Colombia desenmaraña, paso a paso, la madeja de más de medio siglo de conflicto armado y se acerca, cada vez con mayor decisión, aún en medio de la pandemia, a la dolorosa –y se espera que reparadora– verdad de la guerra. Como parte de ese difícil esfuerzo para cerrar heridas, dos de los máximos comandantes tanto de la guerrilla como de los paramilitares comparecieron este miércoles ante la Comisión de la Verdad, surgida del acuerdo de paz con las extintas FARC. Un encuentro virtual entre otrora enemigos irreconciliables con gran peso simbólico, que terminó con sendos pedidos de perdón.
Interpelados por el sacerdote jesuita Francisco de Roux, el presidente de la Comisión, Rodrigo Londoño, mejor conocido como Timochenko cuando pertenecía a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y Salvatore Mancuso, quien comandó las Autodefensas Unidas de Colombia, reconocieron sus responsabilidades al relatar sin entrar en detalles demasiado concretos su ascenso como ‘señores de la guerra’, sus decisiones en armas y la degradación de un conflicto que también involucró a las fuerzas estatales, y dejó un saldo de nueve millones de víctimas. Un escenario inimaginable hasta hace muy poco, que tuvo la presencia virtual de Londoño, desde el estudio de su casa, y Mancuso desde la prisión donde se encuentra recluido en Georgia, en Estados Unidos. Al final, el exparamilitar también reiteró la solicitud para ser aceptado en el tribunal de paz.
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“Nosotros no somos jueces. La Comisión de la Verdad es un espacio donde nos reunimos para decirnos las verdades”, con transparencia y claridad, señaló De Roux en sus palabras introductorias, en las que manifestó su plena confianza en el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia transicional, y reconoció que tanto Londoño como Mancuso “se están jugando por la paz” a pesar de los riesgos que entrañan sus aportes.
Cuando llegó su turno, Timochenko, presidente del partido político Comunes, repasó su formación comunista y la trayectoria de décadas en la insurgencia, a la que ingresó en 1976. “Jamás se me pasó por la cabeza dejar la lucha armada. Estábamos convencidos. Ahora uno es autocrítico”, señaló Londoño en un diálogo extenso, y por momentos desordenado, en el que aceptó el daño causado en medio de la vorágine de la guerra. “La vida me dio el privilegio de ser el firmante de la paz, lo cual representa bastante porque estuvimos en una confrontación que generó heridas profundas en la sociedad, pero tengo la posibilidad de trabajar para sanar esas heridas”, dijo.
“La complejidad del conflicto armado colombiano no admite verdades unilaterales. Es un entramado de situaciones que implica la voz de unos y de otros. Esa composición es la única que puede brindar una visión extensa y real de lo que pasó”, valoró Mancuso, quien se conectó con el uniforme naranja que distingue a muchos reclusos en cárceles de Estados Unidos. “No es justificación ni apología, solo es lo que ocurrió hace años, cuando éramos actores de la guerra”, dijo al relatar cómo al principio fue víctima de extorsión, y después los hermanos Carlos y Vicente Castaño lo invitaron a fundar grupos de autodefensa que se extendieron en los departamentos del norte de Colombia. Era un proyecto político, militar y económico, afirmó.
También describió los lazos con diversas instituciones y las Convivir, un suerte de autodefensas legales aceptadas por el Estado. “Siempre hubo una directa coordinación que permitió avanzar con los grupos de autodefensas”, apuntó. Mancuso se sometió al proceso de Justicia y Paz durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), y después fue extraditado por narcotráfico en 2008. En ese entonces dijo que con su partida extraditaban la verdad. Ya cumplió su pena en Estados Unidos, y está a la espera de regresar a Colombia, donde lo señalan de coordinar más de un centenar de masacres. Al final, al leer un pedido de perdón, anunció que se propone solicitar ante la JEP su presencia como testigo en el caso relacionado con los ‘falsos positivos’, el eufemismo con el que se conocen las ejecuciones extrajudiciales de civiles presentadas por el ejército como bajas en combate. Hasta ahora, el tribunal de paz lo ha rechazado.
En uno de los segmentos, se sucedieron una tras otra las preguntas de víctimas, y una veintena de ellas acompañó la sesión desde la sede de la Comisión en el centro de Bogotá. “¿Por qué se ensañaron con las mujeres campesinas?”, les espetó la representante de las agrupaciones de Montes de María, en el Caribe colombiano. Las intervenciones de los comisionados también incluyeron duras recriminaciones.
La entidad siempre ha puesto en primer plano la dignidad de las víctimas, y trabajó con ellas en preparativos que buscaban que el encuentro tuviera un efecto reparador, además de ayudar a comprender lo que pasó para contribuir a la no repetición, uno de los pilares de los acuerdos. “Este escenario no es ni puede ser para glorificarse como actores de guerra, sino para mostrar la inmensa deuda que ustedes y todos los demás actores del conflicto, el Estado y los colombianos, tenemos con las víctimas y con todos aquellos que fueron asesinados, mutilados, secuestrados, arrebatados de sus tierras, desplazados y humillados”, les advirtió De Roux a Londoño y Mancuso el 18 de marzo, cuando presentó la ruta de la contribución a la verdad y reconocimiento de responsabilidades de los excomandantes.
A pesar de la pandemia, la Comisión ha trabajado sin pausa, apoyada en la virtualidad. Entre muchas otras actividades, ha organizado las comparecencias voluntarias de los expresidentes Ernesto Samper, César Gaviria y Juan Manuel Santos, y prepara la de Andrés Pastrana. El mes pasado, un grupo de víctimas del secuestro –que incluía a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt– confrontó cara a cara, por primera vez, a la cúpula de las extintas FARC. En ese estremecedor encuentro presencial en un teatro de Bogotá, Londoño les pidió perdón a las numerosas víctimas de la guerrilla, como lo volvió a hacer este miércoles. “Yo sé que el perdón es algo muy personal”, dijo, pero se mostró dispuesto a reiterar ese pedido “hasta el último día de mi existencia”.
El Sistema Integral para la Paz, que incluye tanto a la Comisión como a la JEP, acelera su paso en este 2021. Aunque la Comisión concluye en noviembre su mandato de tres años con un informe final, la Corte Constitucional estudia una demanda para ampliar ese periodo. “Quiero invitar a las víctimas a que no pierdan la esperanza, lucharemos para que esa verdad de todas partes se ponga a la luz de Colombia. Queremos que nuestro Informe final deje sentir su sufrimiento y su grito de angustia y dolor”, concluyó este miércoles el padre De Roux.
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