WASHINGTON – Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) emitieron el martes una nueva moratoria a los desahucios que duraría hasta el 3 de octubre, mientras el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden trata de acallar las críticas sobre que estaba permitiendo que los inquilinos vulnerables pierdan sus hogares durante la pandemia del COVID-19.
La nueva moratoria mantendría a millones de estadounidenses en sus viviendas mientras la variante Delta del coronavirus se propaga por todo el país y los estados han sido lentos para entregar la ayuda federal para el alquiler. La medida suspendería temporalmente los desalojos en condados con “niveles altos y sustanciales” de casos de coronavirus y abarcaría zonas donde vive el 90% de la población estadounidense.
El anuncio supuso una especie de revés para el gobierno de Biden luego de que éste señaló que un fallo de la Corte Suprema impedía que se emitiera una moratoria. Pero la decisión de imponer una nueva medida pese a la incertidumbre jurídica también representó una victoria para los legisladores progresistas que presionaron a la Casa Blanca para que hiciera más para evitar que aproximadamente 3.6 millones de estadounidenses perdieran sus hogares durante la crisis por el COVID-19.
En su intervención en la Casa Blanca el martes, Biden dijo que había presionado a los CDC para que volvieran a considerar sus opciones. Sin embargo, parecía dudar sobre si la nueva moratoria podría resistir las demandas sobre su constitucionalidad, y dijo que ha pedido la opinión de expertos sobre si la Corte Suprema avalaría la medida.
“El grueso de los expertos dice que no es probable que pase el examen de constitucionalidad”, señaló Biden. “Pero hay varios estudiosos clave que piensan que sí puede y que vale la pena hacer el esfuerzo”, agregó.
El presidente añadió que la moratoria, incluso si es impugnada en los tribunales, “probablemente dará algo de tiempo adicional” para que los estados y las ciudades liberen miles de millones de dólares en ayudas federales a los inquilinos.
Políticamente, la extensión podría ayudar a reparar una grieta creada con los legisladores demócratas que pidieron al presidente que tomara una acción ejecutiva para mantener a los inquilinos en sus viviendas.
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