El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla durante la rueda de prensa matutina del 30 de agosto de 2022, en Ciudad de México.Galo Cañas (Cuartoscuro)
La prisión preventiva oficiosa ha puesto de nuevo en el ojo del huracán las relaciones entre el Ejecutivo mexicano y la Suprema Corte de Justicia. Andrés Manuel López Obrador ha encendido la polémica en su conferencia matutina al cargar contra el sistema judicial, el único, ha asegurado, que no ha pasado por una limpieza contra la corrupción. “El Poder Judicial está intacto, a los jueces no les importa el pueblo, defienden intereses de grupos”. Esa es la razón por la que el Gobierno se opone a la revisión de la prisión preventiva oficiosa, que en México mantiene a cuatro de cada 10 personas encarceladas sin haber tenido acceso a un juicio. La Corte decidirá en los próximos días sobre esa situación y previsiblemente dejará inaplicado el artículo 19, que contempla numerosos delitos por los cuales un juez puede dictar de forma automática que el acusado siga su proceso en la cárcel.
Los argumentos esgrimidos por el presidente chocan con los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y también con la posición del ministro mexicano que está trabajando sobre este asunto antes de someterlo a votación, Luis María Aguilar. López Obrador asegura que, debido a la corrupción de los jueces, se dejará en libertad a delincuentes peligrosos que “pondrán en peligro la vida de servidores públicos”. Y que eso ocurrirá hasta que el sistema judicial esté “moralizado”, porque, según asegura, los jueces siguen siendo “los de tiempo atrás, caracterizados por la corrupción, con honrosas excepciones”. La Suprema Corte no ha querido hacer declaraciones sobre las palabras del presidente.
Algunos juristas, sin embargo, defienden que estos argumentos no son más que una cortina de humo, que no garantizan la justicia. Y aclaran que de ningún modo se pretende eliminar por completo las medidas cautelares que dictan prisión para un acusado cuando se detecta riesgo de fuga o violencia contra la supuesta víctima. “Lo que se dice es que esta prisión preventiva no puede ser un mecanismo automático. Se está pidiendo que el fiscal haga su trabajo y justifique por qué motivos toma esta decisión”, explica la penalista Adriana Greaves. “El Gobierno da por bueno que meter a la gente en la cárcel es ganar en seguridad, pero lo cierto es que muchos acusados no son siquiera sentenciados en esos años de prisión preventivas y salen libres cuando se agota el plazo previsto. Y otros han pasado años en prisión y cuando tuvieron una sentencia fueron declarados no culpables”, sigue la jurista del colectivo Tojil.
En México hay cerca de 92.600 personas entre rejas bajo esa figura, según el Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria publicado por la Secretaría de Seguridad el pasado junio. El ministro Aguilar ha declarado que la mayoría de ellos son vulnerables y no tuvieron acceso a una defensa adecuada. Si peligroso es soltar a un delincuente porque no exista una figura para retenerlo en la cárcel mientras avanza el proceso, dramático es tener a personas inocentes en la cárcel. México aporta algunos de estos lacerantes casos, como el de Daniel García y Reyes Alpízar, que pasaron 17 años privados de libertad acusados de un asesinato. Ambos han relatado las torturas de las que fueron víctimas para que se declararan culpables. Su caso llegó a la CIDH y se ha convertido en un aldabonazo en la lucha contra este mecanismo jurídico ciego y automático. Hoy están en casa con un brazalete en el tobillo. No tuvieron un juicio.
El presidente del Gobierno fija su atención, sin embargo, en delincuentes de cuello blanco, con poder e influencias para eludir la cárcel y ser exonerados de sus delitos. “Si la Corte resuelve que ya no haya prisión preventiva, yo respeto la decisión, pero no quiero ser cómplice. No quiero que el día de mañana, pregunten, por qué salió de la cárcel este delincuente de cuello blanco? Pues no fuimos nosotros, fue el Poder Judicial, pero el delincuente ya salió”, ha mencionado en su conferencia. “Imáginense lo que sucedería [en caso de no haber prisión preventiva oficiosa]. Si los jueces ya liberan a diestra y siniestra, se agravaría el problema”, ha dicho López Obrador. “Limpiaremos el Poder Judicial” y entonces sí podrán defender la eliminación de esa figura penal, asegura. “Cuando haya confianza plena en que no hay corrupción, pero no estamos en esa situación”. El mandato de López Obrador concluye en 2024.
Ambas cosas pasan en México, delincuentes en la calle e inocentes presos, lo que evidencia un sistema judicial mejorable. Sin prisión preventiva, “México sigue siendo el país de la corrupción y la impunidad”, ha dicho el presidente, pero sin ella, miles de ciudadanos inocentes, debido a la misma corrupción que se menciona, pueden estar encarcelados.
La prisión de oficio se establece para acusados de delitos como violencia sexual, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, secuestro y trata de personas. En ese catálogo se incluyen también delitos como el uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito, robo a casa habitación, a transporte de carga y de combustible. Lo que detecta la Suprema Corte, a la vista de las cifras, es que hay un abuso de esta figura, que priva de libertad antes de comprobar si se trata de un culpable o un inocente, en ocasiones por años, dependiendo de la condena que se prevea para el delito en cuestión.
El asunto se enreda, pues, en un debate sobre justicia y corrupción complejo en un país como México, que, en ocasiones, como también ha mencionado el presidente respecto al caso Florence Cassez e Israel Vallarta, avergüenza al país en el mundo por las prácticas ilícitas empleadas para llevar a una persona a la cárcel. Aquel caso, la detención de dos personas por un supuesto secuestro transmitida en directo por la televisión es hoy un documental de Netflix que uno de los acusados quizá pueda ver desde la cárcel.
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