Leilani Farha es una abogada canadiense que lleva un lustro entrando en las casas más precarias e inhabitables del planeta. Lo hace desde que fue nombrada relatora especial de la ONU para la vivienda digna en mayo de 2014. También se deja caer por foros, congresos y debates internacionales para llevar un mensaje: tener una casa con cuatro paredes, un techo, suelo, agua potable y saneamiento, es un derecho humano universal. Es el que lanzó alto y claro ante los cientos de autoridades reunidas en Durban (Sudáfrica) en la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales, organizada este noviembre por la red global Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).
Una de cada ocho personas en el mundo vive en chabolas en asentamientos informales. Son más de 1.000 millones de seres humanos. Y el 80% se concentran en tres regiones: Asia oriental y suroriental (370 millones), África subsahariana (238 millones) y Asia central y meridional (227 millones), según el último informe de seguimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El número 11, dedicado a las ciudades, llama expresamente a “asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, y mejorar los barrios marginales para 2030”. Farha tiene tarea. Este tema, lamenta, todavía no entra en la lista de prioridades de los donantes en sus programas de desarrollo. Tampoco de los Gobiernos.
Pregunta. ¿Cuál es su propuesta sobre cómo se debe tratar el problema de los asentamientos informales?
Respuesta. En el debate de si erradicar o reformar, la palabra que yo uso es actualizar. Creo que los asentamientos informales tienen que ser mejorados de acuerdo con los estándares internacionales que marcan los derechos humanos, específicamente si no tienen acceso a los servicios básicos como agua, saneamiento, recolección de basuras o electricidad. Y hay muchos así por todo el planeta. Un cuarto de la población urbana mundial vive en slums. Es una cantidad enorme: unos 1.800 millones de personas si sumamos las que viven en casas inadecuadas y las que están en situación de calle.
P. ¿Cuáles son tales estándares?
R. Las actuaciones de mejora tienen que mantener a la comunidad en el lugar donde vive. Es lo ideal, aunque a veces no es posible. Cuando sí se pueden hacer mejoras sin desplazar a la población, debe haber participación de los afectados, que estén involucrados en la discusión real sobre qué tipo de vivienda quieren. ¿Qué es lo primero que hace la gente cuando se muda a nueva casa? Pinta las paredes a su gusto, la decora, echa abajo una pared para abrir el espacio… ¿Por qué iba a ser distinto para quienes residen en asentamientos informales? Estas comunidades tienden a ser bastante modestas en sus peticiones, solos quieren un sitio decente y seguro para sus familias. Me sorprende lo preocupados que están algunos Gobiernos, que temen que estas intervenciones sean muy costosas. Pero al final, si tienes un plan, lo implementas y dejas a la gente de lado, no dará buenos resultados.
Una de cada ocho personas en el mundo vive en chabolas
P. ¿Hay que intervenir también en el entorno?
R. La actualización también pasa por pavimentar calles, instalar sistemas de drenaje y las infraestructura esenciales que no existan. Estuve en Nigeria en septiembre y los asentamientos informales allí carecen de servicios básicos y sufren inundaciones continuamente. Es increíble. Pienso en las personas mayores, con discapacidades, los niños pequeños… que básicamente no pueden abandonar su comunidad cuando todo se anega y llena de lodo. No siempre se habla sobre este tema porque no es muy atractivo, pero es importante.
P. Dice que estas mejoras no son tan caras como temen los gobernantes. Pero muchos países en desarrollo no tienen recursos para realizarlas.
R. No estoy segura de que eso sea del todo cierto. Hay que tener en cuenta todo el sistema financiero y no solo cuánto dinero está disponible para una intervención en particular. Aun si aceptamos que no hay muchos recursos, lo que he visto es que los hogares con ingresos modestos son muy ingeniosos y colaboran entre ellos. Comparten recursos, por ejemplo, un caballero conoce a alguien que tiene una compañía de cemento, este conoce a la maderera, que a su vez tiene pintura… Y trabajan juntos para levantar gradualmente sus propias viviendas, unas cómodas para ellos.
P. ¿Encuentra resistencia en las autoridades con las que se reúne para hablarles del derecho humano a la vivienda digna?
Estas comunidades tienden a ser bastante modestas en sus peticiones, solos quieren un sitio decente y seguro para sus familias
R. Todas las autoridades con las que me reúno reconocen que se enfrentan a una crisis de vivienda y que hay demasiada gente sin hogar. Aceptan que el crecimiento de los asentamientos informales no es sostenible. Pero la mayoría no saben nada acerca del derecho a la vivienda, especialmente en el nivel local. Están abiertos a hablar sobre ello y aprender, pero llega un momento en el que expresan que no saben qué pueden hacer. Ese ha sido mi trabajo recientemente: tratar de desarrollar herramientas y entablar conversaciones para que las ciudades y los gobiernos municipales puedan tomar medidas.
p. ¿Cuáles?
R. No se me ocurre decirles cómo deberían ser sus programas o políticas; cada ciudad tiene que decidir según su contexto. Pero si siguen el enfoque del derecho a la vivienda, eso les llevará en la dirección correcta.
P. ¿Cree que la comunidad internacional ha aprendido a no imponer su modo de hacer las cosas cuando hablamos de actualizar los asentamientos informales y construir infraestructuras?
R. Me preocupa que hay ciertos temas calientes en el mundo de la ayuda internacional. Cuando me nombraron relatora en 2014, la atención estaba en el agua y el saneamiento. Todas las agencias daban dinero para construir fuentes y retretes. Y eso es muy importante. Pero como alguien que reivindica el derecho a la vivienda, me he dado cuenta de que, por alguna razón, este tema no es el centro de actuación de la mayoría de organizaciones. He conocido una en mis seis años en este cargo, la We Effect, de Suecia, presente en unos 70 países. Son increíbles. Reconocen que el hogar es esencial para garantizar otros derechos humanos, especialmente para las mujeres. Lo que no me gusta es que se inviertan los dólares en lo que está de moda cada mes.
