El activista Fouad Abdelmoumni, de 62 años, asegura estar sufriendo desde hace casi un año un chantaje de índole sexual por parte de “cuerpos mafiosos vinculados al Estado marroquí”. Y sostiene que su caso no es el único, que el régimen persigue amordazar a una élite intelectual mediante métodos que atentan contra la intimidad de las víctimas. Su testimonio se inscribe en un contexto en el que varias organizaciones humanitarias internacionales, como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras, han reclamado la liberación de varios presos detenidos en los últimos meses.
Human Rights Watch (HRW) sostiene en su informe de 2021 que Marruecos intensificó la “represión” contra aquellos que “expresan opiniones críticas contra la monarquía”. Y que algunos de ellos fueron detenidos sobre la base de “acusaciones dudosas”, como la práctica de “relaciones sexuales fuera del matrimonio”. Por su parte, las autoridades marroquíes emitieron un comunicado en el que rechazan “categóricamente” las acusaciones y acusan a la organización de instrumentalizar la defensa de los derechos humanos.
Abdelmoumni es un economista especializado en microcréditos, fue presidente de la junta de dirección de la ONG Transparency Maroc entre 2016 y 2018 y ahora es miembro de la directiva de la organización. Es una de las escasas voces que hablan abiertamente en Marruecos contra las políticas del Majzén, que es una forma de aludir en el país al Palacio Real.
El semanario británico The Economist publicó un artículo la semana pasada bajo el epígrafe de “sexo, mentiras y cintas de vídeo”, donde Abdelmoumni indicaba que al menos una docena de personas, entre ellos islamistas y progresistas, han sufrido campañas difamatorias desde cuerpos próximos al aparato de seguridad del Estado.
Abdelmoumni explica, en declaraciones a este diario, que en febrero de 2020, cuando estaba a punto de casarse, sus suegros y varias personas próximas a la pareja recibieron siete secuencias de vídeos grabadas de forma ilegal en su propia casa. En ellas aparecía practicando sexo con su pareja.
En Marruecos, el sexo antes del matrimonio está penado por el código penal. “Viendo esos vídeos”, asegura Abdelmoumni, “se deduce que las cámaras con las que fueron grabados estaban incrustadas en los aparatos de aire acondicionado del salón y del dormitorio. Supongo que las quitaron cuando decidieron publicar los vídeos. El mensaje estaba claro: o me callaba o seguirían enviando grabaciones. Y todo eso iba acompañado de campañas difamatorias en medios digitales”.
Cuando se le pregunta quién cree que pudo haber grabado y difundido los vídeos, el activista responde: “Esas grabaciones exigen una capacidad fuera de lo común para entrar y salir de la casa de la gente sin dejar huellas. Instalar cámaras, grabar a distancia, descargar las grabaciones e identificar decenas de números de teléfonos de los próximos para enviarles los vídeos… No es algo que lo pueda hacer cualquiera”.
Abdelmoumni relaciona ese factor con otros: “Mi teléfono tenía instalado al menos desde abril el programa de espionaje Pegasus [un software israelí utilizado por agencias de inteligencia de docenas de países], según me revelaron Whatsapp y Citizen Lab. Además, he sufrido campañas de difamación e intimidación en numerosos medios cercanos al poder. Todo eso solo es posible mediante los medios y la cobertura que los aparatos del Estado pueden facilitar”.
Una vez que los vídeos fueron difundidos, Abdelmoumni decidió permanecer en silencio durante un tiempo. “Me tomé varios meses para meditar qué iba a hacer. Porque la casa donde fueron grabados es una casa de playa, en Skhirat, adonde acuden muchos familiares y amigos. Yo sé que puedo pagar un precio si continúo expresándome; un precio que tal vez paguen también los amigos y familiares que vienen a esta casa”.
“La gente que ha filmado estos vídeos”, continúa Abdelmoumni, “ha demostrado que no tiene escrúpulos. No tienen problema en demostrar que entran en tu casa y violan tu intimidad. Muestran el trasero de mi compañera ¡solo porque es mi compañera! Yo creo que no somos conscientes de la atrocidad del comportamiento mafioso de este Estado hoy en día. Y lo peor es que esta situación no la sufre un solo individuo. Es la élite de un país la que está agarrada por el cuello”.
