Por Francisco Rodríguez
Border Hub
En los últimos 20 años, en Coahuila, hay un mapa de obras que han quedado inconclusas, en obra negra, que siguen sin entrar en operaciones, que no fueron útiles o de plano se convirtieron en un elefante blanco. Este dispendio de recursos públicos asciende a 747 millones de pesos al menos en cinco obras. Esta cantidad es más que todo el presupuesto de la secretaría de Gobierno para 2022, y tres veces el presupuesto de las secretarías de Cultura y de Economía.
Los 747 millones de pesos habrían alcanzado para pagar tres años la nómina del Poder Legislativo, pero, en cambio, se gastaron en obras que no se concluyeron o que llevan años paradas.
Miguel Ángel Ordaz, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), considera que, en este caso, los “elefantes blancos” son un asunto que tiene que ver con la falta de una normatividad que permita establecer responsabilidades sobre cualquier acción de gobierno en cualquiera de sus ámbitos.
Pasan los años y ahí están: “elefantes blancos” que se han erigido como reflejo del derroche, de la falta de planeación en las políticas públicas y de la visión cortoplacista de un gobierno acostumbrado a no cumplir con sus promesas.
Por eso Ordaz no duda en señalar que las acciones de los gobiernos siguen en gran medida funcionando a partir de los intereses de los gobernantes y de los intereses de los grupos económicos. Sin ninguna consecuencia.
Los elefantes blancos presentados aquí son tres infraestructuras relacionadas con temas esenciales como salud, seguridad y protección a la mujer. Es un mapa de elefantes blancos localizados en La Laguna, Región Sureste, Carbonífera y en la frontera de Piedras Negras.
Todos, como dice el académico Miguel Ángel Ordaz, se manejaron con los anuncios tradicionales de bombo y platillo, como algo que iba a favorecer a la región o a algún segmento de la población, pero que, finalmente, critica Ordaz, pudieron haber servido entre otras cosas sólo para gastarse el dinero.
“Al no concluirse las obras, como no hay responsabilidad que fincar, no hay el procedimiento establecido para ello, sencillamente se queda como obra inconclusa”, critica el analista político.
De las cinco obras presentadas, hay tres que no tienen remedio. Son casos perdidos. Dos más todavía tienen oportunidad de rescatarse.
Y mientras estos edificios o estructuras se han convertido en paisaje, Ordaz señala que la fiscalización a estas obras inconclusas no ha sido lo suficientemente fuerte porque la misma tiene agujeros, tiene hoyos que entorpecen cualquier cosa o conducen a ninguna parte. Asegura que esta dinámica conviene a la relación “perversa” entre las autonomías y el Ejecutivo.
Considera que no hay interés en sancionar las obras inconclusas de parte de instancias como la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas o la misma Fiscalía Anticorrupción.
“Tenemos tantas leyes que sirven para regular tan poco, para sancionar a tan pocos”, critica el especialista.
Además, refiere que los titulares de los ejecutivos no son responsables de algo. Nunca, pues se diseña la norma de tal manera para que así suceda.
“Todo es por la vía de la delegación”, explica.
Lo que tiene que ocurrir, considera el académico, es que la sociedad se interese por el destino de los impuestos que pagamos pues, finalmente, lo gastado en esos proyectos proviene del dinero de la gente.
“Nos acostumbraron a no exigir, a no protestar. Es un proceso largo que implica la composición de una nueva mentalidad”, dice.
Por décadas, este inmueble ha estado abandonado. Primero, serían las oficinas de la Policía Federal; después, del patronato de Bomberos y, recientemente, se estableció que albergarán a la Guardia Nacional, sin embargo la obra sigue intacta.
Dos décadas de una Pirámide sin uso
Hace más de dos décadas se construyó en el Parque Industrial Santa María de Ramos Arizpe un edificio conocido como La Pirámide, donde se pretendía albergar un destacamento de la entonces Policía Federal de Caminos. Pasaron los años y quedó en el olvido.
