Reunión de vecinos de la finca de la calle Riereta numero 37, en Barcelona, para hablar de la anulación de la ley catalana del alquiler.Albert Garcia (EL PAÍS)
La anulación de los artículos clave de la ley catalana que regula el alquiler por parte del Tribunal Constitucional (TC) la semana pasada, en respuesta a un recurso del PP, acaba con la limitación de precios que durante 18 meses ha mandado en el mercado inmobiliario en Cataluña. Un tiempo en que los inquilinos que finalizaban contratos tenían la seguridad de que, si renovaban, no les podían subir el alquiler.
El mercado venía de unos precios que iniciaron una subida vertiginosa en 2013 y tocaron techo entre 2019 y 2020. En Barcelona, el máximo lo alcanzaron en 2019, con un aumento del 30% en seis años, según los datos oficiales. En Girona, Lleida y Tarragona el punto álgido fue 2020.
Al tumbar el TC la regulación, ha vuelto la angustia entre los inquilinos que acaban contrato en los próximos meses o semanas. Como le pasa a una familia que vive en el barrio barcelonés del Raval: “Volvemos a estar pendientes de si recibimos el burofax: si renuevan, si nos suben, si nos echan”, suspira uno de los miembros de la pareja que prefiere no dar su nombre. Mucho menos salir en una foto. No llamar la atención. Porque quiere quedarse en el piso y pagar lo mismo. “La sentencia supone perder la poca protección que tenías, sobre todo si tu casero es un gran tenedor. Es volver a no saber si renovarán, si subirán, si será razonable, si dialogarán… A que los propietarios vuelvan a tener la sartén por el mango”, dice en un listado improvisado de temores. “Tampoco sabemos cómo será la futura ley de vivienda estatal, ni cuándo se aprobará. Hemos pillado el peor momento”, lamenta.
Esta familia vive en una finca de la calle de Riereta, propiedad de Vivenio, una sociedad de inversión inmobiliaria. Con 50 pisos, hay más casos de inquilinos afectados por la sentencia que tumba la contención de rentas. Están preocupados. Y el pasado miércoles se reunieron en el patio de esta antigua fábrica para compartir casuísticas y decidir cómo lo afrontan. Hay inquilinos que acaban sus contratos en breve. Otros, los que vencían durante la vigencia de la ley catalana, pero fueron prorrogados automáticamente por un año. Y algunos inquilinos, los más nuevos, firmaron la llamada cláusula Berlín. Se conoce así porque el Tribunal Constitucional alemán tumbó la regulación del alquiler en la ciudad de Berlín. La cláusula es un añadido que algunos propietarios han incluido en los contratos: indica que, si durante los años de contrato la ley sufre alguna modificación (referencia velada a la posibilidad de que fuera tumbada), puede haber una subida de precio o gastos ahora no incluidos. Preguntada la empresa sobre qué intención tiene sobre los contratos que se encuentran en estas situaciones, ha declinado hacer cualquier comentario.
Ale, que entró a vivir en la finca del Raval en febrero de 2021, con la ley catalana ya vigente, es de los que firmó la cláusula Berlín. La suya es una adenda al contrato que indica que, si la ley de contención de rentas (y un decreto posterior aprobado por el Govern para aclarar que los propietarios no pueden incluir determinados gastos) “no estuviera vigente”, se podrán repercutir los “gastos comunes, el Impuesto de Bienes Inmuebles y, en su caso, la Tasa de Gestión de Residuos” a partir del tercer año del contrato. “Si lo firmé, tendré que cumplirlo”, admite Ale, que no se ha preocupado de calcular cuánto podrían costar estos gastos. “Nadie me dijo nada hasta el momento de la firma. Era un ‘lo tomas o dejas’, había pagado la fianza, o firmaba o perdía el piso y la fianza”, recuerda.
Más suerte tuvo otra vecina, Diana Virgós, del Sindicato de Inquilinos, a quien Vivenio prorrogó el contrato cinco días antes de conocerse la sentencia del TC. “Los fondos buitre sabían que la ley catalana caería, por eso aquí no renovaron a nadie mientras estuvo vigente: a quien se le acababa el contrato le hacían una prórroga de un año. Es legal, lo hacían para esquivar la contención de rentas”, aseguraba durante la reunión.
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El sector inmobiliario ha criticado que la ley de contención de rentas ha provocado la retirada de pisos del mercado de alquiler. Tras la decisión el Tribuna Constitucional, portavoces de la Cámara de la Propiedad Urbana y los colegios catalanes de Administradores de la Propiedad (API) aseguran que es pronto para ver si estos pisos retornan al mercado, o si los precios volverán a subir.
Desde Girona, el presidente del colegio local de APIs y del consejo de colegios, Joan Company, sí cita un caso curioso: un piso de Figueres que, según el índice de mercado, tenía un precio por debajo de la media. Se trata de un piso grande, nuevo y en un barrio de rentas medias-bajas. Tras la sentencia, propietario e inquilino han acordado, explica Company, subir el precio de los 460 euros a 600, una renta que ambos consideran razonable.
Fuentes del portal Idealista indican que desde que se conoció el fallo han detectado que algunos anuncios han registrado un incremento de precio, pero ha sido tan reciente que no tienen datos.
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