Pedro Sosa, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Lorca (Murcia, 96.200 habitantes), define el asalto de este lunes al salón donde se iba a celebrar un pleno como “una estampida de búfalos”. En el orden del día estaba previsto aprobar una modificación del plan de urbanismo para regular la construcción y ampliación de granjas porcinas. La tarde de este martes se ha entregado a la policía local un ganadero que formó parte de la treintena de manifestantes, que entraron en tromba en torno a las 10.45 de la mañana de este lunes y rompieron el cordón policial que protege el Consistorio, que en ese momento albergaba en torno a 200 personas repartidas entre sus cuatro plantas, algunas de ellas dedicadas a albergar cursos para desempleados. Los asaltantes se plantaron a las puertas del salón. Proferían insultos y gritos contra los concejales: “Os vamos a matar. Sois unos gandules. No hay derecho”. El pleno, programado para la diez de la mañana, pero que llevaba retraso porque el alcalde estaba reunido con unos agricultores, no llegó a celebrarse.
El manifestante que se ha entregado, un ganadero, se ha dirigido a la policía local de Lorca, que lo ha conducido a la Comisaría de Policía Nacional, cuerpo que dirige la investigación. Fuentes de Delegación del Gobierno señalan que el contingente de policías que protegía el edificio del Ayuntamiento estaba dotado para una manifestación que había sido comunicada y autorizada, pero que las fuerzas no sospechaban que se fuera a producir un asalto, informa Patricia Ortega Dolz.
El concejal Sosa trabaja en un matadero y conoce de primera mano el sector ganadero. Intentó aplacar los ánimos de los asaltantes. Les preguntó cuál era el motivo de la protesta. Qué consideraban que era eso a lo que no había derecho. No obtuvo respuesta, asegura: “No tenían conocimiento de lo que estaban pidiendo, reinaba un estado de confusión tremendo”.
Para su compañera de partido, Gloria Martín, una de las claves de este violento episodio es, además, que parte de los que participaron en él no eran ganaderos del porcino, sino “violentos que militan en partidos” y que han llevado este tema hasta el extremo.
Uno de los asaltantes es Pedro Giner, un quesero artesano de Lorca, cuyo sector no está afectado por la nueva normativa municipal. En conversación telefónica con EL PAÍS, pide disculpas por los hechos porque considera que se produjeron en un clima en el que “la tensión brilló por encima del sentido común”.
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Sin embargo, niega categóricamente que los ganaderos que se manifestaron estuvieran desinformados, y menos aún, asegura, manipulados políticamente. Cree que acudieron a protestar porque “había un acuerdo con el Ayuntamiento que se ha roto”: “Estamos perfectamente informados a través de nuestras organizaciones, y somos los ganaderos los que hemos organizado la protesta. No nos hemos reunido con ningún político, ni ha habido mediación política de ninguna clase”, sostiene.
En la misma idea insiste el presidente de la Asociación de Defensa Sanitaria del Ganado de Lorca (Adespolorca), Francisco Román, que ha resaltado que “es mentira totalmente” que haya habido injerencias políticas en la convocatoria. “Hemos sido engañados, pero por un equipo de gobierno que quería aprobar una normativa que no es la misma que se acordó en 2020″, advierte, y reitera que no ha habido ninguna reunión con PP o con Vox ni se ha buscado la politización de ningún signo en este asunto.
En cambio, otro ganadero, Alfredo Artero, se muestra muy crítico con el cariz que han tomado los acontecimientos. Dueño de una granja con 1.300 cerdos, asegura que ya este lunes decidió no acudir a la manifestación al entender que la moción que se iba a aprobar recogía lo mismo que los ganaderos ya habían aceptado en 2020. “Nada de esto tiene ni pies ni cabeza, se quejan por una normas que son europeas y nacionales, que existen desde hace años. A los ganaderos se los ha manipulado desde el PP y desde Vox, se les han dado datos falsos. Hoy, cualquier ganadero que participó en la protesta, se arrepiente, porque todo ha sido un auténtico disparate”, lamenta. Asegura que las dos personas que con más vehemencia empujaron a los agentes para romper el cordón policial son ganaderos, pero del sector caprino, no afectado por la nueva normativa.
