La Compañía de Jesús ha hecho algo necesario y digno de subrayar: investigar décadas de pederastia en sus centros y asumir el pago de reparaciones a las víctimas. Esta iniciativa, además de su valor específico, tiene también la virtud de evidenciar el agujero negro en el que otras órdenes religiosas, la inmensa mayoría de las diócesis y la Conferencia Episcopal Española siguen en lo que respecta a los abusos a los menores que familias españolas depositaron a su cargo.
Por primera vez en España —salvo el acuerdo puntual y reciente de los maristas de Cataluña con 25 víctimas— una orden somete a escrutinio su andadura en esta realidad criminal, que en general se ha ocultado en los confesionarios, el secreto y, en el mejor de los casos, las oscuras investigaciones canónicas sin vía judicial. Tras dos años de trabajo, los jesuitas, que gestionan 68 centros educativos en España, han admitido abusos sobre 81 menores y 37 adultos. Las vías para seguir investigando futuros casos siguen abiertas. Demuestra así esta orden situarse en el lugar apropiado: el de la investigación, la transparencia y la reparación a las víctimas, dentro del paradigma cristiano al que las órdenes se dicen fieles pero, sobre todo, dentro del cumplimiento de la legalidad civil, que es a la que siempre debieron obedecer.
Tras los grandes escándalos que estallaron en los últimos años en varios países, el Papa convocó una cumbre en febrero de 2018 que reunió en el Vaticano a representantes de las conferencias episcopales de todo el mundo. El esfuerzo fue encomiable e insólito, pero, a pesar de las promesas de llegar a la verdad y entonar el mea culpa, lo cierto es que apenas se avanzó. La cumbre concluyó con unos compromisos vagos —”la Iglesia no se cansará de hacer todo lo necesario para llevar ante la justicia a quienes hayan cometido tales crímenes”— que decepcionaron a las víctimas y que, en última instancia, han dependido de cada diócesis y conferencia episcopal.
Un año y medio después de la cumbre, la Santa Sede publicó un vademécum, una especie de manual de actuación ante cada caso. En este tiempo, algunas diócesis también han aprobado protocolos de actuación. Y la Conferencia Episcopal Española creó una comisión cuyos objetivos quedaron a años luz de las de sus homólogas de Francia, Irlanda, Polonia y EE UU, donde se abrieron investigaciones a gran escala y se proyectaron indemnizaciones. En España, la Fiscalía General del Estado mostró su preocupación en junio de 2019 por la opacidad del clero y puso como ejemplo las comisiones independientes creadas en Holanda o Australia, con conclusiones concretas sobre miles de víctimas. El paso dado por los jesuitas es, por tanto, ejemplarizante y necesario. Están donde hay que estar. La Conferencia Episcopal, las diócesis y otras órdenes lo deberían imitar.
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