El Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández afirmó que la Ley Minera fue aprobada con un ajuste después de un análisis con legisladores y “actores interesados” y sostuvo que la legislación pone un “freno” a la actividad minera y se da preferencia al derecho al agua.
“Lo más importante que contiene la iniciativa es que se le quita el carácter de preferente a la actividad Minera, se le pone digamos un freno”, declaró este martes durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien sustituye en las mañaneras.
“Ahora se le da preferencia al derecho humano al agua”, añadió, al tiempo que dijo que antes se daban las concesiones a perpetuidad pero “ahora comienza a regularse la actividad”.
El funcionario reconoció que durante la discusión surgieron inquietudes del sector, así como de defensores de derechos humanos y del medio ambiente. No obstante, sostuvo que estas fueron analizadas y atendidas, a pesar de las críticas del sector.
Explicó que la primera concesión de las empresas tendrá una duración de 30 años con derecho a una prórroga por 25 años más. Además, cuando se busque una tercera prórroga se podrá participar en una subasta y tendrá el derecho preferente.
Afirmó que con el dictamen ya no habrá una disparidad entre la concepción minera y la concesión este de agua, ya que se modificó la duración.
“Ahora podrá ser, deberá ser, medido el consumo de agua para uso minero y la autoridad determinará en cualquier momento cuando haya la disponibilidad total del acuífero para uso humano que se dé ese uso”, indicó.
Aclaró que era “inviable”, como se planteaba al inicio, que se otorgara el permiso de exploración por mineral, ya que durante los trabajos de podrían encontrar otros componentes no contemplados al inicio.
“Se le otorga digamos por oro y por plata pero en el transcurso de la explotación pues puede encontrar zinc, puede encontrar algún otro mineral”, apuntó.
La Cámara de Diputados votó el viernes a favor de una reforma a la legislación minera del país, que incluye limitaciones a las concesiones y reduce sus plazos, endurece permisos de extracción de agua y fija la devolución de algunos beneficios.
El país latinoamericano es el primer productor mundial de plata y uno de los mayores de cobre y oro. Desde que AMLO asumió el cargo a fines de 2018, se ha negado a ofrecer nuevas concesiones mineras, argumentando que los gobiernos anteriores dieron demasiadas.
Mientras que la ley actual otorga las concesiones mineras por 50 años con derecho a prórroga, la nueva legislación, aprobada con 251 votos a favor y 209 en contra, reduce a 30 años la duración de los permisos, con solo una prórroga de 25 años, tras la que las empresas deben volver a concursar. No obstante, suaviza las expectativas del proyecto original impulsado por López Obrador, que preveía solo 15.
Además, las reformas obligarían a las compañías del sector a devolver al menos el 10% de los beneficios a las comunidades y a revelar el impacto de sus operaciones.
Si se aprueba en el Senado, también prohibiría la explotación de minerales o sustancias, y la disposición final de los residuos mineros en áreas naturales protegidas, humedales, cauces y zonas federales de aguas nacionales, obras y trabajos de exploración.
Igualmente, permitirá que el Gobierno solo otorgue concesiones de minas mediante un concurso público y con una consulta previa a pueblos originarios, además de facilitar la revocación de la licencia por daños al medioambiente.
(Con información de Reuters y EFE)
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