El aumento de casos positivos por coronavirus ha obligado a la Comunidad de Madrid a contratar de urgencia a 22 nuevos rastreadores: se trata de dos médicos y 20 auxiliares de enfermería que proporcionará durante tres meses la empresa Quirón Prevención a cambio de 194.223 euros en total, según un contrato firmado el viernes y publicado este lunes en el portal de transparencia regional. Hasta la fecha, Madrid solo había contratado a 32 investigadores, y decía contar con un total de casi 400 para controlar la expansión de la enfermedad entre una población de casi siete millones de habitantes. Ahora recurre a la sanidad privada para paliar ese déficit, y lo justifica con la necesidad de actuar con rapidez por la evolución de la epidemia, pese a que los expertos advierten desde hace meses de que necesita más rastreadores.
“La Dirección General de Salud Pública viene realizando estas funciones a través de su personal técnico, no obstante, la situación epidemiológica reflejada por los sistemas de información específicos muestra un incremento en el número de casos que obliga a proveer un mayor número de efectivos destinados a las labores de averiguación y seguimiento de contactos”, especifica el texto del contrato. “El tiempo de formación necesario, la eventual rapidez con la que puedan producirse cambios en la situación epidemiológica y el carácter anticipatorio que se busca, acortan los tiempos y hacen inviable recabar los medios materiales y humanos precisos dentro de los recursos propios de la Administración en un plazo compatible con los objetivos perseguidos”, justifica el procedimiento de emergencia. “Por todo ello, se hace imprescindible cubrir estas necesidades mediante la contratación de un proveedor externo con experiencia de estas tareas”.
El Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM), que ofreció a miles de médicos, calcula que la Comunidad necesita entre 1.300 y 1.600 rastreadores para controlar la expansión del coronavirus entre sus seis millones de habitantes.
Hasta ahora, la Comunidad había optado por una triple vía para paliar ese inmenso déficit de investigadores: captar a toda prisa rastreadores voluntarios entre licenciados universitarios —que no cobran— y trabajadores municipales —que paga cada ayuntamiento—; y contactar a desempleados a los que no detalla ni condiciones ni sueldo en la primera fase del proceso de selección.
“Es una vergüenza y una desfachatez”, ha dicho Rosa Cuadrado, de CCOO. “Primero intenta buscar rastreadores voluntarios sin retribución y una vez que no lo consigue, adjudica un contrato a una empresa externa con dotación presupuestaria para que las empresas privadas si puedan cobrar. Lo que se les niega a profesionales de Ciencias de la Salud, disponibles en el ámbito académico, se les ofrece sin pudor a la privada”.
“Al final la solución la ponen con lo de siempre, colaboración público privada, es decir, dinero público para empresas privadas”, ha coincidido Julián Ordoñez, secretario de Sanidad de las Fesp UGT de Madrid. “La solución da para poco, apenas 20 rastreadores no es cubrir en absoluto las necesidades que tiene, de rastreo, la Comunidad de Madrid”, ha analizado. “Es lamentable ver a la Comunidad de Madrid hacer siempre lo mismo: ‘primero provoco el problema, no lo soluciono desde lo público y acabo poniendo la solución privada. Y ya ni me ruborizo”
Los nuevos rastreadores se dividirán en turnos de mañana y tarde y tendrán que hacer entre 190 y 220 llamadas diarias. Si no dan con las personas que han estado en contacto estrecho con los nuevos positivos detectados, deberán repetir la llamada hasta cinco veces en 24 horas, en turnos diferentes. De ello depende la detección de portadores asintomáticos del virus, que es clave para impedir la expansión de la enfermedad.
Madrid ha estado en el centro de la polémica por el bajo porcentaje de contagiados de ese tipo que encuentra, ya que sus propios informes oficiales lo cifraban en un pírrico 7,6%, frente al 60% de la media nacional. Como Enrique Ruiz-Escudero, el consejero regional de Sanidad, aseguró que la Comunidad cumplía con ese estándar, e incluso llegaba al 70% dependiendo del periodo analizado, el Gobierno regional alteró el documento, argumentando que los bajos datos que reflejaban no estaban consolidados.
Aunque el Ejecutivo regional intentó cubrir las plazas de investigador con medios propios, la externalización de parte del servicio no es nueva. En mayo, la Comunidad firmó un contrato con Telefónica e Indra para que organizaran un servicio de telefonistas con el que contactar a los contactos más cercanos de los nuevos positivos detectados, y así dar con casos asintomáticos que pudieran estar transmitiendo la enfermedad sin saberlo. El acuerdo, valorado en más de 341.000 euros, tenía una vigencia de 30 días, pero ninguna de las dos partes ha aclarado si se ha renovado.
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