El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, habla durante un discurso en la Casa de la Cultura, en Quito.José Jácome (EFE)
La sombra de las marchas, bloqueos de carreteras, desabastecimiento y enfrentamientos con la fuerza pública amenazan nuevamente al Gobierno de Ecuador. A menos de un año de haber enfrentado 18 días de paro nacional protagonizado por movimientos indígenas y campesinos, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, anunció la ruptura del proceso de diálogo. Aseguran no se han cumplido los 218 acuerdos que se firmaron en las mesas de diálogo que concluyeron en octubre de 2022.
“Nos declaramos en movilización y asamblea permanente”, advirtió Iza, que como primera medida anunció la “radicalización de la lucha en los territorios en defensa” de sus demandas históricas. No hubo convocatoria a un paro, pero sí fijaron fechas donde se movilizarán para medir fuerzas. La primera fue el 8 de marzo por la conmemoración del Día de la Mujer, pero los grupos feministas frenaron la intención de la dirigencia indígena de convertir la marcha en el espacio para pedir la renuncia del presidente. Solo las mujeres de distintas nacionalidades indígenas participaron de las manifestaciones pacíficas en Quito y Guayaquil.
La siguiente movilización será el 28 de marzo, cuando se presentará un proyecto de Ley de Agua y Recursos Hídricos en la Asamblea Nacional. Si bien el movimiento indígena se declaró victorioso después de las jornadas de movilizaciones del año pasado, al conseguir que el Gobierno retirase su decisión de aumentar el precio del combustible, un importante grupo de la población rechaza una nueva paralización del país, sobre todo en una economía deprimida que no logra despuntar después de la pandemia.
Las jornadas de protestas de 2022 ocasionaron pérdidas a Ecuador de cerca de 1.100 millones de dólares, según evaluó el Banco Central. Después del anuncio de la cúpula de la Conaie, el sector productivo y empresarial ha salido a oponerse de una posible manifestación que genera incertidumbre para la economía y que ya ha tenido sus primeras reacciones en escenarios internacionales. El riesgo país aumentó de 1628 a 1709 después de las declaraciones del líder indígena y ha continuado al alza tras el avance de un posible juicio político en la Asamblea para destituir al presidente Lasso.
El sector empresarial alertó sobre las consecuencias de que se repita el escenario de caos del año pasado. “Lo que se pierde no se recupera nunca”, dice Felipe Ribadeneira, presidente de la Federación de Exportadores, Fedexpor. “Los planes de producción se ven afectados, perdemos esa fiabilidad del proveedor, puede haber un desvío y reemplazo del comercio”, agrega. Aunque el sector productivo y empresarial rechaza la intención de un paro, también critica que en las mesas de diálogo el Gobierno no haya incluido a otros actores de la sociedad civil, academia y economía.
“Como fue un diálogo bipartito no sabemos cuáles son los puntos que se incumplieron, creo que la Conaie debería mencionar qué es lo que no se ha cumplido”, dice Ribadeneira. Según el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, las declaraciones de la Conaie son imprecisas porque, asegura, “se ejecutó un 90% de los acuerdos”. “Duplicamos el presupuesto para la educación intercultural bilingüe, se entregaron a través de cooperativas solidarias 120 millones de dólares y se reestructuraron microcréditos productivos”, dijo.
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Pero la principal demanda de las organizaciones indígenas y campesinas durante el paro de 18 días fue el precio de los combustibles. Entre los acuerdos alcanzados se estableció que se crearía un sistema de focalización del subsidio pero hasta ahora no está listo. También acordaron detener la ampliación de los campos petroleros y otorgar títulos mineros en la Amazonía hasta contar con una normativa de consulta previa, pero tampoco hay avances, según registra la página del Ministerio de Gobierno.
Probablemente este es el tema más álgido en el territorio. Un día después del anuncio de la Conaie de levantarse de las mesas de diálogo, asesinaron a tiros al líder indígena de la nacionalidad A’i Cofán, Eduardo Mendúa, quien también era director de Relaciones Internacionales de la Conaie. Mendúa estaba fuera de su casa ubicada en la comuna Cofán Dureno, en la región amazónica, cuando unos sujetos dispararon contra él, un opositor visible a la extracción petrolera en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos. A dos semanas del crimen de Mendúa, solo hay una persona detenida, el que manejaba la lancha donde escaparon los sicarios.
Este crimen puede agravar la crisis entre el Gobierno y la Conaie, que debate entre sus representantes los próximos movimientos que pueden activar las manifestaciones. La lista de pedidos de la Conaie es extensa y algunos puntos caen en un terreno fuera de las normas constitucionales. Pide directamente la renuncia del presidente Guillermo Lasso y un exhorto a la Asamblea y a la Corte Constitucional para que den paso al juicio político contra el mandatario por el presunto delito de atentar contra la seguridad del Estado y la administración pública.
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