Además de políticos y ganaderos, en las negociaciones mantenidas en 2020 para regular las exportaciones de porcino en Lorca participaron diversos colectivos vecinales, como la Federación Espartaria de Tierras Altas de Lorca, que agrupa a todas las asociaciones vecinales de pedanías y núcleos de población de esa zona del municipio, en la que mayor número de granjas porcinas hay. Su vicepresidente, José Antonio García, también considera que ha habido “una auténtica manipulación” de partidos políticos que “buscan un rédito” y que “han envalentonado a los ganaderos diciéndoles que iban a cerrar sus granjas, cuando no es así”. En la actualidad, lamenta, hay granjas “a 50 metros de las casas”, lo que ha generado un “clima de tensión” entre los vecinos, como Antonio Sánchez, de la población de Coy, quien señala que en verano “hay tal peste que no se puede vivir”. “Si abres la boca, se te llena de moscas. Si tiendes la ropa, se queda impregnado el olor”, lamenta otra vecina que prefiere no dar su nombre. Insisten ambos en que no están en contra de la ganadería de porcino, pero sí reclaman una regulación que haga más amable la convivencia.
“Manipulación de la información”
El concejal de Urbanismo y Seguridad Ciudadana, el socialista José Luis Ruiz, achaca la virulencia de la protesta a un clima de “manipulación de la información” por parte especialmente del PP y, en menor medida, de Vox, que “se ha sumado al carro” y ambos partidos “compiten ahora por el voto rural”. No encuentra otra explicación a una respuesta tan virulenta ante una normativa que fue consensuada con los ganaderos en junio de 2020 para equiparar las condiciones de construcción y ampliación de las granjas entre el casco urbano de la ciudad y sus pedanías. Para su entrada en vigor, el Ayuntamiento solicitó los informes necesarios a una docena de organismos nacionales y autonómicos. Todos han dado su visto bueno y han aprovechado para recordar la legislación vigente en sus respectivas áreas.
Para el portavoz municipal del PP, Fulgencio Gil, esa normativa adicional es la clave por la cual los ganaderos “se han sentido engañados”, porque no habían sido informados al respecto. En su opinión, el Gobierno local se ha excedido en sus funciones pidiendo esos informes, puesto que no hacía falta una modificación urbanística tan amplia. “Como el Ayuntamiento ha pedido informes, los técnicos han empezado a pedir requisitos que no están en la ley, como que se hagan estudios de afectación del tráfico o estudios paisajísticos cuando se construye una granja”, argumenta Gil. “Eso no está en la normativa urbanística como tal, pero al técnico le piden un informe, se le ocurre y lo pone”.
El portavoz municipal del PP reconoce que él mismo acudió el pasado viernes a una reunión con ganaderos y les trasladó el texto completo de la moción que se iba a aprobar. “De 32 páginas, cuando el acuerdo de 2020 tenía solo siete”. Y, también, que él mismo y otros miembros de su partido participaron en la manifestación previa al tumulto, “como en todas las convocatorias que ha hecho el sector ganadero”. Para nada, apunta, se ha instado desde el partido a la movilización o se ha tergiversado la información facilitada a los manifestantes. “Niego categóricamente cualquier manipulación, las organizaciones de ganaderos conocen a la perfección el acuerdo que se iba a votar y lo que motivó su enfado es el cambio normativo propuesto, que no es el que se adoptó en 2020″.
El presidente de la comunidad autónoma y del PP murciano, Fernando López Miras, ha condenado este martes los actos violentos, a los que ha mostrado su “absoluto rechazo”, y ha pedido que se retomen las negociaciones para alcanzar un nuevo acuerdo con los ganaderos.
Para PSOE, IU y Ciudadanos, la politización de este asunto es clara. El vicealcalde, Francisco Morales (Cs), habla incluso de uso de “megafonía” el domingo previo al pleno animando a los ganaderos a salir a la calle en una situación que considera “insólita”, ya que tanto PP como Vox estuvieron de acuerdo en 2020 con la modificación de la norma.
El único punto en común que parecen ahora tener los grupos municipales es el de la condena “enérgica” al acto de asalto al pleno, que tachan de “injustificable”, “vergonzoso” y un ataque directo a las instituciones democráticas.
Este periódico ha tratado de contactar con los concejales de Vox para recabar su versión, sin éxito.
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