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Le niegan la entrada a un ciudadano por 8 años

Agentes de inmigración de Estados Unidos aseguraban que no era ciudadano y le negaron la entrada a su propio país por 8 años, por lo que se vio forzado a vivir en México. Sin embargo, tras una batalla que peleó en tribunales federales, por fin recibe justicia.

Óscar Olivares nació en el condado Los Ángeles el 10 de agosto de 1969, pero en ese entonces su madre era indocumentada, y por miedo tuvo a su hijo en una casa y lo registró casi 5 meses después, sin saber que en el futuro pasarían por esta amarga experiencia.

A pesar de contar con un acta de nacimiento de Los Ángeles y una licencia de conducir, durante 8 años le impidieron ingresar a Estados Unidos.

Su pesadilla inició en 2011 casi al mismo tiempo en que viajó a México a ayudar a su esposa a obtener su residencia permanente.

Dice que le negaron la residencia por la “carga pública”

En una demanda impuesta por la Unión Americana de las Libertades Civiles (ACLU) se asegura que en el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, agentes afirmaban que el acta de Olivares era falsa e intimidaron a su propia madre a que firmara documentos donde aceptaba que en efecto lo era.

Una abogada de ACLU dijo que habrían amenazado a la madre a que de lo contrario ella perdería su ciudadanía y que la acusarían junto a su hijo de obtener un acta de nacimiento fraudulenta.

En agosto de 2011, Olivares, quien nació y se crió en Los Ángeles, intentó ingresar a su país por la garita de Calexico, pero ya no pudo. Fue detenido durante la noche por oficiales de CBP, le quitaron su acta, su Seguro Social y lo expulsaron a México.

Sin mayor explicación, nunca pudo localizar su caso en la corte migratoria. Durante tres años, llamó y acudió a la garita de Calexico, pero nada y así se vio forzado a vivir en México.

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La ACLU tomó su caso y el miércoles un juez finalmente decidió a favor de Olivares, permitiéndole regresar a Estados Unidos.

En un comunicado, ACLU dijo que están encantados con Olivares y su familia y continuarán apoyándolo mientras intentan reconstruir su vida después de esta terrible experiencia de casi una década.

La organización recalcó que la ciudadanía de Estados Unidos es uno de los derechos más preciados protegidos por la constitución y que el gobierno no puede quitarla sin proveer evidencia clara que demuestre lo contrario.




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