La Pirámide quedó abandonada y nadie se hizo cargo de ella. Nadie sabe por qué en su momento no se ocupó.
Según el libro El país de los elefantes blancos, de Julio Franco Corzo, un empresario donó el terreno al Ayuntamiento para construir el destacamento. Sin embargo, la Federal de Caminos desapareció y se convirtió en Policía Federal Preventiva, la cual primero estuvo bajo el mando de la Secretaría de Gobernación y después de la Secretaría de Seguridad Pública. Estas modificaciones provocaron incertidumbre jurídica, lo que derivó en que nadie se hiciera cargo.
Los únicos que la aprovecharon fueron los indigentes que encontraron refugio y los grafiteros que plasmaron su obra en las paredes.
Se realizaron solicitudes de información al Ayuntamiento de Ramos Arizpe (folio 050103000001221) y a la Secretaría de Comunicación y Transportes (folio 330025521000262) para conocer el monto de la inversión, pero los entes aseguraron no ser competentes para proporcionar el dato.
Según una revisión hemerográfica, la inversión inicial fue de 4 millones de pesos. La estructura comenzó a levantarse antes de concluir el siglo pasado. Pero quedó en obra negra.
En septiembre de 2014, el ayuntamiento de Ramos Arizpe anunció que el edificio sería donado al patronato de Bomberos de la región sureste del estado, con la intención de colocar una nueva central de emergencias.
El municipio adelantó que se utilizarían, en una primera etapa, cerca de 4 millones de pesos para rehabilitar el lugar. En diciembre de 2014, se firmó un convenio con el que Davisa Parques Industriales -dueña del predio- se comprometía a donar La Pirámide y un terreno contiguo, donde se buscaría crear la central de urgencias especializada en accidentes vehiculares y un área de capacitación para bomberos y elementos de protección civil.
En 2016, el Patronato de Bomberos recibió el espacio en comodato. Pero el proyecto fracasó.
En 2018, el Ayuntamiento de Ramos Arizpe decidió deshacerse de La Pirámide y entregársela a la Policía Federal. El 11 de diciembre de 2018, en el decreto 100 del Periódico Oficial del Estado se había autorizado la desincorporación municipal de La Pirámide.
Pero en tres años nadie metió mano a la obra y la operación perdió vigencia, sobre todo por la extinción de la Policía Federal y la creación de la Guardia Nacional.
Finalmente, el 30 de junio de 2021, el Ayuntamiento de Ramos Arizpe aprobó en Cabildo (acta 237) la desincorporación -por segunda ocasión- del elefante blanco, plasmado en el Periódico Oficial como “predio identificado como lote PR-1” de la colonia Agrícola Veteranos de la Revolución de la ex Hacienda Molinos de Santa María, actualmente Parque Industrial Santa María, con el objetivo de donarlo al gobierno federal a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para uso de la Guardia Nacional.
Fue el 7 de septiembre de 2021, mediante el decreto número 90 publicado en el Diario Oficial del Estado, que se aprobó la donación de La Pirámide al gobierno federal para la construcción de las instalaciones de la Guardia Nacional.
El bien inmueble donado y sin usarse en más de dos décadas tiene una superficie de 9 mil 453 metros cuadrados.
Se cuestionó vía transparencia a la Guardia Nacional (folio 332259821000274) el estatus de la obra y los planes sobre ella, pero simplemente respondió con la confirmación de la donación que hizo el municipio de Ramos Arizpe.
A pesar de la necesidad de contar con un centro de internamiento para atender los casos de gravedad, no se ha dado un paso adelante con la terminación de este centro, tampoco se ha castigado a nadie por el abandono y omisión del a obra.
El tratamiento de adicciones, convertido en elefante blanco
Las omisiones y desdén de las autoridades de Coahuila para el combate a las adicciones podrían resumirse en una obra: el Centro de Integración Juvenil y Atención a las Adicciones en San Pedro, un proyecto de 24.6 millones de pesos de la administración del exgobernador Rubén Moreira que fue pensando para ser el primer centro de internamiento para adictos en el Estado.
