Después de una audiencia de 11 horas, un juez federal levantó la prisión domiciliaria a Gilda Sofía Austin y Solís, madre de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex acusado de corrupción y lavado de dinero. Lo anterior fue a partir del tratado internacional, que entró en vigor a principios de este año por mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Luego de más de tres años de permanecer en su casa, derivado de las acusaciones de lavado de dinero y asociación delictuosa en el caso Odrebecht, la señora de 75 años ahora podrá salir a la calle, pero con un brazalete electrónico y vigilancia policial permanente. De igual manera, no podrá salir del país ni de la Ciudad de México.
El arresto domiciliario fue modificado a determinación del juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, con base en la Convención Interamericana para los Derechos Humanos de los Adultos Mayores, ratificada por López Obrador el 10 de enero de este año, y que establece que los adultos mayores tienen derecho a vivir una vida plena, independiente y libre de violencia.
La Convención, que define al adulto mayor como una persona mayor de 60 años, tiene como objetivo “promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad”.
Cabe destacar que ni la defensa de Gilda Sofía, ni los abogados de Lozoya, hicieron mención de este tratado, adoptado por Estados Unidos en junio de 2015. Sin embargo, el juez resaltó durante la audiencia que el mandatario ratificó el tratado y lo incorporó en el ordenamiento jurídico, reportó El Universal.
Aunque se eliminó la prisión domiciliaria de su sentencia, la señora Austin y Solís quedó inconforme con las restricciones de no salir del país y de que la policía la vigile permanentemente. Sobre este última, aseguró que esta le ocasionó estrés post traumático en el periodo que permaneció en resguardo domiciliario.
“¿Qué puedo hacer? El hecho de que una persona nos esté vigilando me pone terrible“, le manifestó la señora al juez, informó El Universal.
El juez dio un plazo de tres días hábiles a la defensa de la madre de Lozoya para habilitar el brazalete electrónico, una vez activado “podrá deambular”.
La Fiscalía General de la República anunció ayer por la noche que apelará la decisión del juez, pues aseguró que la madre del exdirector de Pemex cuenta con recursos económicos para evadir la justicia.
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