Un goteo incesante de reclamaciones empieza a llegar al Ministerio de Cultura, que lidera José Manuel Rodríguez Uribes. Asociaciones de escritores, editores y de artistas de diversas disciplinas reivindican que se garanticen sus derechos de autor una vez España adapte a su legislación la nueva directiva europea sobre esta cuestión. Por el momento, informan fuentes del Ministerio, no hay una fecha exacta, aunque será antes del 1 de junio por los plazos que estableció la Unión Europea cuando aprobó esta norma en 2019.
La Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) ha sido la última en solicitar al Gobierno que “mantenga la gestión colectiva obligatoria de derechos de propiedad intelectual” cuando se aplique la directiva. Los editores reclaman así que estas organizaciones se mantengan como garantes para “aportar al mercado equilibrio y la seguridad jurídica necesaria”. El sector considera que es “una de las grandes conquistas europeas para el mundo de la creación” con la que además se garantiza “la cobertura asistencial a miles de autores”.
Esta demanda llega después de que la SGAE se uniera el pasado viernes a la petición de la Conferencia de Asociaciones de Escritores y Escritoras de España, la Asociación de Medios de Información (AMI) y a las entidades de gestión de derechos de autor españolas reunidas en Adepi para garantizar que sus derechos sean “conveniente y equitativamente retribuidos por la circulación y distribución de su trabajo a través de redes digitales, frente a posiciones puramente mercantilistas”.
“Los autores son piezas fundamentales en el ejercicio de la creación, pero también las más frágiles de una cadena que con la irrupción de las nuevas tecnologías corren serio riesgo de quedar sepultadas bajo los intereses de las grandes empresas de la era digital”, señaló la SGAE.
Estas peticiones de las asociaciones están relacionados con el artículo 15 de la directiva. El texto otorga a los editores de prensa el derecho a conceder o no el visto bueno a webs con ánimo de lucro para que compartan “fragmentos significativos” de sus publicaciones. El legislador pretendió así responder a las quejas de los autores, indignados con que sus obras lleguen a más espectadores y lectores que nunca, mientras los ingresos se desvíen hacia otros bolsillos.
En el caso de España, tras la desaparición de Google News en 2014, han surgido otros buscadores, como Google Discover, que agrega y propone a los usuarios varios artículos según sus gustos y su historial de búsquedas e intereses. El pasado noviembre Cedro, la entidad de gestión de los derechos de autor del sector editorial, presentó una demanda contra Google en la que exigió 1,1 millones de euros por un presunto impago de derechos de autor. El organismo consideró que se trataba del dinero que Google Discover debe dar a los autores y editores por “la agregación de fragmentos de noticias de diferentes ediciones digitales de periódicos y de otras publicaciones”, con base en la Ley de Propiedad Intelectual.
Hasta la fecha, estas plataformas tecnológicas se amparaban en que solo debían reaccionar a posteriori, cuando se les comunicaba que alojaban un contenido no autorizado. Ahora, según la aplicación de la directiva europea, tendrán que demostrar que han realizado “los mayores esfuerzos” para alcanzar un pacto, impedir rápidamente el acceso a las obras denunciadas y encargarse de que no vuelvan a estar disponibles.
Asimismo, el artículo 17 insta a los portales que almacenan, organizan y difunden contenidos de usuarios con fines comerciales a contar con una licencia previa de los creadores de esas obras. Es decir, que una plataforma de vídeo como YouTube, por ejemplo, sea capaz de eliminar un contenido que sea usado sin tener los derechos sobre el mismo. Una decisión que ya ha provocado las quejas de otros sectores que consideran que esto es solo el inicio de la censura previa en Internet.
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