Marie Toussaint (Lille, Francia, 33 años) es una activista y abogada medioambiental. Desde 2019 es europarlamentaria por Francia del Grupo de Los Verdes, además de ser una de las cofundadoras de la campaña del conocido como caso del siglo. Estos activistas han logrado que el Tribunal Administrativo de París sentencie que el Estado francés no ha cumplido sus deberes de lucha contra el calentamiento global. Toussaint, que esta semana ha participado en una charla organizada por el partido Equo, y el resto de activistas lograron reunir 2,3 millones de firmas para apoyar su demanda. De momento, según explica la abogada en esta entrevista realizada a través una videoconferencia, los jueces se han dado un par de meses para estudiar si imponen medidas concretas al Gobierno. “Esto es solamente el principio de una historia”, dice sobre este y otros litigios climáticos.
Pregunta. ¿Cree que la justicia terminará imponiendo objetivos de recorte de emisiones más duros al Gobierno francés?
Respuesta. No lo sabemos todavía. Los jueces han decidido tomarse dos meses más para ofrecer una instrucción complementaria. Pero lo que pasó la semana pasada es que condenaron al Estado y dijeron que el Estado está obligado a respetar un presupuesto de carbono. Y el incumplimiento supone un perjuicio ecológico que debe frenarse y repararse. Es una señal de que los jueces están interiorizando la ciencia climática. Es una actitud prudente la de los jueces para decidir lo que le van a pedir al Estado. La ciencia climática está empezando a entrar en los tribunales. Pero debemos tener claro que esto es solamente el principio de una historia. Los tribunales lo que están juzgando es el respeto de Francia hacia sus propias leyes, pero no están todavía en el mismo caso de Urgenda en los Países Bajos. No se está juzgando todavía si la trayectoria prevista de recortes de emisiones de Francia es la correcta para respetar el Acuerdo de París. Para responder a esa pregunta habrá más casos de justicia climática en el futuro.
P. ¿Este es entonces el inicio de una carrera de litigios climáticos?
R. Sí, y lo que es muy importante en el caso del siglo es que los jueces han abierto una vía para la responsabilidad de todo el mundo respecto al cambio climático. Porque dicen que el calentamiento global es un perjuicio ecológico en el que debe haber responsabilidades. Están hablando del Estado, porque es el demandado en el caso del siglo, pero también es una puerta abierta para decirle a las empresas que también tienen responsabilidades en la lucha contra el calentamiento global. Es una puerta abierta y muy prometedora para la justicia climática.
P. ¿Cree que Europa puede acercarse en este asunto a EE UU, donde existe una larga trayectoria de litigios climáticos?
R. No tenemos la misma cultura legal. Y en EE UU, también en Canadá y un poco en el Reino Unido, hay una cultura de más litigación y de la responsabilidad. Y es un derecho basado más en la jurisprudencia, mientras que en la cultura de Europa continental se basa más en el derecho escrito. Intentamos reglamentar antes de que el perjuicio se produzca y en eso estamos fallando cuando hablamos de cambio climático o de la destrucción de la biodiversidad. Habrá más acciones de justicia climática, pero esa etapa no debe ser larga. Lo mejor sería que fuera muy corta porque cambiamos nuestras leyes para establecer reglamentos muy ambiciosos y duros.
P. ¿Por qué están aumentando los litigios climáticos en el mundo?
R. Es bastante simple. Hace 50 años que los Gobiernos nos dicen que van a actuar, hace 30 años que nos dicen que van a actuar de manera coercitiva para frenar el calentamiento global. Y no lo estamos frenando porque las emisiones siguen subiendo. Hay una emergencia que se vuelve más y más urgente. Este es el momento en el que los ciudadanos de todas partes del mundo dicen que se tiene que frenar este modelo destructivo, esta carrera del productivismo y el crecimiento. Tenemos que actuar de verdad y dejar de firmar de declaraciones que nadie respeta. Hay países que no las respetan muy claramente. Por ejemplo, Bolsonaro, que se está riendo de los compromisos, o Donald Trump, que se estaba riendo del Acuerdo de París. Pero también los países que dicen que pretenden ser serios no actúan lo suficiente para respetar esos compromisos. Y hay una rabia que nace en la población que está empezando a sentir también en su vida cotidiana los efectos del calentamiento. En Francia, o en España, empezamos a sentirlo de manera muy concreta. Y esto está cambiando la actitud de los ciudadanos frente a los Gobiernos.
P. ¿No le parece que la vía judicial puede no ser útil por su lentitud? Por ejemplo, el caso de Urgenda tardó en resolverse casi una década, cuando los objetivos de recorte a los que se refería ya estaban desfasados.
R. En el caso de Urgenda les tomó siete años porque comenzó en 2013. Ganaron en una primera instancia en 2015 y la Corte Suprema se pronunció finalmente en 2019. Pero cuando hubo la primera sentencia en 2015 el Gobierno de los Países Bajos decidió actuar más, y la reducción de las emisiones se aceleró después de la sentencia. Puede ocurrir algo parecido en Francia. Hay un efecto jurídico de la decisión de los jueces, pero también puede implicar una reacción política inmediata por parte del Gobierno. Si quiere “decir quiero actuar más rápidamente”, lo puede hacer sin esperar a la decisión final. Dentro de dos meses puede haber órdenes concretas de los jueces en Francia, y quizás tendremos que volver a los tribunales para que se respeten. Toma un poco de tiempo, es cierto, pero también es bastante eficaz. Es una herramienta más y se deben utilizar todas las fórmulas posibles porque no tenemos tiempo que perder en la acción climática, es una emergencia total.
P. ¿En el futuro podríamos ver condenas climáticas no contra Gobiernos, sino contra políticos concretos por no actuar frente al cambio climático?
R. Quizás, eso es lo que pedimos cuando impulsamos el reconocimiento de los ecocidios. Pero sería por los casos más graves. No solo porque una persona participó en las decisiones de un Gobierno. Los Estados pueden ser condenados, pero si vamos a condenar a las personas será por casos muy graves.
P. ¿Qué pueden aprender de vuestro caso las ONG que han iniciado un litigio contra el Gobierno en España?
R. Les deseo buena suerte y les digo que tenemos que actuar. Tenemos que ser valientes e innovadores en la forma en la que llevamos la batalla climática. En el movimiento para la justicia climática cada uno utiliza sus propios sistemas de derecho y las formas de movilizar a los ciudadanos. Cada uno hace lo que puede en su propio país.
P. En su caso fue importante la movilización, esos más de dos millones de firmas de apoyo. ¿Qué efecto tuvo eso en los jueces?
R. Un juez es miembro de una sociedad e interpreta el derecho también con los valores y las preocupaciones de la sociedad en la que vive y en nombre de la que está impartiendo justicia. Entonces, no hay un efecto directo de estos 2,3 millones de apoyos, pero hay un efecto de la movilización general de la sociedad francesa que está diciendo que quiere una acción por el clima y que se protejan sus derechos climáticos. Y eso el juez lo ha oído y sus decisiones llegan en un contexto de ambición climática por parte de la población.
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