La Compañía de Jesús en España ha decidido pagar “compensaciones” económicas a las personas que hayan sido víctimas de abusos sexuales por miembros de su orden, en un paso sin precedentes en la Iglesia española, que hasta ahora se ha negado tanto a investigar los casos del pasado como a asumir el pago de indemnizaciones. El único caso puntual registrado hasta ahora fue el acuerdo de los Maristas de Cataluña con las familias de 25 víctimas de abusos en colegios, que pactaron el pago de 400.000 euros el mes pasado.
La trascendencia de este paso estriba en que la congregación afronta, por primera vez en la Iglesia católica española, la vertiginosa posibilidad de que este anuncio haga salir a la luz numerosos casos que hasta ahora permanecían ocultos, como ha ocurrido en Estados Unidos y otros países. Varias diócesis norteamericanas han quebrado por hacer frente a las indemnizaciones y han tenido que vender edificios y propiedades. También los boy scouts de EE UU anunciaron hace un año su propósito de indemnizar a víctimas de abusos y en diez meses recibieron denuncias de 92.000 personas.
Los jesuitas, que en la actualidad gestionan 68 colegios y centros educativos en España, han sido los primeros y los únicos hasta ahora en hacer una investigación interna en profundidad. La presentaron el jueves tras dos años de trabajo y admite abusos sobre 81 menores y 37 adultos desde 1927.
Pidieron perdón a las víctimas y han puesto en marcha un plan de medidas para que no vuelva a ocurrir, llamado Sistema de Entorno Seguro, pero están dispuestos a ir más allá: “Estamos trabajando en cómo establecer un sistema de reparación, que esperamos tener listo próximamente, para ofrecer una compensación económica. Hay personas cuyos casos han prescrito y no pueden acudir a la justicia civil, y en ese caso estudiaremos caso por caso cómo hacerlo, con un abanico de opciones que se ajuste a las indemnizaciones de la justicia civil”, explica un portavoz.
Los jesuitas han reconocido que en siete casos ya han aportado “ayudas económicas” —prefieren esta expresión a “indemnizaciones”, más propio de una resolución judicial—. En uno de ellos, desvelado por este periódico, pagaron 72.000 euros en 2002 a Ángel Plaza, una víctima que sufrió abusos en Salamanca en los años ochenta. Es la única compensación cuya cuantía ha trascendido, y el importe lo fijó la propia víctima. Calculó dos millones de pesetas por gastos de terapia y 10 millones de indemnización, según su relato.
En los otros seis casos, asegura la orden, ya no se trató de desembolsos directos, sino que costearon terapias psicológicas. En la orden admiten que aún están ultimando la fórmula y resolviendo las dudas sobre cómo gestionar las solicitudes, ante la perspectiva de que surjan casos muy antiguos y difíciles de verificar. También se pretende actuar en casos en que las víctimas “no puedan o no quieran acudir a una reclamación judicial, de acuerdo con un convenio específico”. El correo electrónico de los jesuitas a disposición de las víctimas es: proteccion@jesuitas.es.
La contabilidad de casos en España de EL PAÍS: 123 desde 1986
EL PAÍS contabiliza por primera vez los casos de abusos conocidos, lo que incluye sentencias, investigaciones periodísticas y denuncias públicas que hayan destapado los posibles delitos de un religioso español.
Ángel Plaza, aquella primera víctima indemnizada en 2002 por los jesuitas, valora así el anuncio de la congregación: “El daño del abuso no se puede reparar con dinero, es para toda la vida. Una vez que hemos perdido la infancia y la inocencia, ya no son recuperables. La capacidad de tener una vida normal para una persona que ha sufrido abusos sexuales en la infancia depende de muchos factores, su entorno, su capacidad de resiliencia… pero tenemos que aceptar que nunca será la misma vida que hubiera sido sin el abuso. Esto es fácilmente comprensible en el caso de personas que sufren accidentes que les dejan con minusvalías físicas, pero más difícil de entender cuando los daños son en la personalidad y en la psique. Los daños no son los mismos para todas las personas porque dependen de muchas circunstancias, por tanto, las indemnizaciones no deberían ser las mismas necesariamente”.
