La decisión unánime del Tribunal Supremo de Argentina de paralizar el traslado de tres jueces federales relacionados con una causa en la que se ve envuelta la vicepresidenta, Cristina Fernández, supone un revés para el Gobierno de Alberto Fernández, promotor tanto de esta iniciativa como de un inquietante proyecto legal del que sectores de la sociedad argentina advierten que podría poner en riesgo la independencia del poder judicial.
Argumentando una hipotética irregularidad cometida durante la anterior Administración, presidida por el conservador Mauricio Macri, el Gobierno peronista, su bancada parlamentaria y el Consejo de la Magistratura —controlado por el kirchnerismo— habían intentado apartar de sus puestos a tres jueces federales. Pero se da la circunstancia de que cada uno de esos tres magistrados ha estado o está a cargo de una causa que afecta directamente a la vicepresidenta, Cristina Fernández. Se trata de un escándalo sobre comisiones ilegales conocido como el caso cuadernos. Los jueces afectados son el que aprobó la instrucción del caso, el que emitió una condena contra Amado Boudou —vicepresidente de Argentina durante una parte del mandato presidencial de Fernández (2007-2015)— y el magistrado que todavía tiene que terminar de juzgar el escándalo.
En el poder judicial argentino, como en cualquier democracia, coexisten ramas de magistrados más conservadores y más progresistas, pero significativamente el Supremo del país sudamericano ha sido unánime en esta ocasión al adoptar su resolución de frenar al Gobierno. Los jueces han entendido que los hechos tienen “una gravedad institucional inusitada”. La separación de poderes es fundamental en el armazón institucional democrático, y aunque el presidente, Alberto Fernández, asegure que de lo que se trata es de restaurar “el orden perdido”, es difícil no interpretar este movimiento como una interferencia en la labor judicial y un intento, más bien brusco, de evitar que su vicepresidenta tenga que dar explicaciones ante la justicia por unos hechos debidamente investigados como tendría que hacer cualquier otro ciudadano.
Pero no es este el único preocupante avance del Ejecutivo peronista sobre el poder judicial. En uno de los países donde los efectos sociales y económicos de la covid-19 están siendo más graves y con el confinamiento más prolongado del mundo sufrido por la provincia de Buenos Aires, el Gobierno está poniendo todas sus energías en una reforma que afecta a jueces y servicios secretos. Una reforma probablemente necesaria, pero que debería ser fruto de un gran acuerdo político nacional so pena de arrojar una importante sombra sobre el edificio institucional argentino.
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