P. ¿Cree que es necesaria la perspectiva de género en las actuaciones de mejora de los barrios marginales?
R. Sí. La igualdad de género tiene que ser parte de cualquier plan. Visité un asentamiento informal en Manila, en Filipinas, que había sido actualizado. Inicialmente estaba en el agua y habían movido la comunidad por el cambio climático y los desastres naturales que sufrían. Y las mujeres habían estado muy involucradas en el diseño de los nuevos edificios. Era increíble lo que habían hecho: situaron la zona de juego de los niños en un patio interior rodeado por cuatro bloques de viviendas. Y las cocinas, donde las madres pasan la mayoría del tiempo, daban a ese espacio. Así, desde sus casas podían vigilar a sus hijos jugando y no tenían que encerrarlos en casa. Pensé que era muy ingenioso. Solo las mujeres piensan en eso, pero es un gran problema que en muchas comunidades las líderes son mujeres, pero los representantes son los hombres.
P. ¿Cree que los donantes no entienden que la vivienda es un derecho?
Algunos Gobiernos creen que defender el derecho a la vivienda significaría que todos ciudadanos de bajos ingresos y pobres exigirán una casa. Por supuesto no es así
R. Muy pocos lo entienden. En las instituciones gubernamentales encargadas de la cooperación, que normalmente dependen de un ministerio de Exteriores, ha habido una gran separación entre los trabajos de desarrollo y el compromiso con los derechos humanos. Creo que entienden un poco más esa unión en el derecho al agua. Pero no creo que tengan idea, sin embargo, de lo que significa el derecho a la vivienda. Yo soy de Canadá y he tratado de reunirme con el responsable de los temas de desarrollo y no lo he conseguido. Obviamente, no lo considera un asunto urgente. También hay muchos mitos. Creen que defender el derecho a la vivienda significaría que todos ciudadanos de bajos ingresos y pobres exigirán una casa. Por supuesto no es así. Existe capital humano, las personas pueden construir sus propios hogares, no siempre quieren la provisión del Gobierno.
P. La previsión es que la población aumente en las próximas décadas y haya más urbanitas, sobre todo en África. ¿Cómo se puede prevenir que la explosión demográfica se traduzca en más gente viviendo en condiciones precarias?
R. Los Gobiernos han de tener estrategias de vivienda para satisfacer las necesidades de la población existente y la futura. No se trata solo de construir, sino de tener en cuenta el stock inmobiliario disponible. ¿Cuántas casas vacías hay, incluso en los países en desarrollo? Hay cantidad de ellas desocupadas y personas que viven debajo de puentes y en las peores condiciones que he visto. La gente solo vive en asentamientos informales cuando no tiene alternativa. No es que no haya inmuebles, es que no pueden pagar lo que existe. Nadie elige vivir en condiciones terribles.
P. ¿Recuerda buenos ejemplos de acondicionamiento de slums?
R. Puedo decir que no vi ninguno en Nigeria, que es el país más poblado de África. Así que no me sirve como ejemplo. Pero sí vi algunos proyectos interesantes en El Cairo, Egipto. Eran a escala muy pequeña, pero me gustó que se hicieran teniendo en cuenta el estilo tradicional de vivienda de la gente que ya vivía allí. Los arquitectos e ingenieros sabían lo que hacían y se notaba que no estaban escatimando. Pero, dicho esto, la comunidad no había estado involucrada en el proceso, era como si realmente no existieran.
P. Si estos son los buenos ejemplos, ¿cómo son los fallidos?
R. En Cabo Verde no vi programas de actualización de asentamientos, pero sí de construcción de viviendas. Habían planificado que hubiera unidades de alquiler más caras, algunas medianas y otras para personas con bajos ingresos. Todas eran hermosas, pero ninguna tenía el estilo de Cabo Verde, sino portugués. De hecho, de Portugal obtenían los fondos de la UE. Las empresas constructoras y los materiales también eran de Portugal. No había nada indígena, era extraño. Con todo, la vivienda más asequible estaba muy bien equipada y la gente quería entrar. El problema era que no atraían a suficientes vecinos para las unidades de coste medio y alto porque no había personas con ese dinero. La idea era que esos fondos compensarían la inversión en vivienda social. Y no estaba funcionando. Era 2015 y no he comprobado qué sucedió después, pero la UE me expresó su preocupación de que no hubiera un modelo financiero viable.
Los arquitectos tienen que hacer las preguntas correctas a los promotores: ¿Estoy desplazando a alguien? ¿Cómo va a afectar a la comunidad esa construcción que lleva mi nombre?
P. Como arquitecta, ¿qué papel cree que tiene este colectivo profesional en garantizar vivienda digna?
R. Tiene que estar involucrado porque los arquitectos son quienes diseñan los edificios y las nuevas viviendas. Tienen un papel muy importante, siempre sin olvidar que deben tener en cuenta las aportaciones de la comunidad. Si lo miramos desde un punto de vista más amplio, muchos están contribuyendo a la especulación. Ya sabes, las grandes estrellas son atraídas para levantar hermosos edificios en ciertos sitios. No es que piense que no tienen que ser bonitos, pero creo que tienen que hacer las preguntas correctas a los promotores: ¿Estoy desplazando a alguien? ¿Cómo va a afectar a la comunidad esa construcción que lleva mi nombre? ¿Si la obra es costosa, se va a asegurar de que haya unidades asequibles, ya sea en propiedad o alquiler? No creo que se las estén planteando.
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