Pero nunca concluyó.
Actualmente, la construcción quedó en obra negra y no existe ningún plan de las autoridades estatales para rescatar una obra que, además, fue asignada a una empresa ligada a la expresidenta del Poder Judicial del Estado, Miriam Cárdenas Cantú.
El edificio se halla detrás de las instalaciones de la cárcel de San Pedro, por un camino de tierra.
Lo que sería un centro con 28 dormitorios, aulas, capilla, áreas de trabajo y consultorios, quedó en obra negra desde el término de la administración del exgobernador Moreira, en 2017. Y la actual administración de Miguel Riquelme no tiene ningún interés en rescatarla.
Cuestionado sobre el centro que no se concluyó, el secretario de Salud, Roberto Bernal, aseguró que en la entidad “hay prioridades”, y ese proyecto no lo es.
Admitió que conoce de la obra inconclusa, pero recalcó que no existe proyecto para rescatar el Centro.
En 2015, el exgobernador Rubén Moreira, actual diputado federal, anunció la construcción de un centro para atender las adicciones en el municipio de San Pedro de las Colonias. Eran los tiempos de postguerra de cárteles y San Pedro de las Colonias estaba identificada como una ciudad con graves problemas de consumo de heroína.
En 2016, se lanzó la licitación pública nacional CE-905002984-E168-2016 para la construcción del Centro de Integración Juvenil y Atención a las Adicciones en San Pedro. En septiembre, se dio el fallo a la empresa Corporativo de Desarrollo y Construcción S.A. de C.V., pese a ser la propuesta más cara de tres que se presentaron. La razón fue que las otras dos se desecharon por cuestiones técnicas de requisitos.
El contrato CE-E168-2016, en posesión de Semanario, fue firmado por 24 millones 697 mil 716.98 pesos y en él se establecía un plazo de 180 días (del 30 de septiembre de 2016 al 28 de marzo de 2017) para concluir la obra. Nada de eso sucedió.
A más de cinco años de iniciarse, el Centro de Integración Juvenil y Atención a las Adicciones en San Pedro es uno más de los elefantes blancos estacionados en Coahuila.
Este proyecto sería el primer centro de internamiento para adicciones dependiente del estado. Pero al quedar inconcluso, no se puede atender al ejército de adictos -principalmente de cristal- que hoy en día se suman a las estadísticas permanentemente. Según el Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Torreón, siete de cada 10 personas que acuden a esa institución tienen una adicción al cristal.
Esos adictos tienen que buscar a alguno de los 21 centros de rehabilitación de la organización civil especializados en adicciones o uno de los tres lugares reconocidos por la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic). O quizá, terminar en algún anexo clandestino.
Hasta 2018, según una relación de proyectos de obra para Coahuila del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativa (FAFEF), el proyecto con folio COA16160200640962, a la construcción del Centro de Integración Juvenil y Atención a las Adicciones en San Pedro se le habían entregado 9 millones 565 mil 836.5 y tenía entonces un 35% de avance.
El elefante blanco tiene también otro tamiz. La empresa responsable del Centro, Corporativo de Desarrollo y Construcción, S.A. de C.V., está ligada a Miriam Cárdenas Cantú, expresidenta del Poder Judicial del Estado. La expresidenta fue accionista de la empresa en sus inicios, pero su cuñado, Jorge Domingo Mejía de la Garza, sigue siéndolo y su esposo, Jaime Alfredo Mejía de la Garza, es el representante legal.
A pesar de que hubo aportaciones de los mineros para la construcción y habilitación de este hospital, el gobierno de Humberto Moreira lo dejó inconcluso sin que nadie pague por la mala administración de los recursos públicos.
El hospital del minero, una obra que nació elefante blanco
En la región Carbonífera los mineros trabajan bajo condiciones de inseguridad constante. Derrumbes, explosiones o inundaciones se presentan cada año.
