Una dificultad más para gastar los 70.000 millones en fondos europeos que tocan a España. Según se recoge en el reglamento del mecanismo de recuperación, el desembolso de estos recursos estará limitado por el estrecho marco que suponen las reglas de ayudas de Estado. Estas normas comunitarias restringen mucho las cantidades que un Gobierno puede entregar a una empresa y, según admiten fuentes gubernamentales, supondrán un enorme reto para desplegar los grandes proyectos tecnológicos y verdes que necesitan del impulso del sector privado. Las cifras que el Ejecutivo quiere inyectar directamente a las empresas para estas iniciativas estratégicas son superiores a los mínimos que marca ahora la normativa. De ahí que esté buscando en Bruselas algunos cambios.
El mercado único europeo es un gran activo. Pero para que este funcione tiene que existir la igualdad de oportunidades con unas condiciones similares para competir, el llamado level playing field, y una normativa estricta sobre cuánto pueden ayudar los Gobiernos a las empresas. De lo contrario, un país con cuantiosos recursos fiscales como Alemania podría dopar a sus compañías nacionales para que estas se hicieran con todo el mercado. De hecho, las empresas alemanas están sufriendo serias dificultades para afrontar las nuevas revoluciones verde y tecnológica. Así que desde hace tiempo Berlín intenta que se relajen sustancialmente las reglas europeas con el fin de poder inyectar más recursos a sus compañías, todavía ancladas en el modelo de industria más pesada.
En el fondo, esta legislación del mercado único supone una protección para las empresas españolas. Pero ahora, con la llegada del maná europeo, también representa un reto de primer orden para el Gobierno de Sánchez y las comunidades autónomas. Estos tendrán que ejecutar muchos fondos en muy poco tiempo teniendo en cuenta esta rígida normativa.
De entrada, podría parecer que al tratarse de ayudas comunitarias estas no deberían verse afectadas por la regulación de ayudas de Estado. Pero sucede todo lo contrario. El marco sigue vigente. Aunque se relajó por la pandemia, este se aplicará sobre el uso de fondos europeos igual que se hacía para los fondos estructurales.
Un país como Polonia, que recibirá ingentes ayudas europeas, podrá gastarlo sin problemas en las infraestructuras que no tiene. Sin embargo, salvo algunos proyectos grandes como el corredor Mediterráneo o el Atlántico, España tiene otro tipo de inversiones que hacer, más basadas en la innovación y la revolución verde y digital. El desarrollo del hidrógeno, el 5G, los microchip o el coche eléctrico necesita apoyarse en grandes proyectos empresariales que articulen complejas soluciones técnicas. En general, la idea del Gobierno es que con estos fondos se puedan obtener nuevas capacidades industriales. Y ahí es donde surge el problema con el marco de ayudas de Estado.
Este marco tiene básicamente tres patas. La primera permite que el Gobierno dé ayudas directas en cantidades muy pequeñas que no alteran la competencia del mercado único. Hasta 800.000 euros en tres años con una aprobación muy rápida de Bruselas gracias a la relajación temporal puesta en marcha por la pandemia —antes de la covid solo se podía hasta 200.000 sin tener que notificarlas, las llamadas ayudas de minimis—.
Una segunda pata son las exenciones sectoriales que hay en los reglamentos y las directrices, que si se justifican bien y se combinan de manera adecuada podrían aumentar la cifra destinada. Las principales son para medioambiente y energía, I+D y desarrollo regional, entre otras.
La tercera forma de dar una ayuda de Estado es comunicándolo a Bruselas de manera bien argumentada. Y que el departamento de Competencia lo apruebe. El inconveniente de este formato es que la Comisión suele tardar en contestar. Sin embargo, la comisaria Margrethe Vestager se ha comprometido a responder a cualquier notificación en el plazo de seis semanas cuando se trate de proyectos con cargo al plan de recuperación.
Por otra parte, las ayudas poseen una regulación propia cuando son préstamos. Y el marco temporal de la covid también facilita la entrada del sector público en el capital de las empresas.
El Gobierno español quiere apostar por grandes proyectos estratégicos cuyo desarrollo puede verse condicionado por este marco de ayudas, admiten fuentes gubernamentales. Estas reconocen que habrá que formar y concienciar a funcionarios, Gobiernos autonómicos, consultoras y empresas para que conozcan bien cuáles son las excepciones que brinda la norma. Y redactar todas las licitaciones, convocatorias y consorcios de forma que se aprovechen estas. España no puede permitirse hacerlo mal porque tendría que devolver los fondos, apuntan estas fuentes.
El Ejecutivo es muy consciente de esta problemática y está negociando con Bruselas para lograr algunas concesiones. Sobre todo para el 5G. Aunque tampoco pretende que se modifique en gran medida, ya que entonces Alemania y Francia podrían aprovecharse. En el nuevo marco temporal de ayudas establecido por la pandemia, España tiene aprobadas hasta octubre inyecciones por valor del 5% de su PIB. En Alemania alcanzan el 16% del PIB. En Francia e Italia superan el 14%. Semejante brecha podría ensancharse todavía más si se abre mucho la mano con estas reglas.
La Comisión prepara unas guías
Cada convocatoria que lance el Gobierno o cualquier Administración tendrá que buscar por tanto cómo cumplir con el marco de ayudas. Varios abogados del Estado consultados señalan que es posible ajustarse a esta legislación, pero que puede acabar ocasionando numerosos quebraderos de cabeza.
En todo caso, dado el nuevo escenario que se abre con los fondos europeos, la Comisión está pergeñando unos modelos o guías orientativas para facilitar la elaboración de los proyectos. Hay guías para la mayoría de las iniciativas emblemáticas identificadas por la Comisión, como la renovación de edificios, la conectividad o las energías renovables.
La Comisión ya habilitó unas exenciones especiales para que se pudiesen aprobar los avales del ICO y los ERTE. Además, el Ejecutivo comunitario anunció el martes que prorroga hasta el 31 de diciembre el marco temporal aprobado por la pandemia. Y que está analizando aumentar los importes de los subsidios que se conceden por la vía rápida. También ha propuesto que las ayudas reembolsables concedidas hasta 800.000 euros, incluidos los créditos, se puedan convertir en ayudas directas.
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