“Son labores de inteligencia, no de espionaje”. Así ha defendido Andrés Manuel López Obrador a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), después de que una filtración masiva de documentos confidenciales revelara que el Ejército firmó contratos para comprar software de “monitoreo remoto” y que las Fuerzas Armadas han investigado a políticos, periodistas y miembros de la sociedad civil. “No es cierto que se espíe a periodistas u opositores”, ha asegurado el presidente en su conferencia de prensa diaria de este martes. López Obrador ha minimizado las revelaciones de la filtración y las ha calificado como un ataque contra su Gobierno.
El presidente había sostenido que durante su Administración (2018-2024) no se había contratado el software de espionaje Pegasus, que había infectado los teléfonos de periodistas, activistas, empresarios y políticos. La más reciente filtración de la Sedena, atribuida al grupo de hackers Guacamaya Hacks, ha destapado que la Sedena cerró un contrato en 2019 con la empresa Comercializadora Antsua, una de las distribuidoras del programa de espionaje. En los documentos filtrados, a los que ha tenido acceso , también han salido a la superficie fichas detalladas de políticos e informes de más de un centenar de páginas que dan cuenta del seguimiento a grupos feministas, zapatistas, guerrilleros y defensores de derechos humanos, tachados de igual forma como grupos de insurrección.
La propia Sedena negó varias veces la adquisición de Pegasus durante esta Administración, tanto en solicitudes de transparencia como a la Auditoría Superior de la Federación, el organismo fiscalizador del Legislativo. El informe que confirmó que la Sedena sí había cerrado el contrato viene en un correo electrónico enviado por la Sección de Guerra Electrónica, un área de la Dirección General de Transmisiones, con el asunto “oficios mortales”. En el mensaje se adjunta el oficio SG-3335, clasificado como “secreto” y dirigido al secretario Luis Cresencio Sandoval, donde se asienta el contrato con Comercializadora Antsua y un segundo pago a la empresa en 2019. El correo se reenvió en marzo de 2020 a jefaturas de las Fuerzas Armadas que se dedican a atender cuestiones de ciberseguridad.
En la conferencia mañanera, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó el 28 de julio de 2021 un informe detallado sobre la contratación de Pegasus durante el anterior Gobierno y señaló que los comercializadores del software habían recurrido a “empresas fantasma” en México como distribuidores. Entre ellas citó a Comercializadora Antsua. Mientras que Seguridad aseguraba que eran compañías de papel, Sedena escribió en varias ocasiones a Antsua para que le proveyera de miles de explosivos y cerca de 15 millones de cartuchos en comunicaciones intercambiadas entre 2021 y 2022. Antes, la Defensa Nacional había solicitado a la empresa el suministro de todo tipo de bienes, desde chalecos antibalas hasta artículos de ferretería. Como pudo comprobar este diario, el Ejército mantuvo comunicación y pidió cotizaciones a otras entidades señaladas por Rodríguez como “empresas fantasma” a mediados del año pasado.
“Es mentira, así de sencillo”, ha dicho López Obrador. “Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor, entonces, si tienen pruebas, que las presenten”, ha agregado. El mandatario ha insistido: “No somos iguales a los anteriores”, en alusión a la Administración de Enrique Peña Nieto, su predecesor, que hizo amplio uso del software de Pegasus, como se ha documentado en varias investigaciones periodísticas. También ha afirmado que “es distinto” el trabajo de inteligencia al de espionaje, aunque no ha ahondado en ese matiz.
Las organizaciones Artículo 19 y Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) denunciaron esta semana que los teléfonos de por lo menos tres personas fueron intervenidos con Pegasus durante el Gobierno de López Obrador: el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, el periodista Ricardo Raphael y un comunicador del portal Animal Político, que adelantó la información junto a la revista Proceso y Aristegui Noticias. Los tres afectados presentaron este lunes una denuncia ante la Fiscalía General de la República. “¿Qué interés vamos a tener de estarlo espiando? Yo creo que sería una pérdida de tiempo”, ha ironizado López Obrador sobre el caso específico de Raphael.
En los llamados Papeles de la Sedena también se da cuenta de operaciones en cubierto de cuerpos de seguridad en movimientos sociales y grupos del narcotráfico. También se revela, como publicó en exclusiva, cómo las Fuerzas Armadas lidiaron con denuncias y casos de abuso sexual dentro de la Institución, posiblemente la más hermética del país. Se trata de 4,1 millones de documentos, muchos de ellos clasificados como “secretos”, “reservados” y “confidenciales”, que contienen información sensible por temas de seguridad nacional y datos personales.
López Obrador ha tenido que enfrentar las críticas tras la filtración. El destape confirmó, por un lado, el protagonismo que han adquirido las Fuerzas Armadas en la vida pública de México, al convertirse en el compañero de viaje más visible del Gobierno de López Obrador, así como con una presencia permanente en el entorno íntimo del presidente. Por el otro, se descubrió la vulnerabilidad de una institución clave después de sufrir un ataque cibernético de amplio alcance. Los cuestionamientos se han producido, mientras el Senado discute una propuesta impulsada por Morena, el partido gobernante, para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028. Las autoridades han descartado sanciones tras la filtración.
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