Luego del trágico accidente de Pasta de Conchos donde quedaron atrapados 65 mineros, durante la administración del exgobernador Humberto Moreira, se construyó en el municipio de San Juan de Sabinas un “Hospital del minero”, el cual tenía como objetivo atender esencialmente a los trabajadores de la Carbonífera, y también el Centro de Capacitación y Rescate de los Mineros, cuyo fin era capacitar en materia de seguridad a los mineros que trabajaban en pozos, minas o tajos.
El proyecto del hospital se abandonó. La obra fue iniciativa de Javier Villarreal Hernández, extesorero de Coahuila, aunque entonces era director del Servicio de Administración Tributaria (SATEC), dependencia que había creado Humberto Moreira para que todo el dinero que ingresaba a las arcas estatales se concentrara en una oficina.
Villarreal Hernández convenció a los productores de invertir parte de los fondos que aportaban por cada tonelada de carbón a la Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi) en la construcción del hospital.
En el año 2003, como resultado de una negociación entre los sectores involucrados, y autoridades federales y estatales se creó la Prodemi, que tenía como objetivo fundamental fungir como intermediaria para que los productores de la región vendieran el carbón producido a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Gracias a aportaciones de mineros y productores a la Prodemi se construyó el Hospital del Minero y un Centro de Capacitación y Rescate de los Mineros. Sin embargo, el hospital nunca funcionó porque nunca tuvo equipamiento. Cuando se terminó la obra, el gobierno solicitó a los productores que aportaran recursos para el equipamiento. Pero ellos se negaron.
El 12 de mayo de 2011, el entonces gobernador Jorge Torres López, quien entró como interino a la salida de Humberto Moreira, calificó como “un error” la creación del hospital, pues los patrones de las minas tienen la obligación de tener inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a sus trabajadores.
Por tal motivo, el 20 de mayo de 2011, en sesión del Congreso de Coahuila, la entonces diputada panista Esther Quintana Salinas propuso un punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo del Estado que diera a conocer de qué manera se planeaba reembolsar a los mineros las cantidades que, por vía de aportación, realizaron para la creación del hospital del Minero. Los priistas se negaron y la solicitud fue rechazada por mayoría.
Miguel Ángel Ordaz refiere que nunca habrá exigencia de los diputados porque son “correa de la misma tela”. Para el catedrático, la falta de exigencia de los diputados locales, principalmente los que son parte del partido en el poder, reflejan la combinación perfecta entre una representación simulada y una simulación democrática a la hora de la elección. “Todo está establecido a partir de los intereses del ejecutivo”, comenta.
Para Esther Quintana se trató de dinero de los trabajadores tirado a la basura, por lo que no duda en calificarlo como un “robo” y un “fraude”. Asegura que era necesario un hospital especializado que tratara a los mineros por sus múltiples males. Por ejemplo, de 2018 a 2020 se registraron 3 mil 179 casos de neumoconiosis, según la memoria estadística del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
A la neumoconiosis también se le conoce como la enfermedad del pulmón negro, porque resulta de la inhalación del polvo de carbón. En ningún otro estado hay esos niveles de males respiratorios.
Como tampoco en ninguna otra parte del país ocurren la cantidad de accidentes fatales en minas como en la Carbonífera: un promedio de cuatro accidentes fatales cada año, lo que evidencia el riesgo de trabajo en la zona.
“No existe un hospital de esta naturaleza. Si no les van a devolver su dinero, que les den el hospital”, lamenta Quintana Salinas.
La exdiputada reflexiona que un gobierno actúa cuando se encarga de aspectos torales: salud y educación. Sin embargo, en el tema del hospital del minero, ya había dinero aportado y se dio por perdido. “No se vale, no se llegó a ningún acuerdo”, añade.
El único uso que se le daba era el de bodega del hospital General del municipio.
