La enorme desigualdad entre hombres y mujeres que se registra en México ha sido objeto este jueves de la conferencia matinal del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien presentó el acuerdo para la igualdad promovido por el Instituto Nacional de la Mujer, un documento que muestra una voluntad política para paliar uno de los grandes problemas del país, que en su cara más funesta se traduce en miles de feminicidios, abusos y violencia sexual. Esta declaración de intenciones lleva aparejada, en esta ocasión, un amplio programa transversal de medidas políticas en favor del feminismo que ha llegado a la Secretaría de Hacienda. De la dotación presupuestaria dependerá, como siempre, que ese Programa Nacional para la Igualdad llegue a buen puerto. Además, a las puertas ya del día mundial contra la Violencia de Género, el próximo 25 de noviembre, la Ciudad de México ha decretado la varias veces solicitada alerta por violencia contra la mujer, que reúne una batería de medidas, entre ellas más recursos para la atención a las víctimas del machismo.
La jefa del Gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, ha anunciado que dotará con un mayor presupuesto en 2020 a los centros de atención integral a la mujer, así como para la capacitación de profesionales que trabajan con las víctimas. La alcaldesa animó a las mujeres a denunciar y lamentó que un 65% de las violaciones ocurren en el domicilio. Anunció la creación de un registro de agresores sexuales con sentencia firme y el impulso a la ley que desarrolla la creación de un banco de ADN contra estos delincuentes, medidas, dijo, que se han implantado en otros países.
Sheinbaum recordó también que 166 abogadas asesoran en la capital a quienes denuncian maltrato o violencia sexual y, en el ámbito urbanístico, citó los botones de auxilio que se han colocado en distintas partes de la ciudad y prometió que habrá más calles iluminadas para pasear con seguridad. La alerta por violencia contra la mujer es una medida que puede ser solicitada por las organizaciones civiles y no era la primera vez que Sheinbaum recibía ese requerimiento, que no siempre ha considerado adecuado o eficaz. En esta ocasión ha sido al revés. Pero, efectivamente, si no viene acompañado de medidas concretas y recursos para ponerlas en marcha, de poco sirve una declaración.
La misma teoría puede aplicarse al discurso de López Obrador respecto al acuerdo de igualdad, cuya redacción tiene tintes paternalistas y cierta bonhomía que podrían suscribir gobernantes de casi cualquier partido. Pero la directora del Instituto Nacional de la Mujer (Inmujer), Nadine Gasman, aclara que “no se trata de un mero posicionamiento político o un compromiso con la sociedad, sino que son los fundamentos que inspiran el Programa Nacional para la Igualdad de Mujeres y Hombres”, conocido como Proigualdad, que se presentará en breve. En él, asegura, hay medidas específicas “que ya se han definido con cada una de las Secretarías que deben implantarlas”.
“Nunca he trabajado con esa profundidad”, confiesa Marta Ferreyra Beltrán, veterana feminista que ha coordinado el trabajo de campo previo a la redacción del Proigualdad. Seis meses, 20.000 kilómetros, 32 Estados y seis mesas de trabajo en cada uno de ellos conformadas por 30 mujeres cada una. “Entre todas han diagnosticado sus problemas y necesidades más acuciantes y elaborado, con visión de futuro, el traslado de sus exigencias al Gobierno”, señala. Las integrantes de estos grupos de trabajo respondían a la variedad de necesidades de las mujeres mexicanas: indígenas, rurales, amas de casa, servidoras públicas, discapacitadas, madres adolescentes, víctimas de violencia sexual, afroamericanas, LGBT. En total, “5.400 ciudadanas”, resume Ferreyra Beltrán.
El gran reto de un proyecto así es su traslado al Gobierno, aterrizarlo en medidas concretas y con recursos para hacerlas reales. Ferreyra asegura que se ha trabajado con cada Secretaría implicada y que el presidente resumió en seis puntos: combate a la pobreza, que alcanza al 84% de las mujeres rurales; empleo femenino (por cada siete hombres en activo hay cuatro mujeres con empleo); educación, paz y seguridad para las niñas, muchas de las cuales deben dejar el sistema educativo por embarazos; reparto igualitario de los cuidados domésticos, a los que ellas dedican 47 horas semanales frente a las 16 de sus parejas; mejor atención a la salud e igualdad real de derechos y oportunidades (un 80% de las madres que trabajan no tienen acceso a una guardería). Los datos provienen de encuestas nacionales.
“Han sido muchas reuniones, les hemos presentado los proyectos a las Secretarías con su reflejo económico, con los presupuestos al lado”, añade Ferreyra, especialista en políticas públicas con perspectiva de género, licenciada en Historia y maestra en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM.
El programa Proigualdad establece seis objetivos, 37 estrategias y 273 acciones concretas de las que han de encargarse las Secretarías. De los recursos que reciba de la Secretaría de Hacienda dependerá su cumplimiento. “Es muy fácil hablar de igualdad si no va acompañado de presupuestos”, critica la diputada de Movimiento Ciudadano Martha Tagle. “El discurso del presidente ha sido muy básico. El Proigualdad debe tener metas, objetivos e indicadores que aún no conocemos. Lo cierto es que los Presupuestos presentados muestran retrocesos para guarderías infantiles, para refugios de mujeres maltratadas, no tienen reflejo económico las política para niñas, ha desaparecido la dotación para los programas de mujeres del campo y se detectan recortes en salud sexual y reproductiva uno de los grandes problemas de México. Esperamos que esto se restituya en el debate del presupuesto”, explica la diputada de la oposición.
La asignación generosa de recursos para estas políticas es un anhelo que comparte también Gasman, de Inmujeres. “Hay un aumento muy significativo de recursos para las prioridades del Gobierno, en coherencia con los programas para mujeres”, dice, pero reconoce que hay algunos que sufren “recortes”. “Pues sí, ha habido que tomar decisiones…”.
En México hay alrededor de 61 millones de mujeres, con una esperanza de vida de 78 años y una tasa de fecundidad que va cayendo con los años y que ahora se sitúa en 2,1 hijos por mujer y de cada 1.000 nacimientos, 70 son de madre adolescentes, según los datos del Instituto de la Mujer. La violencia que padecen es la cara más feroz de la desigualdad en este país. De enero de 2015 hasta ahora se han contabilizado 3.174 feminicidios.
“Durante años se han regateado los derechos humanos de las mujeres y niñas, por eso el anuncio del presidente y que la Secretaría de Gobernación (Interior) estén en este compromiso es una gran señal”, se alegra la presidenta de la comisión de Igualdad en la Cámara de Diputados, Wendy Briseño. “Celebramos que las mujeres y los niños estén en el corazón de la cuarta Transformación (4T)”, como ha autodenominado López Obrador a su mandato. “Se cumplen los compromisos, pero esto ha de ir de la mano de los presupuestos”, matiza.
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