Lituania aprobó este martes en el Parlamento unas enmiendas a su Ley de Fronteras Estatales y su Protección que legalizan la detención de migrantes y las devoluciones en caliente en su territorio colindante con Bielorrusia, que se extiende a lo largo de 678 kilómetros en los que se han documentado ampliamente violaciones de derechos humanos. La nueva legislación ya había sido aprobada en una segunda lectura parlamentaria el pasado jueves y está previsto que entre en vigor el próximo 1 de junio, una vez que el presidente del país, Gitanas Nauseda, la firme. La nueva ley se aplicará solo cuando se decrete el estado de emergencia. Entre sus disposiciones, incluye la creación de un cuerpo fronterizo formado por voluntarios civiles armados.
Este nuevo cuerpo de guardia fronteriza civil es uno de los aspectos que más inquieta a las organizaciones de derechos humanos, que temen que el modelo que se pretende imitar sea el de la fuerza análoga que existe en Hungría desde 2016, cuando ese país aprobó una ley que legaliza las devoluciones en caliente hacia Serbia. Para ese cometido se formó un cuerpo de agentes que adquirieron el apodo de “cazadores de migrantes”, después de que los tribunales internacionales constataran el uso por parte de los guardias de armas de fuego, gases lacrimógenos y perros adiestrados.
Copiar este modelo de vigilancia implicará que las evaluaciones individuales de las amenazas en la frontera sean llevadas a cabo exclusivamente por estos agentes civiles, que no son profesionales, han criticado más de 300 organizaciones de defensa de los derechos humanos y un centenar de académicos de todo el mundo en una carta dirigida a la presidenta del Parlamento, Viktorija Čmilyte-Nielsen, a la primera ministra, Ingrid Šimonyte, y a todos los diputados lituanos. En la misiva, los firmantes han alertado de que la ley ahora modificada no solo viola el derecho a un procedimiento de asilo justo y el principio de no devolución; también restringe la asistencia humanitaria y las actividades de vigilancia por parte de las ONG.
Este proyecto, añade Emilija Švobaitė, abogada y voluntaria de la ONG lituana Grupo Siena, es la consagración de “una práctica muy dudosa. Hablamos de jóvenes pobremente formados, pero con armas, a los que se les va a dar poder. Es una caja de Pandora para las violaciones y maltratos”.
Lina Grudulaite, directora del Instituto Lituano para los Refugiados, advierte a su vez de que la nueva legislación fronteriza lituana puede suponer que las personas pierdan la oportunidad de acceder a procedimientos de asilo justos en el país. “Otros países de la UE pueden seguir el ejemplo y legalizar las devoluciones”, teme. Las políticas de rechazo en frontera de Hungría, los planes del Reino Unido para enviar a solicitantes de asilo a Ruanda y la reciente declaración del estado de emergencia migratorio en Italia apuntan en esa misma línea.
Vallas y centros de detención
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En realidad, las enmiendas aprobadas este martes otorgan rango de ley a unas prácticas que la república báltica ya estaba aplicando. Tradicionalmente, Lituania, miembro de la UE, no solía registrar más allá de unos centenares de entradas irregulares por su frontera con Bielorrusia, un país aliado del Kremlin. La situación cambió en el verano de 2021, cuando el número de entradas irregulares desde Bielorrusia a Lituania comenzó a aumentar en la frontera común y Vilnius acusó al país vecino de permitirlos y hasta fomentarlos. Las autoridades lituanas arguyeron que se trataba de una estrategia para desestabilizar Occidente orquestada por el presidente bielorruso, Aleksandr Lukashenko, quien permitía la entrada como turistas de migrantes procedentes de Irak, Siria y Afganistán, y de países del África subsahariana, que luego seguían camino para intentar cruzar la frontera a la UE.
Fue entonces cuando Lituania adoptó un decreto ley que permite denegar automáticamente el derecho a la protección internacional a los solicitantes de asilo e internarlos en centros de detención cuando se declare una situación de emergencia a escala estatal debido a una supuesta afluencia masiva de extranjeros. Sin embargo, la frontera lleva ya en estado de emergencia desde que empezó la crisis con Bielorrusia. El Gobierno también ordenó construir una valla en la frontera y autorizó a los guardias a devolver a suelo bielorruso a quienes cruzasen irregularmente. Los datos del Ministerio de Interior lituano revelan que desde el inicio de la crisis migratoria con Bielorrusia se han impedido 20.167 entradas irregulares en el país. En lo que va de 2023, han sido registrados otros 850 intentos.
“Es muy importante entender el contexto geopolítico porque tenemos la guerra en Ucrania, y a Bielorrusia de vecino, que coopera con Rusia. En Lituania la gente tiene miedo y es realmente fácil justificar cualquier medida en la seguridad nacional. Lo comprobaron cuando construyeron la valla: el número de migrantes bajó, así que ahora quieren continuar con esta política porque aseguran que si abren la frontera vendrán miles de personas provenientes de la migración organizada de Lukashenko. La narrativa funciona: no se pueden cambiar las políticas mientras él sea nuestro vecino”, explica Lina Vosyliute, impulsora del Grupo Global de Líderes Lituanos sobre Migración y antigua investigadora principal del Centro de Estudios Políticos Europeos (CEPS).
De las casi 4.500 personas que han cruzado la frontera europea en el último año y medio, solo un centenar ha obtenido protección, según el Instituto Lituano para los Refugiados, mientras que el resto están encerradas en centros de detención o han sido obligadas a regresar a sus países de origen. “Esta ley es solo para cuando se den situaciones extremas en el país, pero solo 4.000 personas han entrado en comparación con los 40.000 ucranios que han recibido protección”, compara Emilija Švobaitė, abogada y voluntaria de la ONG Grupo Siena.
Silencio de Europa
En julio de 2022, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que la devolución en caliente era una práctica ilegal e incompatible con la legislación europea y que la declaración de una situación de emergencia no exime al Estado de su obligación de garantizar el acceso al procedimiento de asilo. Hace pocas semanas, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa publicó un informe en el que se concluía que las autoridades de países como Lituania han utilizado prácticas equivalentes a la tortura. El Departamento de Estado de Estados Unidos divulgó también hace menos de un mes otro estudio sobre estos atropellos.
La Comisión Europea no se ha pronunciado hasta ahora sobre la nueva legislación de fronteras lituana. El pasado jueves, tras la segunda lectura de las enmiendas a la norma, la Comisión respondió que está siguiendo “activamente” la evolución legislativa del país, pero que, dado que el diálogo con las autoridades lituanas está en curso, no puede por el momento proporcionar una evaluación concluyente.
Lituania ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, la Convención de Ginebra de 1951, así como las directivas de asilo de la UE y el Código de Fronteras Schengen, que prohíben las devoluciones forzosas y la tortura y obligan a los Estados democráticos y soberanos a asumir la solidaridad internacional con quienes huyen de la guerra, la persecución u otro tipo de violencia genérica.
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