Asimismo, se dio a conocer la intención del gobierno estatal para que fuera el IMSS quien se hiciera cargo del elefante blanco, a fin de que éste fuera utilizado para la operación de una clínica regional. Pero el IMSS nunca lo aceptó. Esther Quintana critica que nunca se dialogó y no se le dio la importancia requerida en una región donde son típicas las enfermedades respiratorias consecuencia de la minería del carbón.
Jorge Torres fue condenado a 36 meses de prisión en Estados Unidos por el delito de lavado de dinero y liberado hace unos meses. Javier Villarreal, por su parte, enfrenta en libertad en Estados Unidos cargos de conspiración de lavado de dinero robado de las arcas de Coahuila.
La Prodemi desapareció y cualquier solicitud de información no es respondida ni es posible presentar recursos de revisión. La secretaría de Infraestructura dice no tener información. Hoy el elefante blanco está sepultado y dio vida, gracias a la pandemia, a un laboratorio de biología molecular. Pero del hospital del minero nadie se acordó en una década.
De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, se han gastado 33 millones de pesos en la construcción de este centro que sigue sin abrir sus puertas.
Un Centro de Justicia que sigue sin concluir
El 17 de diciembre de 2018, se puso la primera piedra del Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres en Piedras Negras, prácticamente a un año de gobierno del actual gobernador, Miguel Riquelme Solís.
Al lado del mandatario estaba la entonces alcaldesa de Piedras Negras, Sonia Villarreal, actual secretaria de Seguridad del Estado.
La obra tiene una construcción, según la minuta del proyecto, de 2 mil 765 metros cuadrados y más de 3 mil metros cuadrados de superficie.
En este edificio se pretende contar con un área de atención a las mujeres, oficinas de enlace de la Fiscalía, DIF, Pronnif; además de un refugio temporal para albergar a tres familias.
La obra tiene sus orígenes en un convenio de coordinación que celebraron la Secretaría de Gobernación y el gobierno de Coahuila para la creación específica del Centro de Justicia en Piedras Negras.
El gobierno de Coahuila, a través del exsecretario de Gobierno y actual alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, solicitaron el 26 de enero de 2018 a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), recursos federales para la creación del Centro. El 21 de febrero de ese año se determinó viable el proyecto y se autorizaron 13.6 millones de pesos.
El proyecto tenía un costo estimado en dos etapas de 26 millones de pesos y tenía como fecha estimada de conclusión el 31 de diciembre de 2019. Pero fue hasta diciembre de 2018 que se puso la primera piedra. Entonces se informó que la inversión sería de 30 millones de pesos.
El Centro sigue sin arrancar. Según la Secretaría de Infraestructura se han gastado 33 millones 713 mil 573 pesos en cuatro contratos, dos en 2018 y dos en 2021.
En tres años de construcción, esta obra que debió concluir en un año sigue sin poder entregarse.
Vanessa Ramírez, abogada y académica de la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), unidad Piedras Negras, considera que es una gran diferencia contar con un Centro de Justicia en vez de que las mujeres tengan que acudir a una agencia del ministerio público.
“Cuando abren estos centros, los números se disparan. Las mujeres saben que existe un lugar donde son atendidas de forma integral y su ánimo hace que vayan. Es un fenómeno que ocurre, los números se van a incrementar. En una atención laboral, de salud, de educación”, argumenta la especialista sobre la necesidad del Centro en Piedras Negras.
Actualmente, las mujeres tienen que acudir a un módulo de atención que está en el Instituto de las Mujeres en Piedras Negras.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2021 (hasta noviembre) se reportaron 773 denuncias por violencia familiar.
Para Vanessa Ramírez, acudir a una agencia del ministerio público inhibe el hecho de que las mujeres denuncien o pidan apoyo.
“La ruta de atención cuando las mujeres van a un Centro de Justicia…, hay áreas lúdicas, los niños están cuidados mientras son atendidas; ir a una agencia del MP con niños dificulta la ruta de atención en la fiscalía. En los centros de empoderamiento, se sienten más tranquilas. Hay muchas ventajas”, ahonda.
