Una chica entra en un estanco del barrio madrileño de Usera. Está en condiciones de higiene pésimas, le cuesta expresarse, pero logra contar a la persona detrás del mostrador que lleva tres días encerrada en una habitación. Allí ha sido retenida y violada. Este fue uno de los testimonios clave que permitió la semana pasada la detención de 37 personas que habían montado una red de explotación sexual y de tráfico de drogas para la que utilizaban a otras nueve menores, según los resultados de la investigación.
Una de las menores explotada por esta red fue derivada en abril por la Policía a los centros de protección de la Comunidad “debido a su situación extremadamente vulnerable”, explica un portavoz de la Consejería de Familia. Una vez se encontraba en el centro de Picón, en la localidad de Paracuellos de Jarama, la menor comenzó a explicar a los profesionales la situación en la que se encontraba y a detallar cómo había recibido dinero y droga a cambio de mantener relaciones sexuales con diferentes adultos. La directora del centro relató los hechos a la Policía e impulsó la investigación. Estas pesquisas permitieron comprobar que al menos otras tres menores que llegaron a centros de protección de la Comunidad por otros motivos también habían sido explotadas por este grupo. Ahora una de ellas continúa bajo la tutela de los servicios públicos y otra de ellas ya es mayor de edad.
Las menores explicaron que los ahora detenidos contactaban con ellas a través de redes sociales y, mediante promesas de ganar dinero, las convencían para encargarse de vender droga. En estos intercambios, la red aprovechaba para ofrecer también mantener relaciones sexuales con las menores a los clientes. Las chicas realizaban muchos de los repartos de droga en patinete.
Estas violaciones sucedían en zulos, en el polígono Marconi, conocido por ser una zona habitual de prostitución, y en narcopisos. La chica del estanco pasó tres días sin poder salir de una de estas viviendas en Usera y su testimonio fue “fundamental” para apuntalar las investigaciones de la Policía. La adolescente incluso facilitó un croquis del lugar de su cautiverio. Otras fueron forzadas a mantener relaciones en un sótano sin ventilación de una peluquería de la calle del Monte Igueldo, en Puente de Vallecas. Allí, los agentes encontraron dos de los sillones típicos de las peluquerías de color ocre cubiertos por sábanas moradas y una cámara fotográfica que ahora investigan por si pudiera contener material pornográfico de las víctimas.
Un preso y un rapero
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Uno de los implicados en la red se encuentra en prisión desde septiembre por un homicidio ocurrido en esa misma calle. Se trata de un ciudadano marroquí de 52 años que acabó presuntamente con la vida de un español de origen ecuatoriano de 65. Otro es Saymol Fyly, un rapero con 154.000 suscriptores en su canal de YouTube. Para detener a los 37 implicados se desplegó hace unas semanas un operativo de más de 150 agentes. En los registros se encontró también una pistola y un machete.
Uno de los detenidos acumulaba más de 40 detenciones, cuatro de ellas por delitos sexuales, y algunos de ellos estaban en posesión de cocaína cuando se les arrestó. Ocho de ellos han pasado a disposición judicial. De los 37 implicados, tres son mujeres, una de ellas es la que mantenía retenida a la chica secuestrada en Usera que logró escapar para pedir ayuda. La mayoría son de origen dominicano y las menores son españolas, a excepción de una rumana y otra dominicana, informan fuentes policiales.
Los investigadores pudieron constatar que los cabecillas de la red agredieron sexualmente a las niñas. Uno de ellos llegó a pedir personalmente un coche con conductor para trasladar a una de ellas de uno de los narcopisos al lugar en el que se encontraba él, y allí la violó junto con otros adultos. “Los detenidos hacían a las chicas consumir droga para poder someterlas más fácilmente”, detallan fuentes policiales. Ahora, los detenidos deberán enfrentarse a las acusaciones de agresión sexual, prostitución de menores, tenencia de pornografía infantil, detención ilegal y delito contra salud pública.
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