Los escolares y centros educativos cántabros han visto en los últimos cuatro días cómo el Gobierno autonómico les cancelaba su semana de vacaciones de noviembre, se reanudaban las clases y, el mismo día, los jueces les volvían a devolver su periodo no lectivo.
“Esto es un despropósito. Los directores estamos como locos convocando claustros online para tratar de avisar a todo el alumnado de que mañana no hay clase. Yo no voy a dudar de la buena fe de las decisiones políticas, pero se han equivocado de pleno, y las familias y los centros somos los que pagamos las consecuencias”. Así resume Luis Celis, director del IES Vega de Toranzo de Cantabria, el desconcierto de la comunidad educativa que ha llevado a la Junta de Personal Docente a pedir la dimisión de la consejera de Educación, Marina Lombó, después de que los jueces rechazaran su cancelación de las vacaciones.
El Gobierno de Cantabria ha emitido una nota en la que asegura que acata el auto y que no lo recurrirá “por responsabilidad y para evitar una mayor incertidumbre a las familias”. El Ejecutivo asegura que si optaran por recurrir, “podría suponer el retorno a las aulas al final de esta misma semana”. También ha recordado que optaron con suspender las vacaciones “para frenar la expansión del coronavirus. Se consideró que podría reducir los desplazamientos dentro de la Comunidad Autónoma”, afirma el Gobierno. Y confirma que este miércoles, jueves y viernes de esta semana serán no lectivos para todos los estudiantes no universitarios de Cantabria. Cantabria permite la libertad de movimiento entre municipios, lo que podría favorecer la movilidad ante una semana de vacaciones, ya que solo tiene establecido el confinamiento perimetral de la comunidad autónoma.
Conflicto desde el miércoles
El conflicto comenzó el pasado miércoles. La consejera de Educación convocó tanto a los sindicatos como a las familias para notificarles que se anulaban las vacaciones previstas para la semana del 2 al 8 de noviembre. “Nos dijeron que lo hacían por motivos sanitarios, porque tenían informes que recomendaban que los niños continuaran con las clases para respetar los grupos burbuja y las familias no tuvieran que recurrir a los abuelos”, explica Leticia Cardenal, presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Cantabria. “Nos avisaron con dos días de margen, y nos desmontaban todos los planes de conciliación que las familias habíamos previsto”, explica Cardenal. “Nos dijeron que era absurdo que se fueran de vacaciones y que a la vuelta ante un mayor número de contagios tuvieran que cerrar las escuelas”, añade Cardenal.
El mismo viernes los sindicatos de la Junta de Personal Docente mostraron su oposición a la medida. “No nos explicó en qué basaban la decisión, y no nos pareció que estuviera suficientemente argumentada y que no se hubiera contado con nosotros para nada”, explica Jesús Aguayo, del sindicato STEC. El viernes, dos días después de la reunión, coincidiendo con el último día de clase antes de las vacaciones, se publicó en el boletín oficial de Cantabria la resolución con el cambio del calendario escolar. CCOO, ANPE, STEC y el sindicato TU (Trabajores Unidos) recurrieron la medida ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por considerar que se estaba vulnerando el derecho a la libertad sindical y que no estaban suficientemente acreditados los motivos sanitarios. Además, CCOO pidió el 2 de noviembre como medida cautelar que quedara sin efectos la resolución de la consejería que anulaba las vacaciones.
En medio de la batalla judicial, la Junta de Personal Docente se encerró el viernes en la consejería de Educación y cerca de un millar de personas, según los sindicatos, se manifestaron ante la consejería esa tarde. Y los estudiantes de Bachillerato y Secundaria convocaron una huelga coincidiendo con el nuevo periodo lectivo.
El martes 3, tras el puente, se reanudaron las clases, aunque en algunos institutos, como el Vega de Toranzo apenas acudió a clase un 7% de los estudiantes. Y unas horas después, en torno a las cinco de la tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria publicaba la suspensión cautelar de la medida y la cancelación de las clases a partir de la mañana del miércoles. Entre los argumentos del juez: “La eliminación de periodos no lectivos programados previamente (…) no se encuentra entre las medidas para prevenir los riesgos de contagio”. Además, asegura que no queda amparada por el decreto de alarma del Gobierno central, ni por el protocolo de la consejería de Educación con las medidas covid.
“Ahora tenemos que volver a la casilla de salida, ya nos han descuadrado la planificación familiar dos veces. Es un papelón para el que tenga que ir a trabajar mañana a las ocho y hubiera cancelado sus vacaciones”, explica Leticia Cardenal de la federación de asociaciones de familias. Jesús Aguayo de Stec apostilla: “Las familias volviéndose locas, los profesores rehaciendo sus programaciones, los directores enloquecidos tratando de localizar a sus alumnos. Todos somos víctimas de una ocurrencia”.
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