Los abogados de Donald Trump comenzaron este sábado su turno de palabra y defendieron que las maniobras del presidente sobre el Gobierno de Ucrania, al que reclamaba investigaciones perjudiciales para sus rivales demócratas, resultaban de interés legítimo y no se apoyaron en la coacción. El letrado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, acusó a los demócratas de usar un procedimiento excepcional como el impeachment, que Estados Unidos impulsa por tercer vez en la historia, para retirar al mandatario de la reelección en 2020. Cipollone trató así de dirigir la acusación que pesa sobre el acusado hacia los fiscales. “Les están pidiendo que hagan algo muy peligroso”, advirtió.
La mañana comenzó con un gesto muy gráfico por parte de los gestores del impeachment, los siete congresistas demócratas que lideran la acusación y este viernes concluyeron su exposición pidiendo la destitución del presidente. Unos minutos antes de las 10, cuando empezaba la sesión, marcharon en procesión desde la Cámara de Representantes hasta el Senado para entregar un total de 28.578 páginas de transcripciones y otros documentos repartidos en cajas. Buscaban acabar de reforzar la solidez del caso ante lo que venía: el intento de la defensa del presidente de darle la vuelta a la acusación.
“Les están pidiendo que reviertan no solo a los resultados de la última elección, sino que les piden que quiten al presidente Trump de unas elecciones que tienen lugar en nueve meses”, afirmó Cipollone al inicio de una exposición de dos horas, breve, dados los parámetros en los que se mueve el impeachment. “Sería un abuso de poder completamente irresponsable hacer lo que les están pidiendo que hagan: interferir en una elección y excluir al presidente de Estados Unidos de las urnas”, insistió al concluir.
Trump está acusado de abuso de poder, en busca de su beneficio electoral, por haber presionado a Kiev para que anunciase dos investigaciones, una relacionada al pre candidato presidencial que lidera los sondeos, Joe Biden, y su hijo, Hunter, por los negocios de este último en Ucrania mientras el padre era vicepresidente; y otra sobre una teoría desacreditada según la cual desde ese país se había urdido una campaña de injerencia en las elecciones de 2016 para favorecer la victoria demócrata. El propio presidente estadounidense pide explícitamente ambas pesquisas a su homólogo ucranio, Volodímir Zelensky, en la conversión del 25 de julio, cuyo contenido se ha hecho público. La acusación también sostiene que usó la congelación de ayudas militares y una invitación a la Casa Blanca como moneda de cambio.
La insistente demanda de Trump no solo queda corroborada por la llamada de julio, sino por múltiples testimonios y documentos que mencionan el interés del republicano por este asunto, pero los abogados lo presentaron este sábado como una preocupación legítima por la corrupción y negaron el quid pro quo. Cipollone recalcó que Trump no mencionó en la conversación ninguna moneda de cambio y atribuyó la retención de casi 400 millones en ayudas militares, que habían sido aprobadas en el Congreso, al enfado de la Administración por el escaso apoyo procedente de la Unión Europea. En cuanto a la reunión entre Trump y Zelensky, los abogados recordaron que esta se acabó celebrando.
La cita tuvo lugar, no obstante, el 25 de septiembre en Nueva York, cuando el escándalo ya había estallado y con investigación en la Cámara de Representantes ya en marcha. Y Gordon Sondland, embajador estadounidense ante la Unión Europea, al que Trump dio un papel importante en las maniobras con Ucrania, admitió en su comparecencia en la Cámara de Representantes que, “en ausencia de una explicación creíble”, acabó concluyendo que las ayudas militares no se entregarían “mientras no hubiese una declaración pública de Ucrania comprometiéndose con las investigaciones de 2016 y con Burisma”. En un informe oficial, la Oficina de Control del Gobierno, una agencia independiente dentro de la Administración, ha calificado de ilegal la congelación de ayudas.
El abogado adjunto de la Casa Blanca, Mike Purpura, se expresó en una línea similar a Cipollone respecto a la teoría conspirativa sobre las elecciones de 2016, subrayando que “no hay absolutamente nada malo en pedir ayuda a un líder en extranjero para llegar al fondo de cualquier forma de interferencia en las elecciones americanas”. Esa teoría conspirativa carecía de base ya cuando el presidente pidió a Kiev que se anunciasen las pesquisas. Toda esta campaña de presión se orquestó a través de una suerte de diplomacia extraoficial y paralela, en la que el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, desempeñó un papel crítico.
También pesa sobre el republicano el cargo de obstrucción al Congreso por torpedear la investigación. El congresista Adam Schiff, al frente de los gestores nombrados por la Cámara de Representantes para llevar la acusación, concluyó el viernes tres días de argumentos con un llamamiento final a los republicanos: “Saben que no pueden confiar en que este presidente haga lo correcto para el país”.
Varios medios estadounidenses avanzaron el viernes que la defensa se centraría en azuzar las sospechas sobre los Biden como forma de justificar las maniobras de Trump. Puede que sea la bala reservada para el lunes, cuando sigue el juicio. Cada parte dispone de 24 horas repartidas en tres días, pero los abogados de Trump han indicado que no agotarán su tiempo, al contrario de lo que hizo la acusación. Al republicano, más que el plazo, le preocupan las horas, como buen animal mediático que es. “A mis abogados les toca empezar el sábado, que es lo que en televisión se llama El Valle de la Muerte”.
Trump tiene el camino a la absolución despejado dado que la destitución requiere dos tercios de la Cámara y los republicanos, que son mayoría con 53 de los 100 escaños, han cerrado filas en torno al mandatario. Los demócratas tienen problemas para conseguir convencer incluso a cuatro de ellos, con los que sumen 51 votos, para poder pedir la declaración de testigos en el juicio. Fue la mayoría demócrata en la Cámara baja la que ha hecho posible la apertura de este juicio, pero el peso está ahora en la alta, territorio amigo del mandatario. El veredicto del Senado es previsible, el efecto en las elecciones presidenciales de 2020 resulta más incierto.
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