Los empresarios de Nicaragua, Daniel Ortega y la “traición a la patria”

La gran interrogante que se abre ahora en Nicaragua es si el idilio entre los empresarios y el presidente Daniel Ortega ha llegado de forma definitiva a su final. Ortega ha puesto en la mira de su persecución a los empresarios, incluyendo los grandes capitales de Nicaragua, que hasta ahora han mantenido una relación incómoda pero ventajosa con el viejo guerrillero, devenido en autócrata. El acuerdo era implícito: les dejaba hacer negocios mientras no se metieran en política. Y la política de Ortega ha sido desmantelar la frágil democracia nicaragüense, sin mayores reacciones del llamado “gran capital”. La detención este jueves del presidente de la principal asociación empresarial del país, Michael Healy, y de su vicepresidente, Álvaro Vargas, a dos semanas de que se celebren las elecciones presidenciales muestra que Ortega ya no está dispuesto a mantener ningún tipo de consenso y que se encamina a un despeñadero arrastrando con él lo que queda de una economía resentida por la mano dura del comandante, la mala gestión de la pandemia y la retirada de la inversión extranjera.

Ortega ya había encarcelado al expresidente de la patronal, José Adán Aguerri, a quien no le perdonó que se involucrara en una de las organizaciones civiles que exigen al régimen el fin de la represión y la organización de unas elecciones justas. El 17 de junio ordenó la detención de Luis Rivas Anduray, presidente ejecutivo del Banco de la Producción (Banpro), el principal de Nicaragua, con presencia en Centroamérica, el Caribe y Ecuador, en una acción que generó desconcierto y sorpresa, pero con la que quedó claro que nadie es intocable bajo el Gobierno del exsandinista. A los empresarios encarcelados se les imputan los mismos cargos que al resto de detenidos en la escalada represiva desatada por Ortega: incitar a la injerencia extranjera, pedir intervenciones militares o usar financiamiento externo para ejecutar actos de terrorismo que desestabilicen al régimen. El más llamativo de los cargos, sin embargo, es el establecido en una de las leyes aprobadas a toda carrera por la Asamblea Nacional controlada por Ortega, que tilda de “traidores a la patria” a los detenidos.

La represalia en el caso del presidente del Banpro puede estar ligada a la negativa de esta entidad financiera de seguir haciendo negocios con el régimen, luego de que Estados Unidos impusiera una serie de sanciones al círculo cercano del mandatario. “No es que los bancos hayan tenido muestras de rebeldía, sino que sus acciones [contra el régimen] se deben a una tutela de sus intereses, los bancos cerraron sus instituciones financieras al poder para protegerse. Ortega intenta someter a los grupos económicos más poderosos con este acto de venganza”, analiza el economista Enrique Sáenz.

Tras regresar al poder en 2007, Ortega sabía que necesitaba del apoyo de los empresarios para lograr estabilidad. Creó entonces lo que se llamó un modelo económico de consenso, en el que las decisiones se tomaban entre él y la cúpula empresarial. El mandatario les garantizaba a los empresarios estabilidad y ventajas para hacer negocios, mientras estos no intervenían en las decisiones políticas de Ortega y su deriva autoritaria. Así, permitieron el secuestro de las instituciones, la reforma a la Constitución para que el exguerrillero sandinista se perpetuara en el poder y desarrollara un Gobierno dinástico, con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, y con denuncias de graves violaciones a los derechos humanos y la libertad de prensa. Por otro lado, se aprobaban leyes que permitían hacer negocios y garantizar la estabilidad económica, con un régimen que además mantenía buenas relaciones con el FMI. Nicaragua registró hasta 2018 uno de los crecimientos más grandes y sostenidos del continente, convirtiéndose en destino atractivo para las inversiones. Un empresario extranjero me dijo una vez: “Mira, el hombre [Ortega] está un poco loco, pero la verdad es que Nicaragua en este momento es muy atractiva para hacer negocios”.

