Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) han sido el salvavidas de miles de empresas y cientos de miles de trabajadores, pero siempre hay quien intenta sacar tajada cuando no le corresponde. Según datos del Ministerio de Trabajo, se han detectado 3.635 infracciones en relación con los ERTE en empresas a las que se ha sancionado por un importe total de 16,5 millones de euros. Estos son los resultados hasta final de 2020 de una campaña de prevención que lanzó el Ministerio de Trabajo para detectar actuaciones fraudulentas.
El balance del año de la inspección sobre los ERTE se conocen en un momento en el que Gobierno y agentes sociales tienen que volver a negociar una nueva prolongación de estas suspensiones temporales de empleo, en vigor hasta el 31 de enero. Tienen previsto reunirse este viernes por la mañana y todas las partes parecen estar de acuerdo en la necesidad de que se amplíen. Eso sí, falta por entrar en el detalle de las condiciones de estos ERTE y ahí es muy probable que vuelvan las tensiones. De hecho, la última prórroga se cerró in extremis, el día antes de que caducase el plazo dado anteriormente.
Según los datos de Trabajo, la Inspección ha iniciado hasta la fecha 33.440 expedientes de posible fraude en los ERTE (en la recepción de las prestaciones por desempleo y exoneraciones en las cotizaciones sociales). De estos, se han finalizado 24.606 casos, entre los que se encuentran las 3.635 infracciones. Es decir, casi un 15% de las investigaciones ha acabado en multa. La sanción a estas empresas asciende a 16.539.433,52 euros, a lo que habría que añadir un importe adicional por la liquidación de las cotizaciones sociales impagadas. La Inspección todavía tiene abiertos 8.834 expedientes, a los que se le podrán seguir sumando nuevos casos.
“Desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se han programado actuaciones de control del fraude vinculado a las medidas adoptadas para garantizar el empleo con ocasión de la situación creada por la covid-19 y en particular a los ERTE, mediante una campaña específica, puesta en marcha en abril, dirigida a prevenir y detectar actuaciones fraudulentas en relación con la percepción de las prestaciones por desempleo derivadas de los ERTE vinculadas al covid-19″, explicaba en noviembre el ministerio que dirige Yolanda Díaz.
El porcentaje de sanciones sobre los expedientes iniciados en relación con los ERTE (un 15%) está por encima de los resultados generales de la Inspección en años anteriores (en 2019 se quedó en el 8,4%). Aunque bien es cierto que 2020 ha sido excepcional con la pandemia y la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria.
La campaña de Trabajo se lanzó para prevenir y detectar los casos de fraude, según explicó en su día Yolanda Díaz. De esta forma, el Ejecutivo trata de que las empresas cumplan los requisitos exigidos y que las ayudas lleguen a las firmas y trabajadores que más lo necesitan. Además, con esta campaña, trata de que el dinero público —limitado también por el golpe de la crisis del coronavirus— se utilice para lo que estaba previsto y pueda cubrir a más afectados.
Más investigaciones
Las actuaciones relacionadas con el fraude en los ERTE tienen un doble objetivo, como aseguraba en un recuento anterior de los resultados el Ministerio de Trabajo: “Detectar situaciones de afiliación/alta a la Seguridad Social indebidas tras la declaración del estado de alarma para acogerse a un ERTE junto con la creación de empresas ficticias, así como la percepción fraudulenta de prestaciones por desempleo en ERTE vinculados al covid-19 en situaciones de actividad laboral, más frecuentes, según se observa, en la modalidad de teletrabajo”, sostenía en noviembre.
Estas actuaciones de la Inspección han ido variando con el tiempo. Durante la desescalada se intensificó incluso su presencia en las empresas, según explicaba el Ministerio de Trabajo: “Con el inicio de la desescalada, se ha programado una acción de intensificación de la presencia inspectora en los centros de trabajo, desarrollándose en la última quincena de junio 10.000 visitas inspectoras a centros de trabajo, junto con una campaña informativa de las obligaciones empresariales para la correcta recuperación de empleo en las empresas que han recurrido a ERTE”.
Por sectores, según los datos ya publicados por Trabajo previamente, al que se le han abierto más expedientes es la hostelería, uno de los más afectados por la crisis del coronavirus. Le siguen, de lejos, comercio y reparación de vehículos, así como compañías industriales. Y si se fija el foco en el reparto por comunidades autónomas, Cataluña y Madrid es donde más actuaciones se han abierto, seguidas de Canarias y País Vasco.
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