El presidente estadounidense, Donald Trump, habla por teléfono desde el Despacho Oval en junio de 2017. En vídeo, el momento en el que se formalizan las acusaciones contra Trump. AP | REUTERS
La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, compareció ante la prensa a las nueve de la mañana junto a los presidentes de los seis comités que han participado en la investigación parlamentaria para anunciar los cargos, lo que formalmente se conoce como los artículos del impeachment. “No nos tomamos esta acción con ligereza”, afirmó el presidente del Comité Judicial, Jerrold Nadler, encargado de leer la acusación. “Cuando el presidente traiciona la confianza y se pone por delante del país, pone en peligro la Constitución y la democracia, y pone en peligro la seguridad nacional”, añadió.
El impeachment es una suerte de juicio político contemplado en la Constitución de Estados Unidos para destituir a un presidente si comete un delito o falta grave. La Cámara de Representantes, que es la que tiene la potestad de activarlo, lo puso en marcha gracias a la mayoría demócrata el 24 de septiembre, cuando trascendieron maniobras de Trump para lograr que la Justicia de Ucrania anunciase dos investigaciones que le hubiesen favorecido electoralmente. Una tenía como objeto a su rival político, el exvicepresidente y precandidato demócrata Joe Biden, y su hijo Hunter, por sus negocios en aquel país; mientras que la otra versaba sobre una teoría conspirativa de las elecciones de 2016 que perjudica a los demócratas y hoy por hoy ha sido desacreditada.
“Usando los poderes de su alto cargo, el presidente Trump solicitó la interferencia de un Gobierno extranjero, Ucrania, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020”, señala el documento de nueve páginas en el que la oposición demócrata explica los dos cargos contra Trump. Esta presión, añade el escrito de acusación, se ejerció utilizando como moneda de cambio la entrega 391 millones de dólares en ayudas militares que el Congreso estadounidense había prometido a Ucrania -que se encuentra en guerra con los separatistas prorrusos en el este del país-, así como una invitación a la Casa Blanca al presidente ucranio, Volodímir Zelenski.
A ello cabe añadir, según los demócratas, “un desafío sin precedentes” del presidente a toda la investigación puesta en marcha por la Cámara baja, ordenando a la Administración no contestar a las citaciones del Congreso, tanto en materia de documentos como en declaración de testigos.
Los demócratas han optado por simplificar el proceso al apostar por únicamente dos cargos, menos que los que se presentaron en su día contra Bill Clinton o contra Richard Nixon, omitiendo la acusación directa de cohecho o soborno, que la Constitución estadounidense cita explícitamente. También han evitado entrar en el delito de obstrucción a la justicia derivado de otra investigación, la de la trama rusa, algo que hubiese ralentizado el proceso porque hubiese requerido un nuevo frente en los tribunales para la testificación de testigos.
Si se cumple el calendario esta semana, los legisladores del Comité Judicial ratificarán los cargos gracias a la mayoría demócrata (24 a 17) de la Cámara de Representantes. La votación en el pleno tendrá lugar la próxima semana y de ahí, donde la oposición también tiene votos suficientes para sacar la acusación adelante, el caso pasará al Senado, que es donde se desarrolla el juicio político propiamente dicho y donde se vota el veredicto final. En la Cámara alta, las perspectivas del presidente dan un giro de 180 grados. La absolución presidencial tiene el camino despejado, ya que hacen falta dos tercios de los votos para destituir a un presidente (67 de 100 senadores) y los republicanos son mayoría (53 votos, frente a 47 demócratas, incluyendo a dos independientes).
Porque, aunque lo que el impeachment busca es establecer si el presidente ha cometido o no un delito suficientemente grave como para retirarlo del puesto, el proceso abierto contra Trump se ha demostrado hasta ahora totalmente partidista. El lunes, en una sesión maratoniana en el Capitolio, los abogados de los demócratas alegaron que las pruebas de abuso de poder por parte de Trump resultan “abrumadoras” y que su actuación supone un riesgo para el correcto desarrollo de las elecciones de 2020. Mientras, los asesores republicanos denunciaron la “obsesión” de los demócratas por deshacerse de Trump como sea.
Una conversación telefónica entre Trump y Zelenski el pasado verano demuestra que el estadounidense pidió insistentemente a su homólogo ucranio que iniciara las investigaciones, aunque los republicanos defienden que lo hizo de buena fe, preocupado por la corrupción, sin ofrecer contrapartidas. Otros diplomáticos y asesores sí señalan que se usaron las ayudas militares —que pasaron más de un mes congeladas sin explicación— y la reunión entre los mandatarios como mecanismo de presión a través del abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, pero sin registros de una orden directa y explícita por parte del mandatario.
“¡Es una caza de brujas!”, enfatizó Trump en su cuenta de Twitter. “Lean la transcripción [de la llamada], cuando dije ‘nosotros’ me refería a Estados Unidos, no a mí”, insistió. La presidenta de la Cámara, la veterana demócrata Pelosi, ha tratado en todo momento de defender que la actuación contra el presidente no nace de rivalidad partidista, sino del deber constitucional, ante la gravedad de unos hechos que este martes calificó de “incontestables”. “Si permitimos que el presidente esté por encima de la ley, entonces seguramente pondremos en peligro nuestra República”, argumentó. Para recalcar la ausencia de ánimo revanchista en las filas demócratas, una hora después de anunciar los cargos contra el presidente, Pelosi declaró el apoyo de su grupo al nuevo tratado comercial con México y Canadá.
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