Los militares que habrían masacrado a cinco muchachos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a finales de febrero, están presos en la cárcel del Campo Militar Número 1, en Ciudad de México, según ha confirmado este diario. Son cuatro en total, todos cabos de caballería, pertenecientes al 16º Regimiento de Caballería Motorizada de Nuevo Laredo. Se trata de Agustín Cornelio N, Juan Carlos N, Bernardo N y Jorge Nicolás N. Además de los cinco muertos, los militares dejaron a un muchacho malherido.
Ni la Fiscalía General de la República (FGR), ni la Secretaría de la Defensa (Sedena) han informado del estatus de los militares de manera oficial. A principios de mes, varios medios de comunicación señalaron que la justicia militar acusaba a los cuatro de un delito de desobediencia, aunque la dependencia nunca lo confirmó ni lo desmintió. Por su lado, la FGR inició una investigación sobre lo ocurrido, pero todavía no se ha pronunciado al respecto.
El Código de Justicia Militar establece una pena de un año de prisión para los militares que incurran en este delito, de manera general. El texto señala, sin embargo, que cuando esa desobediencia “ocasione un mal grave”, la pena será de dos años. La norma prevé penas más severas para militares que desobedezcan “en campaña” o “frente al enemigo”.
No se sabe qué planea hacer la FGR, pero en caso de acusarlos de asesinato, los fiscales deberían añadir una agravante, la “ventaja”, como señala el Código Penal Federal. Esto, porque los muchachos ni dispararon ni iban armados durante el ataque de los militares. De ser condenados, a los acusados de asesinato con ventaja se les imponen penas de 30 a 60 años de prisión.
El caso Nuevo Laredo aparece como una de las manchas en el actuar policial de las Fuerzas Armadas durante el Gobierno actual. Golpeado por las denuncias de espionaje a civiles, entre ellos el hombre que denunció la masacre de los cinco muchachos de Tamaulipas, Raymundo Ramos, el Ejército no había lidiado con un caso así con López Obrador. Había ocurrido en las administraciones anteriores, el caso Tlatlaya, por ejemplo, con Enrique Peña Nieto (2012-2018), o el de los estudiantes del Tec de Monterrey, con Felipe Calderón (2006-2012), pero no estos años.
La masacre de los muchachos ilustra las consecuencias de la militarización de la seguridad pública en el país, una situación que se ve en Tamaulipas como en pocos sitios. El Ejército se ha convertido en la policía de facto en las ciudades fronterizas, caso de Nuevo Laredo, pero también de Reynosa o Matamoros. Los tiroteos entre militares y civiles son comunes allí. En este crepitar constante de las armas ocurrió el ataque contra los muchachos.
En la madrugada del domingo 26 de febrero, un grupo de siete jovenes salió de una discoteca en el centro de Nuevo Laredo. Fueron rumbo sur en una camioneta, a dejar a varios de ellos. A la altura de la colonia Cavazos Lerma, un convoy de cuatro patrullas militares los vieron y empezaron a seguirlos. En el informe que rindió ante la FGR, el capitán a cargo del convoy señaló que los muchachos aceleraron cuando les vieron, situación que los dos supervivientes del ataque han negado. Los militares andaban por la zona, según el capitán, porque habían escuchado disparos por allí.
Las diferencias entre un relato y otro continúan. Los supervivientes, Alejandro y Luis Gerardo, narran que cuando vieron que los seguían, detuvieron la marcha. Luego los militares chocaron con su camioneta y ellos, del golpe, embistieron un vehículo que había estacionado en la calle. El capitán dice que ellos no les chocaron, los muchachos lo hicieron solos. Que cuando chocaron escucho nuevos disparos y algunos de sus hombres dispararon.
La versión que dio Sedena en el único comunicado que ha divulgado sobre el caso presenta una diferencia con el informe del capitán. La dependencia no dice que los militares escucharan nuevos disparos después del choque. Fuera como fuera, los militares empezaron a disparar, sin que los muchachos, desarmados, lo hicieran. Según su relato, el capitán ordenó alto el fuego, pero para entonces sus hombres habían disparado decenas de veces. Dentro del carro quedaron tres muertos y en la calle dos más, además del herido, Luis Gerardo, y Alejandro, que resultó ileso.
Según el relato de ellos dos, militares aún le dispararon a Luis Gerardo cuando este estaba ya fuera de la camioneta, pidiendo auxilio. Lo habrían hecho hasta en dos ocasiones. Alejandro señala que le ordenaron que se tirara al suelo, pecho a tierra y así le tuvieron un buen rato. Estado así, dice que escuchó dos o tres disparos más, además de los que le tiraron a su amigo herido. No sabe contra qué o quien dispararon.
Visto lo ocurrido, las variaciones en los relatos y la extrañeza de que solo cuatro militares hubieran disparado todas las balas, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, señaló que “la investigación debe abordar los temas de la cadena de mando, no solamente la responsabilidad de los elementos”.
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