En cuanto a la investigación interna, opina que “desde 1927 son muchos años para pensar que nadie nunca supo nada en la orden”. “Los jesuitas deberían no solamente hacer un ejercicio para contar casos de abusos, sino un verdadero examen de conciencia para saber qué ha pasado en sus conciencias para no escandalizarse de lo que muchos superiores, y muchos jesuitas con un poco de inteligencia y perspicacia, podían observar todos los días sentados en su mesa de comunidad. Sin duda no todos los jesuitas son unos pedófilos, sin duda hay verdaderos santos, pero ha llegado la hora de siega, que cuenten con calma sus depravados, y cuántos santos quedan”, concluye.
Para Juan Cuatrecasas, padre de una víctima en el caso del colegio Gaztelueta del Opus Dei, en Bizkaia, y presidente de la asociación Infancia Robada, la decisión de los jesuitas es un paso muy grande en la lucha contra la pederastia en la Iglesia, “que deben imitar otras instituciones religiosas, como el Opus Dei o la propia Conferencia Episcopal (CEE), que hasta ahora han guardado silencio sobre este tema”. Cuatrecasas, no obstante, insiste en que la entrega de estas ayudas debe estudiarse de manera individual y según la situación de cada afectado: “No es lo mismo una víctima de 20 años que una de 80. La primera aún tiene la vida por delante y necesitará de un apoyo constante. De ahí que sea necesario un seguimiento continuo de su situación. La indemnización, más allá de un dinero equis, debe incluir otros elementos que faciliten la integración social, laboral y emocional de las víctimas”.
“Es justo que algunas víctimas pidan ahora cantidades astronómicas”
Los jesuitas ya han pagado al menos una vez, según han admitido, una compensación económica a una víctima. Fue en 2002 y abonaron 72.000 euros a Ángel Plaza, que hoy tiene 51 años y sufrió abusos en Salamanca del jesuita José María Sánchez Nieto (en la imagen). En otros seis casos han admitido que han costeado las terapias de las víctimas. En el caso de Plaza, fue su psicóloga la que le sugirió que debería pedir una compensación, como una forma de que los jesuitas asumieran su responsabilidad. Que lo hicieran tuvo un efecto terapéutico, le ayudó en su recuperación: “El hecho de pedir una indemnización es una forma para la víctima de reconocer interiormente la importancia del daño y la capacidad de enfrentarlo. Si los jesuitas reparten limosnas sin que las víctimas hayan participado en ese proceso de forma activa, no creo que el proceso vaya a ser curativo. La pregunta que me hizo mi terapeuta fue: ¿cuánto dinero pedirías por el daño sufrido? Creo que es justo que algunas víctimas pidan cantidades astronómicas, porque el daño es fundamentalmente irreparable y en algunos casos les ha conducido al suicidio”.
“La primera vez que un jesuita habló de dinero conmigo fue en Salamanca, en 1996. Me dijo: “Estas cosas se solucionan como en EE UU, con dinero”. A mí me pareció una reflexión obscena viniendo de un jesuita que se había significado por la opción preferencial de los pobres. Pero en 2002 empecé una terapia. Mi terapeuta vivía en otro país y la factura era considerable. Yo pensé que todos esos gastos deberían de ser pagados por los jesuitas, siendo ellos los únicos responsables de todo aquel lío”. Su terapeuta le pidió que calculara una cantidad que considerara justa y pidió 12 millones de pesetas, unos 72.000 euros. Pero pidió tres cosas más: una carta oficial escrita por la Compañía donde reconocieran los hechos; otra del agresor en la que le pidiera perdón a él y a sus padres; y por último, que le informaran de lo que iban a hacer con el religioso a partir de ese momento y que no estuviera nunca más en contacto con menores. “Solo se ocuparon del punto 1, el dinero”.
