Treinta y cuatro cargos de falsificación de registros contables, elevados al nivel de delito grave. Son las acusaciones que el fiscal Alvin Bragg ha presentado y que el juez Juan Merchan ha leído al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una sala anodina de los tribunales de Manhattan en la calle Centre de Nueva York. El magnate se ha declarado inocente. Y de inmediato ha comenzado el debate acerca de si el caso contra el primer expresidente estadounidense imputado es lo suficientemente sólido, o si puede acabar en un gran fiasco legal.
No hubo sorpresas. No se presentaron cargos sobre fraude fiscal, o sobre obstrucción a la justicia. Todo el caso revuelve en torno al pago de 130.000 dólares que el entonces abogado y factótum de Trump, Michael Cohen, efectuó en 2016 al abogado de la actriz porno Stormy Daniels para que ella guardara silencio sobre la supuesta relación extramatrimonial que había mantenido con Trump y no perjudicara la candidatura presidencial del magnate inmobiliario que comenzaba a despegar.
Trump devolvió el dinero a Cohen a lo largo de meses, en cheques que, según aparece en el pliego de cargos, se presentaron falsamente como el pago de unas minutas legales inexistentes.
El pago de dinero para comprar el silencio de una persona no está considerado delito en Estados Unidos. Y en Nueva York, la falsificación de documentos de empresa solo está considerada una falta leve, un misdemeanour. Pero se convierte en un delito más grave si se determina que existen indicios de que se cometió bien para facilitar o bien para encubrir otro delito.
Esta es la tesis de Bragg, de filiación demócrata, que el jueves pasado consiguió que un gran jurado aprobara la imputación de Trump. Pero ni en el pliego de cargos ni en la “declaración de hechos” que lo acompaña, el fiscal del distrito Manhattan precisa cuál sería el delito que se trataba de perpetrar u ocultar. Es algo que ha causado extrañeza entre los expertos, y ha suscitado las protestas de los abogados de Trump, que argumentan que la idea de un pliego de cargos es, precisamente, permitir que un acusado sepa de qué es sospechoso para poder defenderse lo mejor posible.
En una rueda de prensa posterior a la vista, Bragg explicó que la ley neoyorquina no le obliga a especificar ese delito en sus alegatos. Sí apuntó que se trataría de una violación de las leyes de financiación electoral federales y neoyorquinas. También eso ha suscitado extrañeza entre los expertos. Como fiscal de distrito, Bragg no tiene jurisdicción sobre delitos federales.
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Los alegatos del fiscal quedan expuestos en la “declaración de hechos” suplementaria. “Trump y otros emplearon una trama para identificar, comprar y enterrar información negativa sobre él e impulsar sus perspectivas electorales. A continuación, hizo todo lo posible por ocultar esta conducta, provocando docenas de entradas falsas en registros mercantiles para ocultar actividades delictivas, incluidos intentos de violar las leyes electorales estatales y federales”. En esa trama contó con la complicidad de David Pecker, entonces directivo de la empresa de medios de comunicación AMI -propietaria del diario sensacionalista National Enquirer- y de Cohen. Los medios ilegales incluyeron el establecimiento de empresas fantasma y la producción de documentos falsos.
Para el pago a Daniels de 130.000 dólares -una cantidad que supera los límites de las contribuciones a campañas federales, según matizó Bragg- se utilizó una empresa fantasma, según lo ya declarado por Cohen, el principal testigo en el caso. Para devolver ese dinero a su entonces hombre de confianza, Trump emitió once cheques “con propósitos fraudulentos”, “camuflados como pagos por servicios legales”.
Además del caso de Daniels, Bragg cita en el documento el pago de 30.000 dólares a un portero que buscaba contar que el candidato había tenido un hijo fuera del matrimonio. AMI pagó ese dinero por la exclusiva de la noticia, que nunca publicó. Pecker, alega el fiscal, se había comprometido a velar por que nadie contara nada que pudiera perjudicar las aspiraciones presidenciales del magnate.
También alude a otro pago a través de AMI, de 150.000 dólares, a otra mujer a la que no se cita por nombre, pero que se trata de la exmodelo de la revista Playboy Karen McDougal, con la que el magnate también mantuvo supuestamente una relación sexual.
La tarea de Bragg consiste en demostrar ante el juez que estos desembolsos constituyeron delito. Que, como considera, esos desembolsos buscaban ocultar datos -ciertos o no- que pudieran poner a los votantes en contra del candidato. Una ocultación que vendría a perjudicar la transparencia del proceso electoral estadounidense.
Trump y sus abogados -Joe Tacopina, Susan Techeles y el recién incorporado al equipo, Todd Blanche, experto en delitos de guante blanco- rechazan de plano las tesis de Bragg. “No se hizo nada ilegal”, ha declarado el expresidente. Por su parte, Tacopina declaraba que “el estado de Derecho ha desaparecido en este país. Si en vez de Donald Trump estuviéramos hablando de Fulano de Tal, este caso nunca hubiera llegado a los tribunales. No con estas bases”.
El equipo legal de Trump asegura que pedirá que el caso se desestime por la debilidad de sus argumentos. También se lamenta de que no se detalle en el pliego de cargos el supuesto delito que su defendido tramaba o quería ocultar con la supuesta falsificación de documentos. Según apuntan, el fin de un pliego de cargos es, precisamente, que un acusado sepa de qué es sospechoso y pueda defenderse lo mejor posible.
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Otros expertos coinciden en que, tal y como está, el pliego de cargos abre a los abogados de Trump varias vías de defensa. Pueden argumentar que no hubo esa intención de cometer un segundo delito y que el magnate simplemente hizo los pagos para que las acusaciones sobre él no llegaran a oídos de su esposa Melania y su hijo menor de edad, Barron. Pueden argumentar que el candidato no violó las leyes electorales. O que las acusaciones se basan, sobre todo, en el testimonio de Cohen, convertido en enemigo jurado de su antiguo jefe y cuya credibilidad el equipo legal de Trump se esforzará en poner en duda.
“Una de los complicados asuntos legales en esto es que para elevar el cargo de falta a delito grave hay que demostrar que esos documentos se falsificaron para perpetrar otro delito. Algún segundo delito”, explicaba la analista legal Elie Honig a la cadena de televisión CNN.
En su propia rueda de prensa, Bragg ha sostenido, por su parte, que el pliego de cargos se ha presentado tras una investigación “rigurosa y exhaustiva”. “Esta fiscalía no puede normalizar, y no lo hará, conductas delictivas graves”.
“Hoy hemos cumplido nuestra solemne responsabilidad de garantizar que todo el mundo es igual ante la ley. Ninguna cantidad de dinero ni ningún nivel de poder cambia este perenne principio estadounidense”, sostuvo el fiscal.
De momento, los abogados de Trump tienen hasta el 8 de agosto para presentar sus consideraciones, y la fiscalía, hasta el 19 de septiembre para contestarlas. La próxima vista en la que Trump debe comparecer tendrá lugar el 4 de diciembre, en vísperas de que comience la campaña de las primarias republicanas.
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