Los jefes del espionaje serbio aguardan su sentencia por crímenes de guerra contra bosnios y croatas


El proceso contra los exjefes del espionaje serbio durante la guerra de los Balcanes, Jovica Stanisic y Franko Simatovic, llega este miércoles a su fin. En 2013, fueron absueltos de los cargos de crímenes de guerra y contra la humanidad, como coautores de una empresa criminal conjunta para expulsar a la mayoría de la población de otras etnias de amplias zonas de Croacia y Bosnia Herzegovina. En 2015, los jueces de apelación ordenaron que se repitiera el juicio porque el fallo en primera instancia no interpretó bien el concepto de complicidad para cometer un delito. Este miércoles a las tres de la tarde, está previsto que el tribunal de La Haya dicte su veredicto final contra Stanisic y Simatovic.

En este caso, se trata de la limpieza étnica de comunidades no serbias por parte de grupos paramilitares que recibieron su apoyo. La nueva sentencia puede arrojar luz sobre el verdadero papel del Gobierno de Serbia en el conflicto de Bosnia (1992-1995) y sobre la responsabilidad de Belgrado en la organización, formación y financiación de unidades armadas que supuestamente asesinaron y expulsaron de sus hogares en Croacia y Bosnia a los civiles que no fuesen serbios.

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Juzgados primero por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) -cerrado en 2017- y después por el denominado Mecanismo Residual judicial, el órgano judicial encargado de cerrar los flecos de los juicios de los Balcanes, que será quien dicte este miércoles su veredicto, ambos procesados fueron dos de los hombres más poderosos de Serbia. Jovica Stanisic dirigía la seguridad estatal, y la fiscalía lo presenta como uno de los colaboradores más leales de Slobodan Milosevic, el expresidente serbio fallecido en su celda en 2006. Stanisic está acusado también de la masacre de más de 200 pacientes sacados a la fuerza en 1991 del hospital de Vukovar, al este de Croacia, donde convalecían, que luego fueron tiroteados a sus puertas, durante el cerco al que las tropas serbias sometieron a esa ciudad croata.

El otro acusado, Franko Simatovic, alias Franki, niega la existencia de tropas especiales en el seno de la seguridad estatal. Durante las investigaciones, sin embargo, se demostró el vínculo entre dichos servicios secretos y varios grupos paramilitares que operaban en zonas controladas por Serbia en Croacia y Bosnia. Entre ellos, figuraban los Tigres de Arkan, Escorpiones y Boinas Rojas. En 1996, el propio Simatovic anunció en un discurso la formación de una unidad de operaciones especiales para “mantener la seguridad en todas las zonas étnicas”.

El caso contra ambos es el más largo de la historia del TPIY y muestra lo difícil que resulta para la justicia internacional probar crímenes perpetrados por grupos independientes, en este caso paramilitares, cuando la cadena de mando no es directa. Según publicó en 2009 el rotativo Los Ángeles Times, Stanisic desempeñó además un doble papel: fue un aliado leal del expresidente Milosevic y al mismo tiempo proporcionó información a miembros de la CIA sobre el régimen serbio, como por ejemplo el lugar donde el exmandatario escondía a sus rehenes de OTAN y las fosas comunes donde se sepultaba a quienes no eran serbios.

Stanisic y Simatovic fueron trasladados en 2003 a La Haya, sede del TPIY y del Mecanismo Residual. El primer juicio dio comienzo en 2008, y tras varias pausas debido a la mala salud de Stanisic, el fallo fue leído en 2013. Ese año, los cargos contra Stanisic y Simatovic incluyeron el asesinato, la deportación, las detenciones ilegales, los trabajos forzados y los abusos sexuales cometidos en Bosnia Herzegovina y Croacia entre 1991 y 1995. Entonces, la sentencia absolutoria de ambos reconoció que si bien “distintos militares serbios cometieron los delitos”, no se había probado que ellos los hubieran planeado o bien ordenado. Tampoco que ayudaran o incitaran a cometerlos. La Sala de Apelación, por tanto, ordenó en 2015 un nuevo juicio “por los graves errores legales y factuales observados” y pidió la revisión “de todos los cargos” presentados en su día por la fiscalía. El nuevo proceso que está previsto finalice en unas horas, se abrió formalmente en 2017, y ha contado con 80 testigos en total.


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