A los empresarios también les atraía la relación ventajosa que Ortega mantenía con Venezuela, un grifo constante de petrodólares administrados a discreción del mandatario y que le permitieron desarrollar una política clientelista para hacerse con el favor de los grupos más desfavorecidos. Se trata, según investigaciones de la prensa nicaragüense, de más de 4.000 millones de dólares derramados en una década. Además, el sector privado podía exportar carne y productos agrícolas a una Venezuela hambrienta, lo que también benefició a los grandes productores del país y a los cercanos a Ortega, que vendían con ventaja al país sudamericano.

La primera ruptura entre los dos grupos poderosos llegó en 2018, mientras se discutía una salida a la grave crisis de la seguridad social nicaragüense, incapaz de ingresar más dinero a sus arcas y con la necesidad de hacer frente al pago de pensiones, con cada vez más nicaragüenses exigiendo sus retiros. Entonces Ortega dio un golpe en la mesa e impuso sin consenso una reforma que aumentaba la cuota que los empresarios debían pagar y reducía los ingresos de los jubilados. La represión brutal a una pequeña manifestación que los retirados hicieron en Managua generó una indignación nacional que se tradujo en protestas en varias ciudades del país. En una muestra de fuerza, los empresarios convocaron y financiaron una de las mayores manifestaciones registradas durante 2018, con decenas de miles de nicaragüenses marchando contra el régimen. Ortega, temeroso de perder el poder, lanzó una agresiva respuesta que dejó más de 320 muertos y decenas de miles de exiliados. Fue entonces cuando los empresarios exigieron que el mandatario se abriera a una negociación “rápida, efectiva y creíble”.

Las tres grandes fortunas de Nicaragua tocaron a la puerta de Ortega: Carlos Pellas, Roberto Zamora y Ramiro Ortiz, además de Juan Sacasa y José Baltodano, representantes del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). Pellas está a la cabeza del poderoso Grupo Pellas, emporio propietario del ingenio San Antonio, un inmenso cañaveral que es la base de la riqueza de la Nicaragua Sugar Estates Limited, la mayor productora de azúcar del país y del famoso Ron Flor de Caña. La riqueza de Pellas le llega también de inversiones en bancos, concesionarias de automóviles, entre otras. Ortiz y Zamora tienen una fuerte inversión en el sistema financiero del país. Ortiz es el presidente del Grupo Promérica, que tiene presencia en 9 países del continente y cuyos activos ascendían a 12,600 millones de dólares en 2016. Publicaciones económicas como Bloomberg o Forbes han calculado en más de mil millones de dólares las fortunas personales de Pellas y Ortiz. Los empresarios estuvieron acuerpados por el cardenal Leopoldo Brenes y el representante del Vaticano en Managua, el nuncio Stanislaw Waldemar Sommertag.

De aquella encerrona salió un incipiente compromiso de Ortega por dialogar, que terminó cuando el mandatario se negó a las exigencias de detener la represión y abrirse a unas elecciones libres. Entonces Ortega, aislado y con fuertes sanciones de Estados Unidos y la Unión Europa, decidió subir la parada y encarcelar a todas las voces críticas, desde académicos, periodistas, aspirantes a la presidencia y ahora a los empresarios, catalogados por el régimen como “traidores de la patria”. La factura que les ha cobrado Ortega es enorme, pero las consecuencias de aquel consenso y la falta de visión en su tiempo de los poderes empresariales que antepusieron los intereses económicos a estabilidad democrática del país es un precio demasiado alto para una Nicaragua que se encamina a revivir los viejos fantasmas del paso: dictadura, empobrecimiento, atraso y aislamiento. La gran interrogante sigue siendo qué medidas tomará ahora el gran capital al ver que varios de los suyos han sido detenidos, sus casas allanadas y son tildados de traidores por quien los acogió en su seno de poder.

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