Las cifras del estudio suponen que el 1% de los jesuitas que han pasado por la orden desde 1927 en España cometieron abusos, pero las asociaciones de víctimas las consideran “ridículas”, aunque sea el primer paso en la buena dirección. El informe se basa en la revisión de archivos, con casos que fueron encubiertos en su día, y los testimonios de víctimas y testigos que han acudido a la congregación. En todo caso, la investigación ha hecho saltar las escasas estadísticas de abusos en la Iglesia española. El recuento que lleva este periódico, ante la ausencia de datos oficiales y solo a través de sentencias conocidas y hemerotecas, contabiliza únicamente 123 casos desde 1986, con cerca de 400 víctimas. La gran mayoría han salido a la luz en los últimos dos años, a partir de octubre 2018, cuando empezaron las investigaciones de EL PAÍS. Se estima que ocho de los casos del informe, con 11 víctimas, ya habían trascendido, luego la investigación de los jesuitas, por sí sola, dispara los datos en un 56%.
Las contadas indemnizaciones de la Iglesia que se conocen en casos que han llegado a los tribunales han sido variables. En 2007, el Tribunal Supremo condenó al arzobispado de Madrid como responsable subsidiario en el caso del cura pederasta del barrio madrileño de Aluche a pagar una multa de 30.000 a la víctima. Respecto a las 70 diócesis españolas, solo la de Cartagena anunció en mayo de 2020 que pagará indemnizaciones a las víctimas de abusos de casos prescritos. Las cantidades, precisó, no serían impuestas por la diócesis, sino que se establecerían tras un acuerdo entre el abogado del obispado y el de la víctima. Otros obispos, como el de Bilbao, Mario Iceta, han declarado que ven “valioso” que la Iglesia española estudie indemnizar a sus víctimas con fondos propios. Pero son casos aislados. Es Francia, los obispos aprobaron en 2019 entregar compensaciones económicas con una cuantía fija, aunque no precisaron la cifra. Para ello, pidieron a los fieles ayudar con donaciones.
En EE UU, algunas diócesis y asociaciones han recibido una avalancha de peticiones tras el anuncio del pago de indemnizaciones. Las cantidades pagadas son heterogéneas. Una de las más altas es la promesa de la diócesis de Brooklyn en Nueva York de 27,5 millones de dólares (unos 22,5 millones de euros) a cuatro víctimas de un profesor laico de religión contratado por la parroquia de St. Lucy-St. Patrick. Cifras millonarias que han llevado a otros obispados estadounidenses a la quiebra, como los de Portland (Oregón), San Diego (California) o la diócesis de Rockville Centre (en Nueva York) que no puede hacer frente a las demandas de más de 300 víctimas.
La Conferencia Episcopal se niega a investigar el pasado
La Conferencia Episcopal Española (CEE), a diferencia de la Iglesia de Irlanda, Francia o Alemania, se ha negado hasta ahora tanto a emprender una investigación interna y revelar la verdad de lo ocurrido, como a asumir compensaciones. Tampoco ninguna otra orden religiosa, al margen de los jesuitas, ha querido hacerlo. El único precedente es el de los Maristas de Cataluña, que constituyeron en febrero de 2020 una comisión independiente junto con la Fundación Mans Petites, creada por Manuel Barbero, padre de una de las víctimas. Investigaron caso por caso y establecieron los daños sufridos, las secuelas y el derecho a recibir indemnización. Acordaron pagar unos 400.000 euros a 25 antiguos alumnos que fueron abusados por miembros de la congregación en colegios catalanes. Algunos de los casos se remontan a 1960 y todos estaban prescritos en la justicia civil. Un total de 18 profesores o monitores de colegios Maristas habían sido denunciados por abusos cometidos desde los años 60, tras una investigación de El Periódico, pero solo uno de ellos, el profesor de Educación Física Joaquín Benítez, fue condenado a 21 años de cárcel el año pasado.
Expertos canónicos han explicado que las diócesis tienen la obligación de informar a las víctimas de que tienen derecho a pedir una compensación económica antes de que se inicie el proceso eclesiástico. Sin embargo, la mayoría de las víctimas entrevistadas por EL PAÍS aseguran que nunca se les habló de esta posibilidad.
Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es
Source link