López Obrador muestra el contrato que la PGR realizó para la compra de Pegasus, durante una conferencia de prensa en julio de 2021.Daniel Augusto Sánchez Moreno (Cuartoscuro)
Andrés Manuel López Obrador ha venido a reconocer en su conferencia que el Ejército ha usado el sistema de espionaje Pegasus, pero “para hacer investigación, no espionaje” y ha negado que en ello haya ilegalidad alguna. “Es importante que el Instituto de Inteligencia haga investigación para no usar la fuerza”, ha dicho, para cargar inmediatamente contra los medios que revelaron el uso de este programa para espiar a periodistas y activistas. Tras la filtración de los papeles de la secretaría de Defensa en el hackeo conocido como Guacamaya, se supo que la Sedena había comprado Pegasus en 2019 y con él había vigilado de forma remota a periodistas y activistas que estaban documentando los abusos del Ejército y algunas ejecuciones extrajudiciales cometidas por los militares.
El uso del programa Pegasus se remonta a 2017, en el sexenio de Peña Nieto, pero dos años más tarde, López Obrador aseguró que en su mandato ya no se utilizaba el polémico malware. Revelaciones posteriores indicaban lo contrario: el programa, para el que se gastaron 6.000 millones de pesos, no solo había infectado las comunicaciones de más de 20 personas, sino que se seguía haciendo. El contrato de la Sedena con la comercializadora Antsua, representante en México de NSO Group, la compañía israelí dueña de Pegasus, salió a la luz con la filtración de Guacamaya en septiembre del año pasado.
La Red por la Defensa de los Derechos Digitales, R3D, y un grupo de periodistas mexicanos investigaron y descubrieron que sus teléfonos estaban intervenidos. La periodista Carmen Aristegui, otro colega del portal Animal Político que no ha querido ser identificado, y el activista Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, fueron algunos de los objetivos del Ejército en su espionaje, o “investigación”, como prefiere llamarlo el presidente. Ramos seguía la pista de varios desaparecidos del Ejército en 2020, días antes que de que se anunciara que una docena de hombres habían sido “reducidos” en un enfrentamiento con los militares. Un video mostraba en agosto cómo los uniformados habían hecho uso excesivo de su fuerza y habían sido responsables de la muerte de al menos una persona. Entonces el presidente prometió investigar lo ocurrido. La R3D ha denunciado que la respuesta del Ejército, sin embargo, fue espiar a Raymundo Ramos.
Los papeles de Guacamaya sacaron a la luz documentos internos de la Sedena que evidenciaban el espionaje de Ramos y sus comunicaciones con diversos periodistas para compartir información sobre estos casos de abusos. Los responsables de Inteligencia sostenían en sus informes a las cúpulas militares que el activista estaba relacionado con el cartel del Noreste y añadían: “Que este producto de inteligencia se proporcione con carácter confidencial a la Policía Ministerial Militar para que sirva como elemento de juicio para su investigación, sin agregarse a la carpeta de investigación”.
El uso de Pegasus no ha dejado de ser polémico desde su introducción en el aparato estatal mexicano. El parecer de los afectados es que el Gobierno, en lugar de investigar los abusos militares, se dedicó, mediante este control remoto ilegal, a interferir en las investigaciones periodísticas que los denunciaban. Para demostrar que los celulares habían sido intervenidos, R3D recurrió a Citizen Lab, donde especialistas de la Universidad de Toronto concluyeron que el celular de Ramos entre el 18 de agosto y el 3 de septiembre, justo cuando Inteligencia reportaba a la Sedena los contactos del activista con los periodistas que seguían el caso. R3D asegura que el Ejército carece de facultades para intervenir comunicaciones privadas, pero aun cuando las tuviera, requeriría, como marca la Constitución, de una orden judicial previa.
El secretario de Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, también rechazó en su día el espionaje, y con la misma versión que ahora usa el presidente, aseguró que se trataba de tareas de investigación e inteligencia. Previamente, habían negado la compra del programa, algo que luego se demostró falso, cuando aparecieron entre los papeles filtrados los millones empleados como garantía para formalizar el contrato. “Nosotros no hemos comprado equipos para escuchas, entre otras cosas por la corrupción que significaba comprar todos estos equipos a precios elevadísimos a empresas extranjeras, sistemas de espionaje, se gastaba muchísimo dinero”, había declarado el presidente en 2019.
Animal Político ha denunciado que en el espionaje a uno de sus reporteros el sistema era tan sofisticado que podía recabar la información que se manejaba en toda la redacción. A principios de octubre, los afectados anunciaron la denuncia que pondrían en la Fiscalía. Preguntado por los periodistas esta mañana, el presidente López Obrador ha negado el espionaje de nuevo y ha dicho que los medios de comunicación y las ONG que reportan este espionaje están en contra de su Gobierno.
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