Para Ramírez, en todas las regiones de Coahuila es necesario un Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres.
Por ejemplo, en Piedras Negras no existe un refugio para mujeres violentadas, mientras que en Acuña sí.
“Sería bueno tener uno que dé atención a Piedras Negras y a la zona de los Cinco Manantiales”, comenta la abogada.
La abogada desconoce por qué el Centro no ha entrado en operaciones. Dice que ha pasado por el exterior y luce completo.
Según la secretaría de Infraestructura, la obra tiene un 98 por ciento de avance físico, por lo que se considera “en proceso”, según respuesta a una solicitud de información (folio 050098400001821) de fecha 10 de noviembre de 2021.
De acuerdo con un informe de la Auditoría Superior de la Federación, se duplicaron pagos en la estructura metálica y además se pagó más de 192 millones de pesos por equipo médico que no se ha instalado.
Hospital Materno infantil, ¿hasta cuándo?
El Hospital Materno Infantil de Saltillo es un elefante blanco colorido por el rosa de las jardineras y unos listones de colores pastel que cuelgan en la fachada.
La historia de este hospital data de junio de 2014, cuando el gobierno estatal del exgobernador Rubén Moreira y el federal del expresidente Enrique Peña Nieto, firmaron un convenio para la construcción del Centro Oncológico y el Hospital Materno Infantil.
Sin embargo, a más de seis años, la obra de casi 700 millones de pesos parece interminable, pese a que la obra se presentó como concluida al final de la gestión de Rubén Moreira.
El 28 de noviembre de 2017, el exmandatario publicó en su cuenta de Twitter: “Entregamos el edificio y equipo del nuevo Hospital Materno-Infantil. Empieza el proceso para su inicio de operaciones”.
Sin embargo, pese a que el elefante blanco se presentó como finalizado, la actual administración sigue gastando dinero. Al menos así lo dicen los informes del gobernador Miguel Riquelme Solís.
En la página 161 de su primer informe de Gobierno (2018), Riquelme Solís informó de la “continuación de la construcción del Hospital Materno Infantil, con una inversión de 53 millones de pesos”.
“Dice haber invertido 53 millones para construir un hospital que ya estaba construido”, reclamó en la tribuna del Congreso el diputado panista Rodolfo Walss Aurioles.
En su segundo informe (2019), página 176, en Saltillo, también se informa que se destinaron 53 millones de pesos al Hospital Materno Infantil.
En su tercer informe de Gobierno (2020), página 218, también se informó que se seguía trabajando en la “continuación de la construcción del Hospital Materno Infantil, con una inversión de 53 millones de pesos”. Aunque en la página 436 se dice que son 44.4 millones de pesos.
En la página 218 del cuarto informe (2021), dice textual: “seguimos trabajando en las siguientes obras iniciadas el año pasado: Construcción del Hospital Materno Infantil, con una inversión de 44.4 millones de pesos. Continuación de la construcción del Hospital Materno Infantil, con una inversión de 53 millones de pesos”.
“Esos 90 millones se los robaron, el hospital está abandonado, en cuatro años no le han metido ni un solo peso. Ni siquiera para deshierbar lo que está afuera y por dentro está destruido”, aseguró el diputado Walss Aurioles en el Congreso.
Por si fuera poco, el Hospital Materno Infantil ha sido señalado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En 2016 hizo observaciones por 192 millones de pesos por equipo que todavía no había sido instalado.
La ASF señaló, según documentó el periódico Vanguardia en una nota del 20 de mayo de 2020, que “se duplicaron pagos en el suministro de estructura metálica de acero, no se han instalado los equipos médicos que se pagaron por un monto de 192 millones 578 mil 400 pesos”.
Fotos: Francisco Rodríguez, Josué Rodríguez, Mauricio García y Omar Saucedo
* Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
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