado unas enorme expectativa y también polémica tras la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Tribunal creado en los acuerdos de paz entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC. Poco más de 1.950 miembros de la fuerza pública, entre ellos soldados y generales, como el excomandante del Ejército, Mario Montoya, se han acogido a este Tribunal que les otorga beneficios jurídicos como libertad condicionada si dan información que contribuya a esclarecer los delitos.
Sin embargo, víctimas y organizaciones que las representan denuncian que estos altos mandos no están cumpliendo con “aportar la verdad” sobre las ejecuciones de civiles a manos del Ejército, mal llamadas falsos positivos. Y ahora pasaron de la denuncia a la solicitud formal de que varios de al menos tres altos oficiales pierdan los beneficios que tienen por haberse acogido a la JEP o que directamente sean expulsados del Tribunal de Paz.
Una de las solicitudes es contra Montoya, que ha sido mencionado por víctimas y algunos uniformados en hechos relacionados con el macro caso 03 –“muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”–. Montoya fue comandante del Ejército entre 2006 y 2008, precisamente los años en los que se presentaron más casos de ejecuciones de civiles que la Fiscalía calcula en más de 2.248 casos en todo el país.
Durante una audiencia voluntaria en febrero pasado, el exjefe del Ejército evitó responder preguntas de los magistrados y generó indignación entre las familias de las víctimas cuando le preguntaron cómo evitar este tipo de crímenes y dijo que “no era fácil” porque al Ejército ingresaban jóvenes “de abajo, los de estrato uno, no van los estratos dos, tres y cuatro” y que era necesario enseñarles asuntos básicos como “utilizar el baño y los cubiertos”. Sus palabras fueron interpretadas como una estrategia para señalar que las ejecuciones extrajudiciales eran obra de soldados díscolos, “manzanas podridas” o casos aislados y no un acto que involucra a la cadena de mando.
La petición de las víctimas, que tiene 48 páginas, asegura que el carácter sistemático de estos hechos ya fue probado en la justicia ordinaria y que Montoya, al abstenerse de “decir la verdad, negar el conocimiento que tenía de los hechos, pretendiendo mostrarse como ajeno a las muertes ilegítimamente presentadas en combate por agentes del Estado” se burla de las víctimas y obstaculiza el trabajo de la JEP. “Hasta la fecha han sido dictadas más de cien sentencias condenatorias en relación con crímenes ejecutados durante la comandancia de Mario Montoya, donde la existencia de patrones de ejecución, han sido corroborados”, dice el documento firmado por Jaqueline Castaño, cuyo hermano fue presentado como víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Soacha, en la periferia de Bogotá.
Pero no solo se están presentando acciones ante la JEP; abogados de víctimas interpusieron una acción de tutela contra la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia para que avance en las investigaciones de un caso en el que el exjefe del Ejército está imputado desde 2016. “La tutela busca no solo que se avance finalmente con la imputación de cargos al general retirado Montoya por el homicidio de Juan Diego Montoya, joven presentado como muerto en combate, sino que se reconozca la vulneración a estos derechos por la actuación de la Fiscalía delegada ante la CSJ”, explicó Sebastián Escobar, abogado que lleva el caso. Debido a que el general se sometió a la JEP y aunque eso no impide que siga la investigación ordinaria, la Fiscalía se abstiene de privarlo de la libertad. “En la práctica esto quiere decir que personajes como Montoya se están beneficiando al permanecer en la JEP y estar libres aunque no estén aportando verdad para las víctimas”, agrega.
Otros casos
El del exjefe del Ejército no es el único caso de este tipo. Víctimas también presentaron un “incidente de incumplimiento” contra el coronel Publio Hernán Mejía y el sargento Efraín Andrade, excomandante y jefe de Inteligencia del Batallón La Popa, respectivamente. Mejía ha sido condenado a 19 años de cárcel y se sometió a la JEP con lo cual goza de libertad condicional.
A pesar de tener seis procesos judiciales por “homicidio en persona protegida, el coronel Mejía participó en un foro de precandidatos presidenciales del Centro Democrático, partido del actual presidente Iván Duque, y a través de sus redes sociales ha hecho pronunciamientos que son considerados un ataque a las víctimas. Recientemente generó un debate público con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, otra de las instancias creadas tras el acuerdo de paz. El presidente de la Comisión, Francisco de Roux, canceló un simposio al que había sido invitado el coronel. Mejía “ha negado responsabilidades y la Comisión ha recibido grupos de víctimas de esos casos. En esas condiciones la Comisión, por decencia con las víctimas y no revictimización de las mismas, no puede dar una plataforma en la que el coronel haga una legitimación pública de su comportamiento, cosa que él ha hecho ya legitimando su conducta en otros escenarios”.
Tanto el coronel como el sargento aparecen mencionados en el informe ‘Y volveremos a Cantar’ que documenta 164 casos que agrupan 303 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el caribe colombiano en los cuales ambos tendrían conocimiento o algún grado de participación. Sin embargo, según los abogados del Colectivo José Alvear Restrepo y el Comité de Presos Políticos, ambos han sido evasivos al hablar de las muertes ilegítimas y de la relación del batallón con paramilitares.
La respuesta a estas solicitudes está ahora en manos de la Sala de Reconocimiento de la JEP, pero su procedimiento no es sencillo y se deberá demostrar que los militares están mintiendo o actuando para repetir crímenes; mientras eso ocurre, estos altos oficiales podrán mantener sus beneficios jurídicos para indignación de los familiares de las víctimas.
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