El cerco conservador al derecho al aborto en Estados Unidos ha sufrido una importante derrota en la Justicia. El Tribunal Supremo ha eludido este viernes tomar en consideración una apelación del Estado de Alabama para que entrara en vigor una ley estatal, apoyada por los republicanos, que habría prohibido en la práctica los abortos después de las 15 semanas de embarazo. La más alta instancia judicial ratifica la decisión de una instancia inferior, y la polémica ley de 2016 seguirá suspendida. Pero, como es su costumbre, no detalla los motivos por los que elude tomar en consideración el caso.
La ley en cuestión no es la aprobada el pasado mes de mayo por los legisladores de Alabama, todavía más restrictiva y objeto también de un desafío judicial, que suscitó una enorme contestación a escala nacional e internacional. Aquella, básicamente, prohíbe la interrupción del embarazo en cualquier etapa de la gestación y criminaliza con hasta 99 años de prisión al médico que lo practique. Pero esta ley, también de Alabama, que el Supremo ha decidido este viernes dejar en suspenso, forma parte de la misma ofensiva por parte de numerosos Estados conservadores para crear un clima de acoso y derribo que presione al alto tribunal, que cuenta hoy con una mayoría más conservadora con los dos jueces designados por el presidente Trump, para revertir la histórica sentencia conocida como Roe versus Wade, que estableció en 1973 que el aborto era un derecho constitucional.
Se trata, pues, de una primera victoria para los movimientos que luchan contra los intentos de despojar de protección constitucional al derecho al aborto. Pero ni mucho menos es una victoria definitiva, como demuestra el tenor de la opinión redactada por el juez conservador Clarence Thomas, que apoya la decisión de la corte pero deja claro que votará en el futuro por ratificar las controvertidas leyes estatales. “La noción de que algo en la Constitución impide a los Estados aprobar leyes que prohíben el descuartizamiento de un niño vivo es inverosímil”, escribe el juez.
Pero lo cierto es que, de haber fallado a favor de la entrada en vigor de la ley, el Supremo sí habría dado un golpe mortal a la citada sentencia Roe vs. Wade, que legaliza el aborto a nivel nacional. La instancia judicial inferior, cuyo fallo mantiene en vigor el Supremo, basó su decisión en que la ley de Alabama infringe precisamente el derecho constitucional al aborto reconocido por dicha histórica sentencia.
Lo que hacía la ley en cuestión es prohibir el método de interrupción del embarazo conocido como dilatación y evacuación, que consiste en dilatar el cuello uterino y eliminar quirúrgicamente el contenido del útero. Es el método más usado para abortos realizados en el segundo trimestre del embarazo, y el fiscal general de Alabama se refirió a él como “aborto por descuartizamiento”. El 93% de los abortos en Alabama se producen en las primeras 15 semanas de gestación. Del 7% de los abortos que se realizan después, casi todos se llevan a cabo con esta técnica, de modo que la ley habría prohibido de facto los abortos a partir del primer trimestre.
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