Perplejidad. Ese fue el efecto que provocó en Argentina y Brasil la decisión del presidente Donald Trump de restablecer los aranceles al aluminio y el acero que Estados Unidos compra a sus aliados del Mercosur. Trump consideró la vuelta del impuesto, suspendido desde junio de 2018, un castigo a “la devaluación masiva” del peso y el real, que llevan este año una pérdida de su valor del 60% y el 20%, respectivamente. Para el presidente estadounidense, Argentina y Brasil se aprovechan de la fortaleza del dólar para ganar en competitividad y castigar así a los agricultores de Estados Unidos. Para Argentina, los aranceles suponen un duro regalo de despedida de Trump a Mauricio Macri, a quien consideró casi un amigo personal. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro dijo que hablará con Trump, si hace falta, porque tiene “canal abierto con él”.
Brasil y Argentina lograron el año pasado quedar fuera de la lista de países castigados por los aranceles al acero y el aluminio, decretados por Trump como parte de su guerra comercial con China. Fue crucial la buena sintonía entre los presidentes, en momentos en que Washington estaba especialmente preocupado por la influencia regional china en el cono sur americano. Pero las economías de los socios del Mercosur no tuvieron un buen 2019.
En el caso argentino, el peso se derrumbó frente al dólar y este año la inflación rondará el 60%, pese a la ayuda de 57.000 millones de dólares que Macri recibió desde el FMI, previa autorización de Trump. El real brasileño, en tanto, superó la semana pasada la barrera de las cuatro unidades por dólar, hasta el récord histórico de 4,27 reales. La moneda brasileña está presionada por una combinación de factores, como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, las protestas en países vecinos, como Bolivia, Chile y Colombia, y la vuelta al poder del peronismo kirchnerista en Argentina. La declaración del ministro de Economía, Paulo Guedes, quien dijo que no estaba preocupado por la devaluación, asustó aún más a los inversionistas.
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo esta mañana que hablará con el ministro de Economía, Paulo Guedes, sobre el tema y agregó que, en caso de que sea necesario, se comunicará directamente con el presidente de los Estados Unidos. “Tengo un canal abierto con él”, dijo. Poco después, en una entrevista a la estación de radio Itatiaia en Brasília, Bolsonaro declaró que el anuncio de Trump es “munición” para sus opositores en Brasil y que no entiende la medida como una “represalia”. El ministerio de Economía difundió más tarde un comunicado en el que aseguró que “el Gobierno trabajará para defender los intereses comerciales de Brasil y garantizar la fluidez del comercio con Estados Unidos, con el objetivo de ampliar el comercio y profundizar las relaciones bilaterales”.
Desde el Instituto Brasileño del Acero (Insitituto Aço Brasil), principal afectado por los aranceles, dijeron que recibieron con perplejidad la decisión anunciada por Trump. Aclararon además que el mercado de divisas en Brasil es libre, sin intervención estatal, y que el Gobierno no tiene ninguna iniciativa para devaluar artificialmente la moneda. “La decisión de reimponer las tarifas del acero brasileño como una forma de compensar al agricultor estadounidense es una represalia contra Brasil, que no es consistente con las relaciones de cercanía entre los dos países”, dice la nota enviada al diario EL PAÍS. “Finalmente, tal decisión termina perjudicando a la propia industria siderúrgica estadounidense, que necesita productos semiacabados exportados por Brasil para operar sus fábricas”.
Para la consultoría financiera XP Investimentos, la declaración del presidente de los EE. UU es un claro intento de reforzar el apoyo político de los productores estadounidenses de acero y aluminio (sus votantes) a medida que se acercan las elecciones primarias de EE. UU. Aún en la evaluación de la consultoría, el impacto económico (de primer orden) de esta medida es negativo, pero algo limitado, ya que estos productos representan solo el 1.7% de las exportaciones totales brasileñas. “Sin embargo, reconocemos que la medida podría afectar la economía a través de las expectativas, ya que podrían anunciarse más medidas pronto si las negociaciones fracasan”, dice el informe de XP Investimentos publicado este lunes.
En Argentina, en tanto, el canciller Jorge Faurie habló por teléfono con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Willbur Ross, “para negociar en distintos niveles y ver cómo se puede encarar el tema”, dijeron a EL PAÍS fuentes de la Cancillería. El portavoz no quiso dar detalles de la conversación. La negociación ha quedado también en manos del ministro de Producción, Dante Sica, quien pidió al embajador argentino en Washington, Fernando Oris de Roa, que pida una entrevista personal con Ross, un funcionario que estuvo en Buenos Aires y que la Casa Rosada considera un aliado. El problema de Argentina es que en ocho días Alberto Fernández reemplazará a Macri y cualquier negociación que se inicie deberá continuar con nuevos funcionarios.
Las exportaciones de acero y, sobre todo, aluminio representan para Argentina unos 700 millones de dólares de ingresos al año. Y Estados Unidos es su principal cliente. Desde el sector industrial lamentaron las restricciones comerciales en un momento en que el país necesita con urgencia el ingreso de dinero fresco para revertir la falta de crédito internacional y la amenaza de la cesación de pagos de su deuda externa. Javier Madanes Quintanilla, presidente de Aluar, el mayor productor de aluminio de Argentina, responsabilizó al gobierno de Macri por la vuelta de los aranceles. En declaraciones al diario La Nación, dijo que hubo una “mala lectura” de las consecuencias de la guerra comercial y “una inoperancia que asusta en el manejo de la estrategia de negocios internacionales”.
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