Fouad Abdelmoumni dice que es fácil notar quiénes son víctimas de chantaje. “A veces hay gente que de pronto desaparece de la vida pública y ya no se le oye. Y hay otros que se ponen de pronto del lado del régimen”. El activista menciona el caso de Nadia Yassine, hija de Abdessalam Yassine, el fallecido líder del movimiento islamista Justicia y Espiritualidad (Al Adl Wal Ihsan), organización que no reconoce la autoridad espiritual de Mohamed VI como comendador de creyentes. “Nadia Yassine desapareció de la escena pública después de que se difundiera una foto suya en compañía de un hombre”.
El activista considera que este “modo de actuar” no se practicaba siquiera ni bajo el reinado de Hassan II, padre de Mohamed VI. “Fui encarcelado la primera vez cuando yo tenía 19 años. En aquella época se torturaba y se hacía desaparecer a la gente durante años. Yo creo que es imposible ahora retroceder al terror de aquella época. Pero algo que no se conocía entonces es el ataque a las personas con acusaciones sexuales falsas y el uso de métodos mafiosos contra la intimidad de las personas”.
Fouad Abdelmoumni asegura haberse acostumbrado a ser vigilado y seguido por la policía secreta. “Uno espera ese tipo de cosas hasta en un país democrático. Pero cuando te llegan a infiltrar estos métodos de espionaje en casa y en los aparatos como el teléfono; cuando se difunden ciertos contenidos en Whatsapp o en sitios de Internet para aterrorizar a la gente, creo que se traspasan ciertos límites”, sostiene.
Abdelmoumni explica que decidió abandonar el silencio en octubre, mediante un post publicado en Facebook en el que defendía al historiador Maati Monyib frente a las acusaciones policiales que se habían iniciado contra él por supuesto blanqueo de dinero. Finalmente, Monyib fue detenido y se encuentra en prisión preventiva desde el 29 de diciembre. “Monyib es un hombre cuya integridad es mil veces superior a la del mejor representante de este régimen. Meterlo en la cárcel acusándole de blanqueo de dinero es intolerable”.
Monyib fue condenado el pasado 28 de enero por otro tribunal a un año de prisión firme, acusado de “fraude y de atentar contra la seguridad del Estado”. Ese último proceso databa de 2015, año en el que Monyib dirigía coordinaba un proyecto financiado por la ONG holandesa Free Press Unlimited para fomentar el uso de la aplicación de teléfono Story Maker, que permite ejercer el llamado periodismo ciudadano de forma anónima.
Monyib se quejaba en numerosas ocasiones, de haber sufrido una campaña de difamación en medios afines al Estado. Las autoridades judiciales marroquíes han emitido un comunicado contra “la politización” del proceso contra Monyib y alegan que el preso ha contado con un juicio justo y con todas las garantías jurídicas.
“Cuando comenzaron estas campañas contra los islamistas”, subraya Abdelmoumni, “alguna gente de izquierdas no las veíamos tan mal porque en el fondo el Estado atacaba a los enemigos de su ideología. Nos callamos cuando estos ataques se hicieron contra los islamistas, contra los saharauis, contra marxistas, contra los ultraliberales. Atacaban a pequeños grupos… Todo el mundo se decía: ‘Mientras no vengan contra mí no hay problema’. Pero al final, nos encontramos todos cogidos por un régimen de tipo mafioso”.
Periodistas en la cárcel
En julio de 2020 más de 100 periodistas firmaron un manifiesto en Marruecos contra la proliferación de medios que “insultan, calumnian y difaman” a profesionales y activistas cuyas voces molestan a personas “próximas al poder”. El manifiesto mencionaba los casos de los periodistas Omar Radi, de 33 años, y el columnista Suleimán Raisuni, de 47. Ambos se encuentran en la cárcel desde julio bajo el régimen de prisión preventiva. Radi está acusado de violación y de atentar contra la seguridad del Estado. Y Raisuni fue acusado de agresión sexual desde el pasado julio.
El periodista Taufic Buachrín, director y propietario del diario Ajbar al Yaum, también se encuentra en la cárcel desde 2018, condenado a 12 años de prisión firme tras ser acusado de varios delitos de índole sexual, como violación e intento de violación.
La periodista Hajar Raisuni, de 30 años, sobrina del columnista Suleimán Raisuni, fue sentenciada en 2018 a un año de prisión tras ser acusada de someterse a una operación de aborto y de mantener relaciones fuera del matrimonio. Tras la polémica internacional suscitada, el rey Mohamed VI la indultó cuando había cumplido un mes y medio de cárcel.
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