Andrés Manuel López Obrador durante una conferencia en Palacio Nacional.Sáshenka Gutiérrez (EFE)
El presidente López Obrador ha cargado contra el Gobierno peruano tras la expulsión ayer del embajador mexicano en aquel país. Ese Ejecutivo “está muy cuestionado por su proceder, sobre todo por optar por la represión y no por buscar al conflicto de Perú una salida mediante el diálogo y con el método democrático de convocar elecciones lo más pronto posible para evitar la inestabilidad política”. Las tensiones entre ambos países se han agudizado en las últimas horas debido a la decisión de México de conceder asilo a la familia del depuesto presidente peruano Pedro Castillo. A las siete de la mañana de este miércoles, la mujer y los hijos de Castillo arribaron a México. El embajador no ha llegado aún, pero regresará en breve “porque le dieron 72 horas, fueron determinantes, así, al estilo policiaco, porque eso no tiene que ver con la democracia, ¿verdad?”, ha lanzado López Obrador.
El presidente ha repetido que son unas “élites” las que han impedido que Castillo pueda gobernar, conduciendo al país a la crisis institucional en que se halla inmersa. “Son grupos de poder económico y político y sus ambiciones personales las que han llevado a tomar medidas arbitrarias como declarar persona non grata al embajador”, ha señalado. En todo caso, el gobierno mexicano ha decidido no romper relaciones con Perú porque “se necesita mantener la embajada para dar protección a los mexicanos que radican allí”, ha dicho López Obrador. La mayoría de los turistas ya pudieron salir y se tramita la salida de los que aún quieran hacerlo. “No están solos”, ha dicho el mandatario.
López Obrador también ha tenido palabras destempladas respecto a Estados Unidos, de cuyo Gobierno ha lamentado “que siempre habla de democracia y en este caso, en lugar de pedir que se respetara la voluntad del pueblo y al presidente electo de manera democrática, hayan avalado toda la maniobra truculenta para destituirlo”. Se ha preguntado por qué el Gobierno de Perú no ha tomado con la embajada mexicana estadounidense.
El presidente peruano Pedro Castillo pronunció un discurso el pasado 7 de diciembre en la televisión en el que disolvía el Congreso, donde esa misma tarde se iba a discutir una nueva moción de censura en su contra, pero no le apoyaron sus correligionarios, quienes lo calificaron de inmediato de golpe de Estado. Castillo fue detenido cuando trataba de llegar a la embajada mexicana y hoy permanece encarcelado. La vicepresidenta Dina Boluarte asumió la gobernanza del país, como dicta la Constitución peruana y desde entonces las relaciones con México han sido tensas, descontenta Boluarte con las declaraciones del presidente sobre la crisis. El malestar se extendió también hacia los dirigentes de Argentina, Colombia y Bolivia, quienes también arroparon al depuesto Castillo.
López Obrador siempre ha mantenido el dictado de no injerencia en los asuntos internos de otros países, pero en esta ocasión ha tenido palabras duras contra lo ocurrido en Perú. Hoy ha censurado también la decisión de aquel Gobierno de retrasar la convocatoria de elecciones hasta 2024, cuando estaba previsto que serían el año que viene. “¿Por qué no llaman a elecciones de inmediato para elegir a un nuevo presidente y en tanto que haya un presidente interino con ese propósito? De tal forma que la gente espere de manera racional y democrática que se enfrente el conflicto. Pero quererse imponer por la fuerza las autoridades, utilizando al Ejército, eso lamentablemente lo que va a generar es más sufrimiento e inestabilidad”, ha dicho. Hacía referencia a las protestas desencadenadas en el país desde el día 7 de diciembre, que ya han ocasionado más de 25 muertes.
El presidente ha insistido en que, sobre el conflicto peruano, México “solo ha dado a conocer su postura”. “Siempre defenderemos el derecho de asilo, es parte de nuestra política de Exterior”. “Les ha molestado [al Gobierno peruano] que no reconozcamos a la presidenta, pero nosotros nunca reconocemos a las autoridades extrajeras, eso son asuntos que corresponden a los pueblos. Ese reconocimiento que hacen de otros gobiernos surgidos legalmente o mediante usurpaciones no es algo usual y nosotros lo hemos padecido en otras ocasiones, el que tuviera que reconocernos Estados Unidos”.
Y después, el mandatario ha anunciado su intención de reformar el artículo 33 de la Constitución para que no se pueda expulsar de México a nadie utilizando para ello al Instituto Nacional de Migración. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se ha encargado de presentar ese asunto. Ha dicho que el párrafo segundo de dicho artículo “ha sido usado con discrecionalidad para expulsar a ciudadanos, como profesores, embajadores o investigadores”. Ha citado varios casos en la Administración de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, entre ellos algunos cantantes como Manu Chao o terroristas de ETA. El Gobierno planteará la reforma del artículo para garantizar a los extranjeros una audiencia previa a su expulsión.
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